A propósito de la visita de Estado que el Rey de España realizó esta semana a Marruecos, en la cual se estrecharon los históricos lazos de amistad entre ambos países, y a pesar de que este tipo de encuentros entre monarcas afines, con intereses comunes, suponen "ganar una partida a la historia", lo cierto es que ambos reinos, pese al buen "feeling" existente entre Juan Carlos I y Mohamed VI, mantienen cuestiones delicadas, como es la delimitación de los espacios marítimos del Estrecho, con aguas adyacentes entre España y Marruecos.
Pues bien, dado que este mes se cumplen 300 años del Tratado de Utrecht, que cambió el mapa político de Europa, creo que es muy ilustrativo y clarificador para la opinión pública recordar que España apela y se refugia en los tratados internacionales que le interesa, incumpliendo sistemáticamente todos aquellos acuerdos de la ONU que no le benefician. Es el caso, precisamente, del vigente Convenio del Mar, del que España hace una lectura sesgada y manipulada en detrimento, en este caso, de Marruecos.
En efecto. España interpreta de forma "sui géneris" la Convención de Jamaica, en la que participó junto con Marruecos y otros 119 Estados parte. Así, cuando incorpora a su cuerpo legal (BOE núm. 19, de 14 de febrero de 1984) la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, que consta de 320 artículos divididos en 17 partes principales y 9 anexos técnicos, en el Instrumento de Ratificación, que el plenipotenciario de España había firmado en Nueva York el 4 de diciembre de 1984, se hacen las siguientes afirmaciones interesadas, que reproduzco literalmente:
"1.- El Reino de España recuerda que, como miembro de la Unión Europea, ha transferido competencias a la Comunidad Europea con respecto a ciertas cuestiones reguladas por la Convención. A su debido tiempo se hará una declaración detallada de la índole y extensión de las competencias transferidas a la Comunidad Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo IX de dicha Convención.
"2.- España, en el momento de proceder a la ratificación, declara que este acto no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el Artículo 10 del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713, suscrito entre las Coronas de España y Gran Bretaña. España considera, asimismo, que la Resolución III de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no es aplicable al caso de la colonia de Gibraltar, la cual está sometida a un proceso de descolonización en el que le son aplicables exclusivamente las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas."
O sea, España, en un viaje de ida y vuelta, ha imposibilitado "sine die" el establecimiento y trazado de la frontera marítima entre su territorio continental (el territorio insular es solo Baleares) y el Norte de Marruecos, donde mantiene todavía las llamadas eufemísticamente plazas de soberanía de Ceuta y Melilla en territorio marroquí. ¿Pretende acaso España controlar ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, manteniendo los citados enclaves, y recuperando el Peñón?
Por lo demás, el Gobierno de la Roca ha criticado que el Tratado de Utrecht, por el que España cedió al Reino Unido la plena soberanía sobre el Peñón hace tres siglos, se siga utilizando actualmente como argumento para negar a los gibraltareños el derecho de autodeterminación y de descolonización. El Ejecutivo presidido por Fabián Picardo ha dicho en un comunicado que el Tratado de Utrecht está "desfasado" y que no se puede usar, 300 años después de su firma -tras la Guerra de Sucesión española- "como medio para negar al pueblo de Gibraltar su derecho de autodeterminación y descolonización". Es sabido que muchos aspectos del tratado, en pleno siglo XXI, son repugnantes e indecentes; como el famoso artículo 10, tras el que se parapeta España para no trazar la mediana con Marruecos, en el cual se establece que en Gibraltar no pueden residir ni judíos ni árabes.
Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿por qué será que los gibraltareños no quieren, bajo ningún concepto, ser españoles?
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