A comienzos de este mes, el alcalde de Santa Cruz hacía unas graves acusaciones públicas contra el Gobierno de Canarias, asegurando que una "mano negra" en la Consejería de Política Territorial bloqueaba intencionadamente la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGO), un documento que de nuevo tiene ya poco, después de catorce años de tramitación.
Sin embargo, esta misma semana, el consejero de Política Territorial me contestaba algo muy distinto en el Parlamento de Canarias. Domingo Berriel, compañero de partido de Bermúdez, reiteraba ante el pleno lo que ya había explicado en comisión parlamentaria, también a petición del Grupo Popular: el problema sigue estando en la corrección de los errores y reparos legales exigidos, un trabajo que el concejal socialista de Urbanismo de Santa Cruz sigue sin terminar correctamente después de tres años de dilaciones.
Eso, en cuanto al 15% del suelo útil del municipio, la única parte que entrará en vigor si algún día llega a publicarse en el BOC la actual revisión. El resto, es decir, el 85% del suelo utilizable en Santa Cruz, seguirá suspendido, o pendiente de su desarrollo mediante los correspondientes planes parciales.
El ayuntamiento ha vuelto a pedir, además, otra prórroga de seis meses para las áreas suspendidas por el problema del Fuera de Ordenación -nada menos que el 80% del suelo urbano consolidado de la ciudad-, porque tampoco ha sido capaz de resolverlo en los términos requeridos desde el año pasado por la Consejería de Política Territorial, tras modificar expresamente la Ley del Territorio con este único objetivo.
Las cifras y referencias pueden resultar engorrosas, pero es necesario dejar constancia escrita de las mismas, para que entendamos la magnitud de la parálisis a la que CC y PSOE siguen condenando a Santa Cruz. Eso, en el mejor de los casos, dando por hecho que corrijan de una vez los errores y el PGO se publique oficialmente en los términos actuales.
Desconozco en qué se basó el alcalde para realizar unas acusaciones tan graves, pero si pretendía eludir su responsabilidad en que Santa Cruz siga sin planeamiento, tres años después de su pacto con el PSOE, parece claro que no lo ha conseguido. Así que, en lugar de buscar manos negras, debería exigir a quien ha elegido como su mano derecha en el ayuntamiento que termine de una vez el trabajo.
Hemos perdido tres años que no podíamos permitirnos. Tres años en los que el paro ha seguido creciendo en Santa Cruz, un 9% nada menos. Un tiempo en el que los demandantes de vivienda han seguido aumentando, en el que los barrios pendientes de rehabilitación siguen sin rehabilitarse, y en el que los servicios sociales municipales se han visto desbordados.
Y la crisis no vale ya como excusa para todo. Como tampoco valen los ajustes presupuestarios, porque, de hecho, el alcalde ha incrementado los gastos municipales en un 28% desde 2011 hasta hoy. Es decir, este año Bermúdez dispone de 47 millones de euros más de los 170 que disponía cuando sustituyó a su compañero de filas, Miguel Zerolo. ¿En qué se los está gastando? Tampoco lo sabemos. En mejorar los servicios que recibimos los vecinos de Santa Cruz está claro que no. Y en terminar el planeamiento, tampoco.
El Gobierno de Canarias no puede seguir de brazos cruzados mientras la situación económica y social sigue deteriorándose en Santa Cruz, por falta de actividad y de seguridad jurídica para la mínima inversión pública o privada. Es una cuestión de responsabilidad. Si el ayuntamiento no hace las correcciones al documento del PGO, que las haga de oficio la Consejería, pero que las haga ya de una vez, para empezar a deshacer este enredo.
Hace tres años el presidente Rivero impuso en Santa Cruz un pacto entre CC y el PSOE que solo él deseaba. Ahora, lo menos que puede hacer por nuestra ciudad es ejercer ese poder con responsabilidad y resolver este asunto de una vez, porque Santa Cruz no aguanta más sin desbloquear su planeamiento.
el Ayuntamiento de Santa Cruz y
vicesecretaria regional del PP
de Canarias