A veces el silencio es la peor mentira (Miguel de Unamuno)
El derecho a ser juzgados por tribunales de justicia superiores, diferentes a los ordinarios de la mayoría de los ciudadanos españoles, se conoce como aforamiento, siendo, por tanto, la condición de aforado un privilegio que puede estar justificado en determinados casos y condiciones, como luego veremos. Sin embargo ha ido aumentando ante la incredulidad de los ciudadanos, que interpretan el aforamiento como un invento político del que se consideran beneficiarios precisamente los políticos, aunque fue creado inicialmente para proteger la libertad de expresión. Actualmente, el Gobierno está tramitando extender esa condicion a la Reina y los Príncipes de Asturias. Hasta ahora solo la tenía el Rey, inviolable además.
En Alemania, Reino Unido (solo la Reina) y Estados Unidos, no existe el aforamiento; en Portugal e Italia solo el presidente de la República, y en Francia solo el primer ministro y el gobierno. Berlusconi, por ejemplo, ha tenido que sentarse en muchas ocasiones ante los tribunales ordinarios de Italia, que le hicieron perder su condición de senador. En Francia un ministro está aforado si el presunto delito tiene que ver con su cargo, y si no, comparece ante un juez ordinario.
Actualmente, son unos 2.300 políticos los que en España están aforados, siendo más de la mitad presidentes, consejeros y diputados autonómicos, asi como el Diputado del Común, que inicialmente no lo estaban, incorporándose con el desarollo de las autonomías. Aforados están los diputados y senadores de las Cortes Generales, presidente y ministros del Gobierno, presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus adjuntos. En suma, en España unas 10.000 personas pueden acogerse de alguna manera al aforamiento, también generales, almirantes y miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, una realidad que choca frontalmente con Europa.
También están aforados los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, pero solo en el ejercicio de dichas responsabilidades, una diferencia muy sustanciosa con los citados anteriormente, protegidos ante cualquier actuación, tenga o no relación con su cargo o el derecho a la libertad de expresión. Ejemplo muy clarificador de esta diferencia es el del senador autonómico Miguel Zerolo, nombrado por el Parlamento de Canarias e investigado por diversos asuntos como alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Miguel Zerolo no está aforado por el Senado por presuntos delitos cometidos como senador sino como alcalde. Ahí está la clave, que está haciendo un uso diferente del espíritu para el que fue creado el aforamiento politico, y por tanto se está aprovechando de tal condición, una situacion que, sobre todo en Tenerife, ha producido un inmerecido daño a la imagen del Senado, motivo por el que, personalmente, he manifestado públicamente que debería dejar el acta de senador. Este aspecto es uno de tantos que habría que revisar del actual ordenamiento jurídico, dado que en el caso de Zerolo ya su situación no es la de imputado sino de acusado y pendiente de cita oral en el banquillo. Lo lógico sería dimitir, ser sustituido temporalmente hasta una sentencia firme, y dependiendo de ésta volver o no al Senado. Los magistrados y fiscales, sin embargo, están aforados solo para actuaciones en el ejercicio de dichas responsabilidades.
Considero que el aforamiento es necesario y justificado en determinados casos, pero no en la forma en que se está utilizando en otros, y de hecho no es una condición nueva, ya existía en la II Republica. Recordemos que el canario Juan Negrín, diputado y presidente del Gobierno, denunciado en seis ocasiones por calumnias contra el honor de otras personas por artículos publicados en el periódico El Socialista, en su condicion de aforado fue protegido por el Congreso de los Diputados para respetar su libertad de expresión.
Excepciones como las que ahora existen, como la posibilidad de declarar por escrito, en su domicilio o despacho oficial, que generan todavía más suspicacia en los ciudadanos, muy críticos con la corrupción de todo tipo, pero sobre todo con la política y empresarial, precisan de una urgente revisión del aforamiento y otros privilegios como el indulto.
*Senador del PSOE
por Tenerife