Combatir la falta de credibilidad con oscurantismo es un error que solo genera más desconfianza, por mucho que se empeñe José Manuel Bermúdez en defender lo contrario. El presunto fraude del padrón municipal en Santa Cruz, denunciado por la concejal de Alternativa Sí se Puede, Asunción Frías, pone de manifiesto una vez más la querencia del alcalde por culpar a los demás de los problemas que le corresponde solucionar, por confundir a la opinión pública, y por hacer todo lo posible para que nadie llegue a saber lo que de verdad ocurre en nuestro Ayuntamiento.

Lamentablemente, hace muy poco el alcalde recurría al escapismo en el caso del trágico accidente de la Gala de la Reina del Carnaval, y vuelve a repetir ahora el truco, ante los ojos atónitos de una ciudadanía que ya no sabe qué más puede esperar de este Ayuntamiento desgobernado por Coalición Canaria y PSOE.

Las graves alteraciones detectadas en el Padrón Municipal de habitantes constituyen un escándalo de graves consecuencias, no solo para la imagen y credibilidad de nuestra Administración municipal, sino también para la participación de Santa Cruz en el reparto de fondos públicos. Estamos ante un presunto fraude que atenta contra el interés general de los santacruceros, y el alcalde no puede resolverlo investigándose a sí mismo, a puerta cerrada, en secreto y sin testigos, para contarnos después la parte que más le convenga.

Es necesario y urgente aclarar lo ocurrido, debemos saberlo todo, y en este caso tampoco puede ser el propio Bermúdez quien nos lo cuente, si quiere que los ciudadanos recuperen la confianza en esta Corporación. Entre otros muchos motivos, porque el origen de los hechos se remonta al año 1996, cuando la responsabilidad del área de Población en el Ayuntamiento la ejercía uno de sus más cercanos colaboradores y hoy Director del Gabinete de la Alcaldía.

Y aunque no sepamos todavía quién cometió este disparate hace 17 años, sí tenemos la certeza de que fue el propio alcalde quien intentó ocultarlo y despistarnos el pasado mes de enero. La denuncia de Alternativa Sí se Puede ha permitido evidenciar que Bermúdez conocía lo ocurrido desde hace más de un año, y que era plenamente consciente de que no decía la verdad cuando anunciaba públicamente acciones judiciales contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) por "robarnos" ciudadanos.

Fue una irresponsabilidad por su parte alarmar a la opinión pública de aquella manera, asegurando que más de 15.306 ciudadanos podrían perder muchos de sus derechos por culpa del INE, incluidas las ayudas sociales o los certificados de residencia para viajar.

Cuando realizaba estas afirmaciones, sabía perfectamente que 12.878 de esos ciudadanos nunca habían existido, y era plenamente consciente de que en su mayoría habían sido incluidos con DNIs falsos, o como menores sin DNI, cuando el Ayuntamiento elaboró el Padrón de 1996. Y lo sabía porque cuando el INE le requirió el año pasado, para que acreditase la existencia de esas decenas de miles de documentos nacionales de identidad que no cuadraban con la base de datos del Ministerio del Interior, solo fue capaz de enviar 140 fotocopias.

Hacerse ahora el nuevo, culpar a Madrid o pelearse con Las Palmas, no hará que las cosas se arreglen, sino todo lo contrario, porque la realidad de este feo asunto es que el Ayuntamiento incluyó en su Padrón a miles de habitantes que no existían, y ha quedado demostrado que el alcalde intentó ocultarlo el pasado mes de enero, no sabemos con qué intención.

Si de verdad quiere solucionar las cosas y recuperar la credibilidad perdida, José Manuel Bermúdez debería pedir disculpas a los vecinos y rectificar sus acusaciones, dar un paso a un lado, y aceptar la constitución de una Comisión de Investigación independiente, con libre acceso de los medios de comunicación y plenos poderes, para esclarecer lo sucedido y depurar todas las responsabilidades hasta las últimas consecuencias.

Es mucho lo que está en juego, alcalde.

(*) Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz y vicesecretaria regional del PP de Canarias.