Ha tenido que ser el proyecto con el que la mayoría absolutista del Partido Popular pretende controlar la educación, paradójicamente llamada Ley Orgánica para la "Mejora" de la Calidad Educativa (LOMCE), la que ha obligado al Grupo Popular del Senado a convocar por primera vez en esta X Legislatura a la Comisión General de las Comunidades Autónomas. No vamos a analizar hoy con detalle la estrategia de los populares ignorando a la comisión que más identifica al Senado como cámara territorial, en cuanto que es la que debiera atender los asuntos de las comunidades autónomas. En cualquier caso lo hacen así porque realmente el Partido Popular ni cree ni se fía de las autonomías, evitando de paso a su gobierno el incómodo y amargo trago de comparecer en dicha comisión para atender los problemas y la necesaria coordinación de las comunidades autónomas. Nada que ver con la VIII Legislatura (2004-2008), gobernando el PSOE, en la que, como miembro de dicha comisión, asistí a 46 sesiones y 16 comparecencias de ministros y consejeros autonómicos para abordar problemas que afectaban a todas las comunidades autónomas.
Todos los grupos del Senado, a excepción del PP, alarmados por la contestación sin precedentes que esta ley está teniendo en la ciudadanía y el mundo de la educación, solicitaron una sesión de los senadores de dicha comisión con el ministro y los consejeros autonómicos, que por fin se celebró el pasado martes, evidenciándose en las nueve horas que duró que el PP está solo en esta ley, exigiendo todos los grupos su retirada, incluso algunos consejeros del PP habían planteado al ministro el escaso tiempo para aplicarla y que la dotación presupuestaria cargaría a sus espaldas. Estuve muy atento a todas las intervenciones, que por cierto corroboran el marco ideal que es el Senado para este tipo de debates, al convivir en total armonía con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Incluso hubo senadores que se expresaron en mallorquín y valenciano, todo un ejemplo de convivencia gracias al que aún podemos valorar más la importancia del Senado. Respecto al ministro José Ignacio Wert, francamente me resultó prepotente, políticamente hablando, que en lo personal allá cada uno, que como dice el mago un respetito es muy bonito. Quizá para así aguantar la que le cayó encima cuando con argumentos muy contundentes los consejeros de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias le requirieron que retirara la ley, sobre todo porque es muy conveniente que en una cuestión tan delicada como la educación exista el máximo consenso. Además vulnera las competencias de las comunidades autónomas, y encima está condenada a durar lo que el PP en el gobierno, y de hecho todos los demás partidos prometieron que la cambiarían en cuanto tengan oportunidad, con lo que no hay tiempo material para aplicarla.
En el PSOE entendemos que una norma de tanta envergadura debe aplicarse en cinco años, como ya sucedió con la LOE (incluso recordemos que la LOGSE tardó diez), y no en dos como pretende el PP. El consejero del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, advirtió de que esta ley elimina el concepto de servicio público que define la educación, supone una carga imposible para nuestra comunidad autónoma y su implantación resulta muy complicada, por lo que anunció que presentaría, de prosperar, un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Detallar una ley tan compleja en este artículo no es posible, pero sí matizaré algunos aspectos, como que su aplicación en el curso 2014-15 necesita 1.335 millones de euros, inasumibles para las comunidades autónomas en esta época de recortes dado que los gastos de educación los sufragan estas en un 95% y solo el 5% la Administración central, afecta a seis millones de estudiantes no universitarios, y en el curso 2016-17 tienen que aprobar la reválida para obtener el título de bachiller y pasar a la Universidad. Por otro lado no ayudará a que los alumnos con más dificultades progresen y amenaza con la privatización del sistema educativo, al margen de cuestiones no muy claras como el peso de la religión. La conclusión más positiva de la comisión, que arrojó el resultado final de 31 votos a favor de las tesis del PP y 18 en contra, fue que el ministro revisará el calendario de aplicación de la ley.
*Senador del PSOE por Tenerife.
Secretario de la Comisión General de
las Comunidades Autónomas
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