Hay cosas que empiezan a preocupar mucho en este país. Por ejemplo, los anuncios hechos por el ministro de Justicia sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Si dicha reforma sale adelante en las Cortes -situación bastante probable habida cuenta de que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado-, el Consejo General del Poder Judicial podría ordenarle a los medios de comunicación que no informen sobre un determinado asunto. La actual Ley ya permite que cuando un juez se sienta perturbado en su sosiego, o inquietado por algún intento de condicionar sus decisiones, podrá pedir amparo al citado CGPJ para que este organismo ordene al inquietador o perturbador que cese en su actitud. Dicho de forma más clara, sin necesidad de esperar a la reforma de Gallardón, el órgano de gobierno de los jueces puede imponer silencio informativo sobre un caso determinado si así lo solicita un magistrado. El anteproyecto que pretende aprobar el Gobierno de Rajoy a instancias del ministro de Justicia va un paso más allá, pues el propio CGPJ podría actuar por iniciativa propia para que se dejen de publicar esas informaciones "perturbadoras" o "inquietantes".

¿Una ley mordaza para la prensa? Según el Ministerio de Justicia, no. Más bien una medida -eso afirman los subalternos de Gallardón- para evitar que los políticos se entrometan en la labor de los jueces. Bueno, si nos lo tenemos que creer, nos lo creemos y ya está. Son tantas las ruedas de molino con las que nos hacen comulgar, de buen grado o a la fuerza, que una más no nos va a provocar una úlcera. La única pega se deriva de una pregunta nada baladí: ¿por qué son los jueces los únicos que no pueden ser perturbados a la hora de realizar su trabajo? Yo mismo a veces me siento bastante incómodo cuando alguien me envía, por ejemplo, un mensaje vía correo-e tildándome de abyecto o de estómago agradecido simplemente porque no escribo lo que a él le gustaría que escribiese. Señores y señoras con nombre y apellidos -es decir, perfectamente identificados- sin que ningún órgano de gobierno de los periodistas intervenga de oficio para poner fin al atropello. Naturalmente, no es lo mismo un juez que un periodista, un camionero o un empleado de oficina.

No puede serlo porque este siempre ha sido un país de status quo y continúa siéndolo. No niego que los jueces han de actuar con independencia, eso no se discute, pero no es lo mismo criticar a un magistrado con el debido respeto en un medio de comunicación que apedrearle el tejado de su casa frente a la que alguien ha convocado una manifestación furiosa. Entre el blanco y negro media una larga escala de grises que algunos no quieren ver porque en el fondo de lo que se trata es de controlar. Y un país donde la prensa tiene cada vez menos libertad es, consecuentemente, un país cada vez más controlado.

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