ESPAÑA está atravesando una situación económica muy crítica, por lo que desde Bruselas están empujando al Gobierno español a realizar diversos ajustes para evitar que nuestra economía suponga un peligro para la salud del euro y, por consiguiente, para los demás países de la Unión Europea.

El compromiso del presidente del Gobierno español, consecuentemente, es firme e inequívoco: reducir el déficit público que ahoga a la economía española. Para ello, como primera medida, en el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 13 se aprobó un paquete de reformas que incluye ingresos y reducción de gastos con el que se pretende ahorrar 65.000 millones de euros en dos años y medio. Y esto solo es el principio, pues el Ejecutivo también pretende lograr que el peso del sector público de todas las administraciones equivalga a un máximo del 35% del PIB, frente al 43,6% que tiene ahora. Una reforma con la que se pretende ahorrar también unos 80.000 millones de euros.

La reforma de las administraciones públicas supondrá el despido de miles de empleados públicos, algo que podrá ejecutarse gracias a la ley de reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso. Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas estatales, los interinos de las tres administraciones (Estado, CCAA y ayuntamientos) y todo aquel trabajador público que no haya obtenido su plaza por oposición. Es decir, los funcionarios quedarán a salvo de esta reforma.

Efectivamente. El Gobierno quiere meter la tijera a las administraciones públicas, porque las actuales plantillas están sobredimensionadas, ya que, al parecer, superan los 3 millones de trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las CCAA, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la administración central y más de 150.000 a las empresas e instituciones estatales. Una cifra muy alta si se tiene en cuenta que por cada empleado público hay diecisiete habitantes. O, peor aún, de cada siete personas ocupadas en España, una es empleado público.

Los empleados públicos que, inexcusablemente, tendrán que desaparecer no afectarían necesariamente a los funcionarios, sino a aquellos trabajadores que han crecido en las distintas administraciones al amparo de los partidos políticos. Personas que no han conseguido su puesto de trabajo en una reñida oposición o concurso de méritos, sino por "enchufe".

Veamos. Según el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, Artº 8), son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual (de libre designación).

Centremos nuestra atención en el personal eventual, que, en virtud de su nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como "de confianza o asesoramiento especial". El número máximo de este personal se establece por los respectivos órganos de gobierno. Tanto el número como las condiciones retributivas son públicos. Su nombramiento y cese son libres.

A la vista de estas circunstancias especiales en que se encuentra este personal, se deduce que no hay mucha regulación al respecto, ya que cada administración decide cuántas personas ocuparán estos cargos y cuánto cobrará cada una de ellas. Además, como el nombramiento y el cese son libres, se admiten sin haber superado alguna oposición o examen. Es decir, están puestos "a dedo". Algo incomprensible para alguien que desempeña una actividad laboral en el sector público, con dinero público y no en una empresa privada.

Estamos en unos momentos en los que se pide austeridad, recortes, ahorro y reducción de gastos. Por consiguiente, no parece lógico que haya personas colocadas a dedo en cualquier administración pública. Nombrados, normalmente, por afinidad política, parentesco, amistad, etc. En España hay casi 400.000 "enchufados" en todas las administraciones públicas. Los cargos políticos que usan de estos "enchufados" deberían pensar que muchos de los cometidos que realizan sus protegidos pueden ser desempeñados, sin coste adicional alguno, por funcionarios que tienen en su administración. Sin embargo, cuando un partido político llega al poder lo primero que hace, además de subirse el sueldo, es colocar a los suyos. Y lo hace con una triple finalidad: para pagar o devolver favores electorales, para controlar la administración en su beneficio y a su gusto y, en tercer lugar, para dar trabajo y sueldo a sus amiguetes, como si las administraciones públicas fueran oficinas de empleo.