DESDE el año 2009, y a través de estas líneas, comencé una batalla particular, con la que defiendo y exijo la reducción de un 30% en los emolumentos de todos los cargos políticos, sindicatos, altos funcionarios y asesores. No es que fuera adivino, y, aunque muchos no quisieron verlo, estaba claro el desmoronamiento social que íbamos a sufrir. Por decencia, ética y moral, esta es una de las primeras medidas que debían haberse tomado, y no solo porque hubiese sido bueno para la nación, sino porque es muy fácil desde el poder exigir a los ciudadanos que nos apretemos el cinturón, cuando son ellos los primeros que deben dar ejemplo de austeridad. Mis palabras no tuvieron mucho eco, algunos me tacharon de exagerado y que lo dicho eran chorradas, pero hoy, tres años después, no soy el único que sigo en mis trece, y son muchos los medios, especialmente los escritos, que están llenos de las mismas peticiones, y algunas llegan mucho más lejos.
Mi opinión no es a la ligera, me baso en aspectos básicos. El primero, que no hacen falta esos salarios excesivos para vivir magníficamente en nuestro país. Un sueldo para un político de 40.000 o 50.000 euros anuales es más que suficiente para ejercer un cargo público con sus respectivas atenciones, y cubrir hipoteca o alquiler, agua, teléfono, gas, luz, alimentos, vestido, calzado y hasta pequeños caprichos; en segundo lugar, porque la crisis puede soportarse con más equidad, y, por último, porque ese ahorro sostendría los pilares de la sociedad: sanidad, educación y trabajo, y justicia, y los problemas sociales, e incluso los recortes que están sufriendo algunos sectores, serían más benignos para una sociedad que no puede deshacerse así como así de agricultura y medio ambiente, tecnología e investigación o cultura. En otro de mis artículos también propuse una escalada de reducciones según los ingresos anuales. Un salario superior a cien mil euros debe recortarse un 30%, setenta y cinco mil euros un 25%, cincuenta mil un 20%, menos de cincuenta mil un 15%, y así hasta llegar al salario mínimo, con un cinco por ciento. No me quejo de la forma impositiva de proceder de las administraciones, pero somos muchísimos los ciudadanos que soportamos todos esos gastos citados con pensiones inferiores a 10.000 o 20.000 euros, y es inadmisible y doloroso cargar con el peso de la responsabilidad a las clases medias y los que cobran menos de mil euros mensuales.
El Gobierno nacional es el que tiene el poder otorgado por las urnas, y está en su mano aplicar drásticamente lo que pide Europa, más recortes y menos gastos para poder controlar este país, que galopa hacia la bancarrota. La famosa prima de riesgo, que anda por las nubes, lo acredita. Hasta el moño estoy de ella, y del señor Riesgo, que debe de ser malo como la quina. Pero no se puede tolerar que la sociedad siga dividida en unos pocos ¡bluf!, cada día más ricos y poderosos, y una clase intermedia que soporte toda la carga, donde sobreviven mileuristas sufridores, y un 30% de población en el umbral de la pobreza.
No entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos aquellos que siguen pregonando la equidad social y el mentiroso bienestar social, dicha de la que solo disfrutan la clase política y sus adláteres. ¡Sigan defendiendo ese cuento chino! Nadie pone en duda que una persona con responsabilidad deba merecerse un salario acorde con la misma, ni que un titulado que con dedicación ha alcanzado altos estudios cobre un sueldo mínimo; el esfuerzo debe ser recompensado. Solo digo que el momento de crisis que atraviesa la nación merece más caridad humana; y que no se pueden permitir tantas varas de medir de los distintos organismos, donde hay alcaldes rigiendo poblaciones de menos de treinta mil personas que cobran más que uno donde viven doscientos cincuenta mil habitantes, o presidentes de diputaciones que ganan más que nuestro presidente del Cabildo, o alcaldes que ganen más que el presidente del Gobierno o una comunidad autónoma. Es un auténtico disparate, un desorden total que nos ha llevado al caos, amén del gran despilfarro.
Mi previsión de 2009 no era porque dominara las lecturas del tarot o tuviera una bola de cristal, simplemente seguí las leyes del desconocido Murphy: "Si la cosa se pone mal, es susceptible de empeorar".
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