¡ESO es lo que le ha pasado, desgraciadamente, a Islas Airways!! Y no porque sus aviones hayan perdido sus alas impidiéndoles volar, no. Se trata de que esta compañía aérea canaria ha tenido que suspender sus vuelos obligada por las leoninas condiciones de la legislación aeronáutica española que en nada benefician a Canarias: un Archipiélago, cuya singularidad geográfica y discontinuidad territorial, hacen imposible comunicarse entre Islas como no sea por vía marítima o aérea, con todo lo que ello implica en la cohesión territorial, y en la consolidación de nuestro mercado interno.
La compañía Islas Airways anunció el pasado lunes en Santa Cruz de Tenerife -donde tiene su sede, junto a Traysesa y una línea de viajes y operador turístico- el cierre temporal de su actividad empresarial y, por consiguiente, la cancelación de todos sus vuelos regulares entre las Islas y su reconversión en compañía de vuelos charter. Esta drástica decisión de la aerolínea ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno canario y la Administración del Estado español, ya que el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero (al que le ha venido muy bien esta movida para seguir con su enfrentamiento, de cara a la galería, con el PP de José Manuel Soria y Mariano Rajoy), respalda las tesis de la empresa de aviación de que sus problemas financieros se han acentuado como consecuencia del expediente abierto por el Ministerio de Fomento de España y el bloqueo de una parte de las ayudas al descuento del transporte aéreo que recibe la compañía. Rivero ha señalado al respecto que, "algunas actuaciones del Gobierno de España han ayudado a estrangular" a Islas Airways.
Cuestionado sobre la investigación abierta por Aviación Civil, el presidente del Gobierno canario indicó que "ha habido cosas que se han ido retrasando, como por ejemplo los pagos a la empresa, que la ha terminado por estrangular". En la misma dirección que Rivero se pronunció también el presidente del holding donde está Islas Airways, Miguel Concepción (que como es público y notorio, son íntimos amigos, y según dicen tienen negocios juntos), quien recordó que Fomento tiene aún cantidades pendientes de abonar del año 2011 a la compañía y que la paralización del expediente administrativo abierto por Aviación Civil ha llevado a la empresa a un imprevisto "estrangulamiento financiero" porque el 50% de los ingresos proceden de la subvención a los residentes "y sin eso no se puede subsistir", añadió Concepción.
El también presidente del C.D. Tenerife, ahora en segunda división B del fútbol español, explicó en la rueda de prensa convocada con carácter de urgencia que, debido a la denuncia por un supuesto fraude en la percepción de las compensaciones por residencia, la compañía había dejado de percibir unos diez millones de euros. En este sentido, señaló que si se le abonara el 10% de lo que se le adeuda podría pagar a los trabajadores que llevan sin cobrar sus salarios desde hace más de tres meses.
Para los canarios consecuentes y amantes de nuestra tierra, resulta un golpe bajo difícil de asumir que ahora sea otra empresa canaria -¡una más!-, en este caso de transporte aéreo, que se vea obligada a cerrar temporalmente obligada por la canallesca política colonial española en nuestro Archipiélago; cuyas leyes se dictan a 2.000 km de distancia. ¿Qué dicen ahora los españolistas, entre los que se encuentra el señor Concepción?
Islas Airways anunció el lunes pasado el cierre temporal de sus operaciones después de varios días de cruenta agonía con vuelos suspendidos, centenares de cancelaciones y plante de sus trabajadores por impago de sus sueldos. Esta decisión deja sin trabajo a cerca de 300 personas contando pilotos, tripulación de cabina, personal de tierra y handling. Islas Airways transportó en Canarias el año pasado algo más de 700.000 pasajeros, por lo que su cierre temporal deja en manos de sus competidores en los vuelos interinsulares una cuota de mercado de entre el 20 y el 25%. La compañía que preside Miguel Concepción comenzó a operar en 2003 como competidor directo de Binter Canarias en los vuelos interinsulares, con una flota inicial de dos aviones que fue ampliando progresivamente en función de la demanda.
Concepción señaló que, a pesar de la suspensión de los vuelos regulares de la compañía, se intentará mantener en el mercado de forma temporal como compañía charter y su prioridad será que los trabajadores de la aerolínea cobren sus emolumentos pendientes, que según representantes sindicales se elevan a unos dos millones de euros, cantidad en la que también se incluyen indemnizaciones del personal afectado por el reciente ERE presentado por la empresa.
Miguel Concepción ha asegurado: "Nuestra prioridad es atender todos los salarios de los empleados de Islas y venimos trabajando en las últimas semanas para conseguirlo". A pesar del cierre, los directivos de la aerolínea seguirán realizando gestiones para obtener los fondos necesarios para al menos ponerse al día con la plantilla.
La gran beneficiada del cierre de Islas Airways es la otra compañía que opera en el tráfico aéreo interinsular, Binter Canarias, que se queda con el monopolio del mercado, situación que preocupa a todos los canarios por lo que puede suponer posición de dominio, falta de competencia y, consecuentemente, repercusión al alza en los precios. Por el momento, Binter tiene capacidad para dar respuesta al hueco que deja Islas en el mercado, según fuentes de esta compañía. En este sentido, el presidente Paulino Rivero indicó que el cierre de Islas Airways es una "mala noticia" para Canarias y, sobre todo, para los usuarios del transporte aéreo. Según Rivero, que no tiene ni puñetera idea de cómo gestionar una empresa a tenor de como lo ha hecho con Canarias, aprovecha la situación para lanzar sus frases demagógicas: "En Canarias necesitamos no dos sino tres o cuatro compañías que compitan". Eso será, iluminado, si el mercado lo justifica y si hay suficiente demanda que haga rentable al resto de los operadores en el tráfico aéreo insular.
Si bien es verdad que la caída de una empresa del sector de la aviación comercial a quién más perjudica, obviamente, es al usuario; aunque bien es cierto, que el sistema aéreo interinsular está protegido por la obligatoriedad de servicio público que compromete a la compañía operadora a un mínimo de frecuencias, un porcentaje de ocupación y un precio fijado por el Ministerio de Fomento español una vez al año.
¿Hasta cuándo vamos a seguir los canarios gobernados por la metrópoli española que dicta unas leyes que, en absoluto, nos benefician ni contemplan nuestros legítimos intereses?
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