Algunos amigos han pensado que podía compartir tertulia con ellos los jueves en un programa de radio. Así, cuando mis labores y sus señorías me lo permiten, acudo gustosamente a la invitación de D. Iván y compañía. Me es muy grato. En riguroso directo. Sin censuras ni tapujos. Así las cosas, se coló la noticia: "cierre de unos negocios en pleno funcionamiento y los empleados, a la calle". Lo cierto es que, según uno de los empresarios afectados cuenta en directo, estas empresas estaban cotizando a la Seguridad Social, al fisco del reino, al fisco de esta autonomía, liquidando el alquiler, colaborando en eventos sociales y... aquí, por esto, paro. Los hechos están repletos de matices que, combinados, no logra entenderlos el justiciable de a pie, no le es comprensible, ni razonable y mucho menos lógico.
Lo cierto es que yo no tengo dato alguno para valorar ni pronunciarme sobre los hechos, formalmente hablando. Pero uno ya tiene años para poder hacer uso de las máximas de la experiencia o las canas, como queráis, y lo cierto es que hay ciertos matices que desconciertan ante la decisión del consistorio capitalino.
Las acciones llevadas a cabo para el fin que se perseguía consistieron, entre otras, en el uso de la fuerza pública, esta vez la Policía Local y el precinto de los negocios, ordenados por no sé quién del Ayuntamiento chicharrero. Esto supuso daños colaterales: los trabajadores. Y ello con independencia de los daños ocasionados al empresario, al consumidor, a la imagen de la capital y de sus administradores, que incluso uno de ellos he leído no puede conciliar el sueño debido a ese problema.
Es posible que pensemos en el tiempo que llevan abiertos estos locales, de lo que han pagado en impuestos, de lo que han pagado de alquiler, de los empleados contratados, de su futuro y un sin fin de circunstancias que nada o poco tienen que ver con el derecho formal y la decisión tomada, que estoy seguro no es un capricho.
Lo cierto es que se tomó esa decisión amparada en derecho y ahora estoy convencido de que el problema creado con ella se solucionará. Cierto es también que en lo referente al silencio positivo de la Administración el caso presenta importantes matices al sistema general, en el sentido de que, junto a los presupuestos formales del transcurso del plazo, para que se produzca es necesaria la concurrencia del requisito sustantivo de operar dentro de la legalidad, lo que supone que para suplir el acto expreso ha de ser ajustado a derecho o, si se quiere, que lo solicitado sea conforme con el planeamiento urbanístico.
Evidentemente, la solución puede dejar abierto un cierto margen de inseguridad jurídica. Pero, en mi opinión, pensé que habría solución menos gravosa que la empleada esta semana en el precinto de los negocios, partiendo de la base de que cualquier institución jamás debe dar cobertura a situaciones jurídicas que sean contrarias a la ley, pues es la postura sostenida de modo unánime por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Corresponde entonces establecer ahora el examen del fondo, que esto lo harán sus señorías; el asunto ya esta judicializado. Teniendo en cuenta que el precinto y clausura de actividad por falta de licencia es una medida cautelar de uso frecuente para impedir la continuidad de una actividad clandestina.
Ni el transcurso del tiempo ni el pago de tributos, tasas o impuestos, ni la tolerancia municipal implican un acto tácito de otorgamiento de licencia, pudiéndose acordar la paralización o cese de la actividad por la autoridad municipal en cualquier momento, eso lo dice la jurisprudencia, que, como todo, es interpretable.
En definitiva, ahora hay que abrir la caja de herramientas y reparar. El mal ya esta hecho. Cabe preguntarse: ¿se podría haber evitado? Yo estoy convencido de que sí. Serán las instancias judiciales las que, con todo detenimiento, deben examinar la documentación disponible y alcanzar una conclusión a ver si coincide con la obtenida por la administración de este Ayuntamiento capitalino: actividad clandestina.
*Abogado director del Bufete Inurria
@inurriaabogado