Los canarios llevamos mucho tiempo amordazados sin que nadie salga a la calle a protestar por ello. Una vez más queremos dejar claro que no hablamos de manifestaciones violentas, con amplia presencia de individuos "antisistema" que terminan arrasando el mobiliario urbano y todo lo que encuentran a su paso, incluidos escaparates, cajeros, guaguas, etcétera. Eso no conduce a nada. Las protestas a las que siempre nos referimos son pacíficas. Se puede ser muy contundente sin necesidad de recurrir a la violencia.

No es suficiente con proclamar que los canarios no vamos a consentir que nos silencien, como ha dicho el presidente del Gobierno regional tras las manifestaciones del pasado sábado. Hay que actuar con inteligencia y eficacia. Tampoco es el momento de instar una reforma de la Constitución para que Canarias logre un nuevo estatus dentro del ordenamiento administrativo español. Lo que se ventila ahora mismo es una sucesión en la Jefatura del Estado español que a nosotros nos queda lejos. A los canarios, haciendo excepción de hechos históricos ocurridos hace casi seis siglos -aunque poseen demasiada importancia en sí mismos para que los olvidemos sin más consideraciones- la monarquía española no nos ha beneficiado ni perjudicado. Desde esta perspectiva, la abstención en la votación sobre la Ley de abdicación anunciada por Ana Oramas, única diputada de CC en Madrid, no es la postura más inteligente. En primer lugar porque lo que se somete a la consideración de la Cámara legislativa española no es la continuidad de la monarquía o su sustitución por una república -La Prensa, periódico antecesor de EL DÍA, fue fundado en 1910 por Leoncio Rodríguez como un diario republicano-, sino la aprobación del acto mismo de ceder la corona de España. Una expresión que tampoco es apropiada en sí misma puesto que el rey Juan Carlos no abdica la corona de España sino la mencionada Jefatura del Estado. Desde los tiempos de los visigodos los reyes de España no son coronados; son proclamados. Es decir, no acceden al reinado por potestad divina, sino porque el pueblo les confiere el poder de reinar.

Este entramado, lo reiteramos, queda lejos de los intereses y los problemas de Canarias y de sus habitantes. Si la señora Oramas se ausentase de la referida votación, probablemente nadie se daría cuenta. No ocurriría lo mismo si los nacionalistas canarios contasen con un grupo numeroso en el Congreso de los Diputados, como ocurre con los siempre citados nacionalistas vascos y catalanes. Las razones de la parca presencia de CC en Madrid, menguada de legislatura en legislatura, han sido expuestas muchas veces en nuestros comentarios y editoriales. Hoy no vamos a incidir en ellas, aunque tampoco renunciamos a hacerlo en el futuro. Sea como fuese, la situación es la que es y no la que a muchos, empezando por nosotros mismos, nos gustaría que fuese.

Puede no ir la diputada Ana Oramas a esa sesión sin que nada suceda, como decimos, pero no es una buena idea que acuda para destacarse entre los díscolos con una abstención. A Canarias, mal que nos pese a los patriotas, le queda mucho que negociar en Madrid para conseguir cotas de autogobierno que hoy no tenemos pese a que nos corresponden por nuestra historia, nuestra ubicación geográfica y nuestra situación social. Es absurdo que disfruten de más autonomía algunas regiones peninsulares, físicamente unidas al resto del país, que unas islas separadas por 1.400 kilómetros de mar. Cualquiera puede salir de su casa en Madrid, subirse a un coche y conducir hasta Barcelona o hasta Bilbao, pero no puede llegar por carretera hasta Tenerife o Las Palmas. Un espacio archipielágico, a la fuerza fragmentado en islas, posee unas características muy diferentes a las de un territorio continental. En consecuencia, necesita leyes diferentes; leyes específicas acordes también con nuestra idiosincrasia de isleños. Porfiamos en señalar que esas particularidades hemos de negociarlas en la capital de la Metrópoli. No con el nuevo rey Felipe VI, ya que en España el monarca no toma decisiones de gobierno, pero sí, llegado el caso, con la recomendación de un Jefe del Estado al que la Constitución le asigna el papel de árbitro y mediador.

Sobra hacerse ahora la quícara, según se definió ella misma en cierto momento para evidenciar su carácter protestón en el Hemiciclo, con una abstención que nos puede acarrear mayores perjuicios, en forma de enconos gratuitos, que beneficios. Además, una abstención; ni frío ni caliente, sino una postura tibia que a nada conduce. Puestos a meter el dedo en el ojo, mejor el voto en contra sin paliativos, si bien eso poco les incumbe a los canarios. Se han perdido tantas oportunidades de subir a la tribuna y decir que unas Islas en las que viven más de dos millones de personas no pueden seguir sometidas a los caprichos de los gobernantes españoles...

¿Solucionará la proclamación de Felipe VI el problema de los cientos de miles de canarios sin trabajo o de los casi cien mil que aguardan en las listas de espera para recibir atención hospitalaria? ¿Desaparecerán con el nuevo monarca las vergonzosas y vergonzantes colas del hambre? ¿Ganando la batalla de las prospecciones petrolíferas potenciaremos más nuestro sector turístico? Son preguntas nada superfluas que nos formulamos desde hace tiempo en esta Casa sin que nadie, empezando por el Gobierno autonómico de nacionalistas y socialistas, nos dé una respuesta adecuada. Si con casi doce millones de visitantes al año seguimos teniendo un 36% de paro, ¿cuántos turistas necesitamos para reducir el desempleo a porcentajes no tan vergonzosos?

Ayer mismo la patronal tinerfeña (CEOE-Tenerife) alertaba sobre el bajo nivel educativo de la población activa. Un inconveniente que incide de forma directa en la colocación de muchos desempleados, incluso cuando se consolide la recuperación económica. Anunciaba Paulino Rivero hace unos días contrataciones masivas en el sector de la construcción a partir de 2015, fundamentalmente cuando se aborde la renovación de la planta hotelera. Lejos de estas optimistas previsiones, los empresarios pronostican que este sector continuará aletargado durante varios años, mientras no se vendan muchísimas viviendas ya construidas. Al mismo tiempo advierte la patronal que la recolocación en el turismo de la mano de obra excedente en la construcción es complicada por el bajo nivel de idiomas.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Tenerife ha señalado, a través de su vicepresidente Arturo Escuder, que hay síntomas de recuperación en la economía canaria, aunque los avances son todavía muy lentos. Al igual que la CEOE-Tenerife, la Cámara de Comercio señala la falta de formación y el escaso o nulo dominio de idiomas como uno de los mayores problemas para la contratación de los desempleados. Todo ello en un entorno empresarial asimismo desfavorable, pues Escuder también recordaba ayer que Canarias ha perdido más de 14.000 empresas desde que comenzó la crisis. Nos hemos acostumbrado a cifras tan desproporcionadas que ya no nos asustamos ante la magnitud de algunas, pero 14.000 empresas liquidadas son muchas.

Razón de más para que nuestros políticos, sea cual sea el partido en el que militan, se centren en los problemas de estas Islas y dejen de jugar a la política pura en Madrid. En cualquier país del mundo democrático, un parlamentario se debe a sus electores y a sus problemas antes que a su partido y la disciplina impuesta desde las direcciones. Dejemos a los peninsulares con la discusión de si son churras o merinas, o galgos o podencos, pues ya bastante tenemos aquí para entretenernos.