En el año 1947, en unas cuevas cercanas al Mar Muerto, un pastor buscaba a una de sus ovejas extraviadas. Este pequeño episodio apacible, con ser importante para él, quedaba desdibujado por el hecho de encontrarse, allí mismo, unas vasijas de barro que contenían escritos en hebreo, arameo y griego, datados entre el siglo II a.C. y el año 70 d.C. Hay fragmentos del Antiguo Testamento así como otros que narran capítulos de la vida de los esenios. Los manuscritos más antiguos que se conocían eran de los siglos IX-X d.C., por lo que pronto la Iglesia católica extendió una oportuna manta para tapar frases incómodas de los originales que podrían pertenecer al Nuevo Testamento y estar redactadas en clave, sugiriendo que el maestro de los esenios habría sido Juan el Bautista y su oponente, el Maestro Jesús. O, también, que el maestro de los esenios fue Santiago y su oponente Pablo. En todo caso, los documentos hallados en los acantilados de Qumrán contienen doctrinas diferentes al judaísmo oficial. Queremos dejar explicitado aquí que lo primordial no es cuándo se escribieron esos textos, sino el porqué la Iglesia católica los mantuvo secuestrados a los razonables estudiosos de la Biblia.

En cualquier esquina del Chicharro, no se habla sino del affaire de la compra-venta de Las Teresitas ante la entrega, por parte del Ayuntamiento a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife, de unos documentos que, parece, prueban que los terrenos del frente de playa que compró el Consistorio capitalino en 2001 por 53 millones de euros a Inversiones Las Teresitas eran de propiedad municipal ¡desde 1967! Salvando las insondables distancias, podríamos conectar aquí playa con Mar Muerto y comprobar que lo que interesa no es el año 1967, sino el 2001, inicio de las increíbles piruetas que vienen llevando a cabo políticos, constructores y especuladores responsables de la mayor y, ahora, increíble maniobra jamás ejecutada por estos lares. Hay que reconocerlo. Al igual que los sombríos enredos de la Iglesia durante tanto tiempo, estos artistas, esfumados hoy bajo una montaña de estratagemas, unos compran lo que ya era suyo; otros venden a esos propietarios lo mismo que ya les habían comprado... y ambos, cómo no, reclaman a la Justicia 53 millones -Ayuntamiento- y 116 millones -empresarios-, cada cual a su caja. Y el pueblo estupefacto y sin playa.

Pero, a nuestro entender, en todo este embrollo, lo más contundente, por su enorme repercusión, fueron las declaraciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por boca de su responsable, Vicente Garrido, exponiendo que los nuevos documentos "van a tener impacto en la causa penal". Recordemos que en este proceso que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 hay 10 imputados no aforados, entre los que se encuentran algunos exconcejales, y en la pieza que instruye el Tribunal Supremo se investigan las posibles implicaciones penales de Miguel Zerolo, por su condición de aforado. La Fiscalía y el Juzgado también han recibido unos manuscritos de funcionarios y exconcejales de la Corporación redactados y firmados en 2001, en los que se comunicaba a los dueños de Inversiones Las Teresitas el pago de 11 millones de pesetas para que los terrenos pasaran a ser de su propiedad. Al no disponer éstos de liquidez, el Ayuntamiento pagó por esas mismas parcelas 53 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

Casi todo el mundo piensa que en la Casa de los Dragos la vergüenza se hallaba escondida. Es complicado entender, si no, cómo se puede llegar a esta situación que condena a los vecinos de la capital chicharrera al desencanto y cabreo diarios, mientras nuestros ilustres ineptos se mueven en las arenas movedizas de la política (de vez en cuando se desecan y aparece la caca), haciendo el menor ruido posible para conservar el mayor número de prebendas jamás imaginadas por el común.

Incluso entre aquellos legos en justicia es conocida la expresión "¿a quién beneficia?", que puede esclarecer actos que permanecen desconocidos a través de los tiempos. Esta pregunta conseguiría responder, quizás, al por qué se suspendió el otro día la causa civil.