SON MÚLTIPLES los actos que, alterando la convivencia de la ciudadanía y aun el ser del Estado, disfrutan de este concepto. Bueno, disfrutan de impunidad las personas que los organizan y/o llevan a efecto.
Ha resultado que quienes convocaron el cerco al Congreso de los Diputados, el 25 de septiembre, no cometieron delito alguno ya que el artículo 494 del Código Penal solo contempla el castigo "a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento" porque, dice el juez Pedraz, "no consta alteración alguna en el normal funcionamiento del mismo", y que "la larga sesión" se desarrolló "normalmente". Y, poco más o menos, vino a justificar el cerco a la institución en que reside la soberanía popular porque le clase política -esa que el pueblo ha elegido acertada o equivocadamente- está en "decadencia". Como ciudadano, en la barra de un bar, en su casa, en un artículo de opinión o en una charla entre amigos, el señor Pedraz es absolutamente libre, y quizás acertado, en emitir ese juicio de valor; pero como juez, en un auto judicial de la causa que venía a fallar con el archivo, entiendo que no le debe estar permitido y que, por ello, el Consejo del Poder Judicial tendría que haber abierto causa contra el juez. ¿Se ha producido? Creo que no, al menos no me consta. He aquí otro hecho impune.
Respecto del cerco al Congreso, a lo mejor, lo que debían haber hecho las fuerzas de seguridad fuese retirar las vallas, hacerse a un lado y que los manifestantes entrasen libremente al lugar sitiado. Y luego sí, una vez alterado el "normal funcionamiento", detener y llevar ante el juez a los convocantes del cerco. Algo así como estar contemplativos ante un previsible asesino hasta que éste haya consumado el asesinato. Entonces, para el tal juez no habría duda de la intención.
Sucede que esto de la impunidad trae largo recorrido. Fundamentalmente andado por parte de esa clase política "decadente" que, habiendo jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución, se la pasa por el arco del triunfo, incluso cuando hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que conminan a su cumplimiento y al de leyes que la desarrollan (la Generalitat de Cataluña es un ejemplo, pero no solo). Y aquí no pasa nada. Y si a tal nivel la impunidad existe y persiste, por qué no ha de ocurrir en otros niveles.
En las ciudades se producen alteraciones y desordenes impunes que otros ciudadanos han de sufrir. También son ciudadanos quienes los organizan, y tampoco pasa nada. Madrid se encuentra sitiada desde dentro en múltiples ocasiones, también por quienes van de fuera a montar el número, a lo largo del año. A lo peor es el precio de capitalidad del Estado.
Todo ello me induce a pensar que desde los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), por su incompetencia, se está posibilitando no un camino sino una autopista hacia la anarquía.