La rehabilitación de edificaciones no ha sido precisamente una prioridad en los últimos años para el Gobierno de Canarias, por mucho que a Paulino Rivero se le llene la boca diciendo lo contrario. Y es imperdonable, porque tanto la rehabilitación de viviendas como de infraestructuras turísticas podría haber aliviado la crítica situación del sector de la construcción, arruinado en los estertores de este paulinismo tardío que nos ha tocado sufrir.

Esta semana tuve la oportunidad de asistir en Lanzarote a una reunión para abordar este asunto con vecinos de Valterra y de Titerroy, acompañada por Astrid Pérez, Fernando Figuereo, Ana Zurita y otros compañeros del PP en aquella Isla. Y el problema es el mismo que aquí: vecinos hartos de esperar, cuyas viviendas se caen a pedazos, a quienes el engaño les ha causado tanto sufrimiento como la espera.

Oyéndoles, me parecía estar escuchando a vecinos de las barriadas de La Candelaria o de José Antonio, en Santa Cruz: la misma desesperación, el mismo hastío y la misma desconfianza hacia los políticos. Por eso, me niego a seguir escuchando nuevas promesas, plazos o intenciones. Me rebelo ante la mentira y el socorrido salvavidas de buscar siempre un culpable fuera de aquí, al que se aferran majaderamente CC y PSOE.

El asunto es demasiado grave, requiere aclarar lo ocurrido y exigir responsabilidades. A día de hoy, el Gobierno de Canarias tiene pendiente de justificar el destino de más de 76 millones de euros, que el Estado ha transferido a las Islas en el marco de los diferentes convenios de vivienda. Por tanto, el Gobierno de Rivero tiene que explicar públicamente en qué se ha gastado ese dinero, porque en barrios como los mencionados no ha llegado un solo euro a sus destinatarios.

Son en total 44 proyectos y más de 21.000 viviendas, muchos de los cuales ni siquiera tienen un plano dibujado, como ocurre en el santacrucero barrio de El Toscal. Se preocuparon de poner el cartel de la obra, cobrar el anticipo del Ministerio de Fomento, y si te he visto no me acuerdo. Llámenlo como quieran, pero suena a estafa en toda regla, un engaño masivo a miles de familias que sobreviven en infraviviendas cuya rehabilitación debía estar ya finalizada.

En definitiva, el Gobierno de Canarias no solo no ha puesto su parte en la financiación de estos proyectos, sino que se ha gastado en otra cosa los recursos transferidos desde el Gobierno central. Y si no ha sido así, que comparezca la consejera o el presidente en el Parlamento de Canarias, expliquen lo ocurrido y justifiquen dónde está el dinero.

Querer escapar ahora con un nuevo engaño no va a funcionar, porque nadie puede creer ya a un Ejecutivo regional que se comporta de esta manera. Por mucho que el Gobierno de Canarias lance y fomente del bulo de que Madrid ha bloqueado los convenios, pincha en hueso. Para saber que no es cierto, basta con leer la nueva Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, donde se recoge, negro sobre blanco, la continuidad de los programas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa Renove, dentro del Plan Estatal 2013-2016.

En definitiva, son demasiados años de espera y muy grave el daño ocasionado, y alguien tiene que ofrecer una respuesta satisfactoria, más allá de los bulos y las mentiras, porque los vecinos afectados se merecen ante todo una explicación y una disculpa.

*Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz y vicesecretaria regional del PP de Canarias