LA PRESIDENTA de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, que se caracteriza por decir siempre lo que piensa, anunció su propósito de reducir a la mitad los diputados de la Asamblea Autonómica de Madrid (rebajar a 65 los 129 que existen actualmente), con la finalidad de reducir el gasto en la administración que ella gobierna. Este anuncio, tal vez, podría ser la primera propuesta de un ERE en un sector laboral multitudinario en todas las administraciones públicas y órganos políticos de representación popular, lo cual me parece muy acertado en estos momentos de crisis, de paro y de recesión económica.
Efectivamente, en España hay demasiados políticos, y mucho dinero que nos cuesta a todos los españoles mantenerlos con nuestros impuestos. Son varios millares los políticos que sobran y no hay dinero para soportar un gasto tan grande. Si la Asamblea de Madrid puede reducirse a la mitad es porque puede desempeñar sus funciones legislativas con la mitad de sus diputados, por lo que podríamos aplicar este principio a todos los parlamentos: nacional, regionales y a otras administraciones públicas.
Si se estudiara y aplicara un ERE político a nivel de todas las administraciones públicas, delimitando los cargos o empleos que son útiles, se redimirían ingentes cifras de gasto. Con ello, se conseguiría también una mayor y mejor eficiencia en la selección de los que deben seguir en su puesto frente a los que están de más, con lo que la llamada clase política invertiría, igualmente, el mal concepto y la gravedad del rechazo social que sobre este colectivo tiene la opinión pública. Pero ¿es verdad que hay tantos políticos?
Veamos. Por internet circula una noticia que, al parecer, procede de un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno, desvelando que España es el país europeo con mayor número de políticos con cargos públicos por habitante de toda Europa. Estos políticos se encuentran en todos los niveles de la administración, así como en todo tipo de empresas públicas o con participación de fondos públicos: fundaciones, entes, observatorios, consejos, defensores, agencias, direcciones, etc. El estudio desvela que el tamaño desmesurado de nuestras administraciones no se encuentra distorsionado tanto entre los funcionarios que prestan servicio directo al ciudadano (profesores, administrativos, médicos, policías, etc.), sino que el mayor porcentaje de distorsión se encuentra entre los políticos que pueblan nuestras administraciones.
Pues bien, según la noticia que corre por internet, en España tenemos 445.568 políticos, justo el doble que los italianos (220.000) y 300.000 más que los alemanes, cuyos niveles de administración son seis (estado, länder, regiones-administrativas, distritos, mancomunidades y municipios), y no cuatro como en España (Estado, comunidades autónomas, provincias o islas y municipios). Debo advertir que estas cifras circulan por la red y son de difícil constatación, aunque no parecen exageradas. La misma fuente cuantifica en 165.967 los médicos del Servicio Nacional de Salud, 154.000 policías y 19.854 bomberos. Resultando, pues, que sumadas las tres cifras nos da 339.821 trabajadores públicos, que han visto cómo su sueldo se reducía un 5% con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y se congelaba con la llegada de Rajoy al poder. Con todo, esos empleados son 105.747 menos que los políticos.
En España hay demasiados senadores, diputados, diputados regionales, consejeros y concejales. Podríamos empezar por suprimir el Senado y sus 266 senadores, ya que esta institución no tiene razón de ser. En el Congreso hay 350 diputados que podrían reducirse a 80 o 60. En esta línea de reducciones también entrarían los diputados regionales, que en Canarias son 60, los consejeros regionales e insulares, así como el número de ayuntamientos, que en España son 8.116, servidos por 65.896 concejales. ¿Para qué tantos ayuntamientos? Habría que adelgazar el mapa municipal mediante una nueva redistribución.
Estas reducciones, en algunos casos, requieren una reforma constitucional y la modificación de algunas leyes. Háganse, aunque me temo que una reducción como la que propongo, que estoy seguro contaría con el apoyo de los ciudadanos, no saldría adelante, porque los partidos políticos, a cuyos representantes corresponde votar, se juegan muchos sueldos, pensiones y gabelas. No parece lógico que en un país como el nuestro, con la mayor tasa de paro de la UE (25%), tengamos también el mayor número de políticos ejerciendo cargos públicos que cobran de los impuestos de todos los españoles. Políticos que ven cómo, aun en crisis, su "statu quo" no mengua para nada.
José M. Clar Fernández