No suelo leer los correos electrónicos rutinarios ni mucho menos divulgarlos en plan cadena. Pero uno ha convulsionado mi alma, como parte integrada en la conciencia colectiva. Este sí lo he reenviado a todos mis contactos, incluido a algunos de los que sospecho como implicados en el fraude fiscal legalizado en España.
Me creía ciudadano normalmente informado hasta que recibí datos de las Sicav (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable). Enviado el correo por una persona importante, le presté la atención que merecía y, acto seguido, contrasté la veracidad de la información acudiendo a la fuente adecuada, cual es la Inspección de Finanzas del Estado. La respuesta fue tan demoledora como la propia redacción del documento, que recoge el testimonio fehaciente y fidedigno del profesor de Derecho y Economía de la Universidad Autónoma y de la Carlos III Guillermo Rocafort, extractado de su libro "Sicav, paraíso fiscal".
Explica el profesor cómo las siglas Sicav ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España dedicado a las élites financieras y a las grandes fortunas, cuya única penalidad impositiva sobre el capital invertido en dichas sociedades solamente es ¡¡¡el 1%!!! Un mecanismo legal que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, sino solamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cuyos vicepresidentes, Carlos Arenillas -marido de la exministra Mercedes Cabrera-, era a la vez propietario de la Sicav Tagomago, constituida junto con el ex secretario de estado de Economía David Vergara. En fin, podredumbre instituida.
Se relaciona una serie de nombres y apellidos reseñables por su reconocido nivel social y económico, con cifras precisas de lo invertido por cada uno en las diferentes Sicav, donde aparecen banqueros, empresarios, deportistas, constructores, arquitectos, miembros de la realeza, políticos, la propia Iglesia Católica, instituciones benéficas, presentadores/as de televisión, exministros, personajes del subvencionadísimo mundillo artístico y supuestamente cultural... En fin, una pléyade de "privilegiados" que, aunque escandalosamente numerosa, solo se trata de una minoría incrustada en una sociedad de cuarenta millones de habitantes, actualmente maltratados y acosados por una deplorable gestión política basada en recortes sociales inhumanos que afectan gravemente a una población depauperada e insultada por una tributación injusta que la está abocando a una situación de miseria progresiva, en contraste con el indecente favoritismo aplicado a los ya poderosos.
Resultado textual de una parte de la confirmación solicitada: "Es verdad todo lo que aquí se dice, y mucho más. Desde las asociaciones de inspectores se ha pedido repetidamente la supresión de esta regalía, pero se ha pensado desde el Ministerio que es una forma de que las grandes fortunas dejen el dinero en casa...".
Ante la impotencia por la falsedad de un supuesto Estado de Derecho, al amparo de una Constitución cuyas páginas se van convirtiendo paulatinamente en papel mojado, la indignación del ciudadano normal ya ni siquiera tendrá cabida en un 15-M más o menos reivindicativo, sino que hechos tan ofensivos y atentatorios contra el más elemental sentido de la dignidad humana terminarán por reventar cuando la opresión sea tan intensa que solo un acto, tantas veces repetido a lo largo de la historia de la humanidad, sea la única opción de supervivencia para una mayoría escarnecida por el engaño y la mentira institucional continuada.
La desagradable sorpresa sufrida al superar el oscurantismo reinante sobre este tema induce a profundizar en el conocimiento a través de la red. No ya en el libro del señor Rocafort, sino en Google, donde hay material suficiente para ilustrarse sobre la indecencia generalizada y donde aparecen datos personales que retratan la desvergüenza de unos patrioteros indignos, españoles de pacotilla, tan miserables que solo tienen dinero. Lo malo es que quienes tendrían capacidad para resolver esto, al parecer, también están metidos en el negocio.
¿Quizá haya que ir pensando en unas buenas barricadas? Sí, pero sin ayuda de sindicatos.
Carlos Castañosa