El asesino y violador José Franco de la Cruz salió de la cárcel después de cumplir veintiún años de condena. A los pocos meses de su libertad ha sido detenido de nuevo por la Policía por una supuesta agresión sexual a una niña indigente. A los violadores reincidentes se les debe apartar de la sociedad; el correctivo debe ser la cadena perpetua.

Por otra parte, la inyección letal con la que se ejecutan a muchos condenados a la pena capital puede provocar un gigantesco sufrimiento en la agonía final, contrariamente a lo que aseveran los protectores de la pena de muerte, según el estudio difundido por Human Rights Watch. Estados Unidos y China encabezan el ranquin de los países con más condenas a muerte. Fueron ejecutadas más de dos mil residentes del corredor de la muerte en veintidós países y juzgadas más de cinco mil personas, según Amnistía Internacional.

La pena de muerte y su aplicación no parece inquietar demasiado a los líderes políticos censurados por esta degradante práctica. En los últimos veinticinco años, el número de países que ajusticiaron a condenados a la pena capital ha decrecido en un 50%. México y Liberia son los países que, hace poco, han eliminado la pena de muerte de su legislación.

Sin embargo, en otros países, la pena capital únicamente está prevista para casos de apremio y se mantiene la pena de muerte en casi todos los nuevos Estados del continente africano, en los países árabes, en algunos orientales y en Rusia.

Los detractores de este correctivo aseveran que es inhumano y que supone trocar al Gobierno en ejecutor, impidiendo reparar deslices judiciales, que cuando se originan son irreparables.

Mientras que en algunos de los países desarrollados se ha excluido de sus legislaciones la pena capital, Japón no solo se opone a seguir el ejemplo, sino que ha reavivado la pena de muerte en los últimos años. Esta reactivación de los ahorcamientos, una práctica cruel y medieval para una nación avanzada y tecnológica como el Imperio del Sol Naciente, ya le ha costado a Japón la censura de muchas asociaciones protectoras de los derechos humanos.

También se advierte que la pena de muerte se conservó en todos los Estados y en todos los tiempos, y esto no es un argumento válido, porque también existió esclavitud y hoy se califica su abolición de mejora social y moral.

Clemente Ferrer

(Madrid)

La unidad de España

Fue realmente buena hace ya meses (15-3-2012) la portada de ABC "Tenemos un problema", referida a la inmersión lingüística en Cataluña, escondiendo en los impresos la enseñanza del castellano, y, al margen de la judicialización que impone el TSJC para cumplir cinco sentencias del Tribunal Supremo, la ley de banderas y el referéndum sobre autonomía o pacto fiscal. Añado una resolución de la Generalitat que obliga a los concursantes de los Registros de la Propiedad vacantes en Cataluña a determinados certificados y atención a los clientes en catalán.

Todo ello va en contra de la Constitución y la sentencia del TC de 28-6-2010 sobre el recurso de inconstitucionalidad, que declara nulos catorce artículos, y las sentencias contra la igualdad y la discriminación. Lo malo es la paridad -véase el copago farmacéutico y el impuesto sobre permanencia en Cataluña-. La pasividad del Gobierno central y del PP y los "pactos" sobre la negociación con ETA descubren el riesgo que advirtió Azaña y levantó Ortega y Gasset: la pérdida de la unidad de España, con la superidentidad nacionalista, mientras no se "conlleven".

Jesús López Medel