Tras un proceso largo y tedioso, el rodillo absolutista del Partido Popular en el pleno del Senado del lunes al viernes de la semana pasada aprobó los presupuestos generales del Estado, y concretamente los del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que no auguran nada bueno para 2014, sino, desgraciadamente, por el contrario, siento decirlo, todo un peligro para la salud de los ciudadanos, sobre todo de los menos pudientes, con lo que el esfuerzo de los españoles desde la ransición hasta nuestros días para disponer de una sanidad pública universal valorada positivamente en el mundo occidental se está resquebrajando porque el Gobierno del Partido Popular sigue recortando unos recursos que debieran ser intocables, los dedicados a la atención de nuestra salud.

Lo digo porque el presupuesto social para 2014 continúa con una tendencia muy marcada a la poda ya impuesta los años 2012 y 2013, y por ejemplo, en servicios sociales, la continuidad en los recortes hace que el presupuesto de colectivos muy vulnerables, como los dependientes, descienda un 47% respecto a 2013, debido, sobre todo, a la eliminación de las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales, mujeres en su mayoría, disminuyendo en concreto las partidas destinadas a la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género.

La disminución del presupuesto sanitario impide la función estatal de garantizar la cohesión del Sistema Nacional de Salud, dado que al recorte del 61% que sufrió el Fondo de Cohesión Sanitaria en 2013 se une ahora un nuevo descenso del 37%, con lo que la dotación de 99 millones de euros de 2011 para dicho fondo baja a 22 millones en 2014. De esta forma, el Partido Popular atenta contra la compensación a las comunidades autónomas que reciben pacientes de otras, cual es el caso de Canarias, que determinadas patologías las tenemos que derivar a centros de referencia especializados, caso de la cirugía cardiaca infantil, con lo que el Ministerio de Sanidad desatiende la responsabilidad de coordinar la política sanitaria de las comunidades autónomas, una demostración más de las intenciones evidentes del PP de seguir erosionando la sanidad pública, con lo que, directamente y sin pudor, beneficia a la sanidad privada, obligando a los ciudadanos a requerir cada vez más los servicios de ésta, cuando un gobierno democrático que se precie procuraría un equilibrio entre ellas, para que, en cualquier caso, la privada sea complementaria de la pública, y no al revés.

Para corregir tanto despropósito, los senadores socialistas hemos presentado 151 enmiendas a los presupuestos generales del Estado en el área de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, entre las que cito las ayudas al observatorio de la discapacidad, colectivo de personas sordas, Plan Nacional sobre Drogas, prevención del consumo de alcohol por los menores de edad, asistencia social a las mujeres víctimas de la violencia de género, programas diversos de igualdad y fomento del empleo femenino, atención a la infancia y familias en situación de riesgo y exclusión social, programas de investigación de la salud, nutrición y alimentación, prevención del sida y hepatitis, enfermedades raras o el plan de salud bucodental. Lamentablemente, en la tarde del pasado viernes la votación contraria de la bancada del Partido Popular las rechazó todas.

Llegamos al meridiano de la X Legislatura de nuestra joven democracia, y la sanidad cada vez va peor. Lo prueba que sigue aumentando la lista de espera para operaciones elementales, como cataratas o la colocación de prótesis de cadera, en lo que estamos muy por debajo de países de nuestro entorno europeo como Holanda, Reino Unido o Portugal.

Mientras, la todavía ministra de Sanidad, Ana Mato, sigue desaparecida, no comparece en la Comisión de Sanidad del Senado tras habérsele requerido en quince ocasiones desde hace año y medio, cosa cada vez más difícil debido a sus ocupaciones judiciales o al último descubrimiento de que su ministerio ha contratado a una empresa de Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Madrid, para una consultoría de asistencia técnica en los hospitales de Ceuta y Melilla. Lamela está imputado en una querella por cohecho y prevaricación en la privatización de la sanidad pública madrileña que inició el gobierno que presidía Esperanza Aguirre. Afortunadamente siempre nos queda otra esperanza.

*Médico cirujano. Senador del PSOE por enerife. Secretario de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado