Hoy ya nadie discute que existe un claro distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes políticos que se sustenta en varios hechos, todos ellos preocupantes y contundentes, entre los que vale la pena destacar la poca relación que hay entre las acciones de los políticos y los deseos de la ciudadanía, o la escasa rendición de cuentas que los ciudadanos perciben por parte de sus representantes. Si a estas deficiencias sumamos otras como la disciplina de voto que se impone en los grupos políticos y que es un rasgo característico de la democracia española, la situación ante la que nos encontramos es realmente alarmante, con una desconfianza cada vez mayor por parte de la ciudadanía, como demuestran las últimas encuestas.

Existen dos elementos clave que desde las instituciones tenemos que ser capaces de cambiar para recuperar la credibilidad ante los ciudadanos: por un lado, la instauración real de listas abiertas para cualquier proceso electoral; por otro, la eliminación de la disciplina de voto como concepto. Hay que partir de la base de que cuando decidimos formar parte de una formación política lo hacemos por principios ideológicos; por lo tanto, cada vez que nuestro partido fija posición, en el 99% de los casos, estamos de acuerdo, lo compartimos y lo defendemos. Pero siempre existirán ocasiones en las que tal vez no se esté de acuerdo con dichas posición, porque entran en conflicto directo con los principios morales de cada uno o con los intereses del territorio y ciudadanos a los que representamos.

Respecto al primer caso, el PSOE lo tiene resuelto ya que siempre que se han alegado conflictos de interés moral se ha dado libertad de voto, algo que por desgracia no parece que suceda en otros partidos como el PP, donde las tesis más liberales y machistas son las que se imponen, por ejemplo, en la tramitación de la reforma de la ley de interrupción del embarazo. Estoy convencido de que si en este tema se diera a los diputados libertad de voto seguramente la reforma no saldría adelante. En todo caso, creo que los diputados y diputadas del PP deberían plantearse si no vale la pena saltarse esa férrea disciplina, aunque tengan que pagar una multa de 600 euros, porque estoy convencido de que sería el dinero mejor invertido. Es más, muchos estaríamos dispuestos a poner de nuestro bolsillo esa cantidad con tal de que dicho proyecto de ley no salga adelante.

Respecto al segundo, su solución está muy vinculada a la eliminación de las listas cerradas y, por tanto, a la implantación de un sistema de listas abiertas que refuerce el compromiso del elegido con su electorado, ya que con el actual modelo es muy difícil establecer esa conexión si no se cuenta con el beneplácito del órgano de dirección encargado de conformar las listas.

El modelo a seguir podría ser el sistema británico de listas abiertas, que si lo trasladamos al Congreso de los Diputados supondría dividir el territorio en 350 circunscripciones, de forma que cada una de ellas tuviera que elegir a un diputado/a, logrando así una conexión más directa entre el diputado y su electorado. En el supuesto español, supondría la elección de diputados en circunscripciones de unas 150.000 personas. De forma análoga, se podría hacer en el resto de órganos de representación, de forma que, por ejemplo, para el Cabildo de Tenerife se dividiera la isla en circunscripciones de unos 30.000 habitantes.

Nuestro actual sistema de listas cerradas se instauró como mecanismo para garantizar la estabilidad democrática en un Estado que quería dejar atrás la dictadura y que estaba atentamente vigilado por aquellos que venían ostentado el poder y que a buen seguro hubieran aprovechado cualquier situación de caos institucional para intentar recuperar el status quo de la dictadura, como de hecho intentaron en 1981. Pero, actualmente, y a poco más de una década de cumplir el medio siglo de democracia, parece lógico que se realicen profundos cambios en el sistema de representación democrática, una vez que se supone que nuestra cultura y tradición democráticas garantizan por encima de todo la estabilidad de las instituciones. Es un debate que ya no podemos obviar más y debemos afrontar con valentía, entre otros, estos dos grandes retos que son la implantación de un sistema de listas abiertas y la eliminación del concepto de disciplina de voto.

*Vicepresidente del Cabildo de

Tenerife y consejero de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad