Después de las notas que, amablemente, me facilitó mi buena y admirada amiga, la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz Cristina Tavío, y que utilicé en el comentario anterior sobre el tema de la privatización del suministro público de agua potable a la ciudad, este periódico ha publicado que PP, el partido de Cristina, exigía una investigación del agua apoyar su privatización, de la que era partidario sin explicar las razones. La petición al alcalde Bermúdez fue que la comisión investigadora fuera independiente. La privatización, en todo caso, debe estar lista antes del pleno del día 22 de julio por orden judicial, según expresó Cristina Tavío, quien estuvo acompañada por el concejal Carlos Garcinuño. Ambos dijeron al alcalde que dejara de amenazar a los vecinos con indemnizaciones millonarias, aunque Cristina se pronunció por el modelo mixto, que es lo que aprobó su grupo "por estar de acuerdo con su programa económico". Es evidente que el Partido Popular, consciente con sus responsabilidades en un asunto puramente municipal, sabe de su alcance a empresas agrícolas y a suministros de agua a las industrias y las viviendas ocupadas por familias y a hospitales e industrias, y tiene que andar con pies de plomo antes de tomar una decisión que no perjudique a nadie y que sirva a muchos miles de personas, por lo que ha estudiado el tema profundamente. Y como en alguien hay que suponer sabiduría, profesionalidad y preparación, un partido político como el Popular puede y debe estar preparado para todas las circunstancias que atañen a su quehacer poblacional. El Partido Popular, con sus expertos en la materia, ha estudiado lo que realmente debe atender: la necesidad de que la empresa suministradora dé agua potable a las casas y las fincas agrícolas del área de Santa Cruz.
