Ante la ocupación que "sufren" los restaurantes del norte y sur de la Isla los fines de semana muchos nos preguntamos dónde está la crisis. Porque, además, esa masiva ocupación no se está dando ahora -cuando parece que, al fin, se atisban los brotes verdes que una ministra visionaria previó con años de anticipación-, sino desde hace bastante tiempo. En efecto, el canario, más bien diría el tinerfeño, se ha apretado el cinturón siempre que le ha sido necesario, pero también ha procurado salvaguardar los 40 o 50 euros que precisa para no privarse, una vez a la semana, del puchero, el pollo a la brasa o, algo más caro, la vieja hervida o el sargo a la plancha. Una costumbre, más bien una religión, que considero justa y necesaria, pues ¿qué menos puede pedir quien se pasa los cinco días restantes sujeto a una disciplina laboral que, no siempre, resulta estresante? Siempre se ha dicho: hasta el guerrero necesita descanso.

Dicho lo anterior, no resulta sorprendente que la mayoría de la población de las Islas haya "pasado" olímpicamente del proyecto de Ley que el Gobierno canario, el pasado día 16 de abril, aprobó remitir al Parlamento para su discusión y, si procede, aprobación. Lo único que no me gusta es su título, excesivamente rimbombante: Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales. Difícil lo van a tener los aficionados a los acrónimos, pues no creo que sea cuestión de denominarla LASIMAPROTERNA; supongo que durante el trámite parlamentario se la nombrará, simplemente, como la nueva ley del territorio, porque aunque parezca mentira existe una ley con esa denominación, o parecida.

Y digo esto último porque cuando la mencionada ley fue aprobada, ignoro la fecha, estoy seguro de que ninguno de los diputados previó el daño que iba a causar a las Islas. Porque si bien era indispensable para evitar las tropelías que estaban llevando a cabo los ayuntamientos de las Islas en aras de recaudar todo lo posible, lo cierto es que los legisladores, como dice el habla popular, en sus disposiciones se pasaron dos pueblos. Bien estuvo someter a los mencionados organismos a un filtro, la Cotmac, que logró reprimir los afanes de grandeza de muchos alcaldes y ediles, pero creo que tampoco debió dársele unos poderes omnímodos. A la vista está el daño que ha sufrido Santa Cruz con su PGO, y no creo que el retraso se haya debido solo a negligencia del Ayuntamiento chicharrero; en doce años tiempo ha habido para que la Cotmac plantease sus problemas, y para aportar las soluciones que los técnicos encargados del proyecto no encontraban. No ha sido así, como todos los inversores y constructores saben muy bien, pues a una aprobación del plan por el ayuntamiento ha correspondido un rechazo por parte de la Cotmac, y eso si no recuerdo mal tres o cuatro veces.

Por eso he acogido con verdadera alegría el proyecto de ley en cuestión. Aunque habrá que ver cómo queda después del trámite parlamentario, bajo mi punto de vista lo más importante es que se exija a los equipos redactores más responsabilidad. No se puede -no se debe- redactar un plan con la idea de irlo modificando según las alegaciones que sufra durante su exposición al publico. El técnico redactor es preciso que tenga no solo el título necesario para realizar su trabajo. Si no tiene los conocimientos legales que se exigen para que los planes lleguen a puerto -sin averías-, es indispensable que a su vera se encuentre un asesor legal que le indique, cuando se deje llevar por ideas inadecuadas, que su proyecto no pasará, que será rechazado, además justamente; eso de "a ver si cuela" hay que desecharlo de una vez para siempre.

Dice EL DÍA que "el texto llega a la Cámara tras haber sido introducidas las correcciones propuestas por más de 50 departamentos, instituciones públicas y personas físicas, además de contar con el consenso de la Fecam, una de las entidades más afectadas por los cambios que introduce". Contando con estos antecedentes, debería ser propósito de la Cámara la aprobación urgente de la ley. Soy consciente de que, como todas, deberá seguir el trámite que regula el procedimiento pertinente, pero suele decirse que el que hace la ley hace la trampa. En este caso -sin que sirva de precedente y para animar nuestra maltrecha economía-, ¿no sería posible lograr su aprobación, con buena voluntad, antes de las vacaciones veraniegas?