EL PSOE, en su visceral anticlericalismo, ha retomado su ofensiva contra la Iglesia católica, porque considera que "no es admisible" que en una época de crisis esté exenta de pagar impuestos por sus inmuebles. Para ello, los socialistas están presentando mociones en los más de ocho mil ayuntamientos españoles para que realicen un censo de los edificios pertenecientes a esta institución con miras a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por dichas propiedades.

Como justificación de esta iniciativa, el PSOE argumenta que en un momento que se exige a todos los ciudadanos "un esfuerzo solidario" para superar la crisis en forma de aumento de impuestos, rebajas salariales o recortes del gasto social, la Iglesia no puede quedar fuera y seguir disfrutando de "privilegios".

Veamos. Puestos a resaltar "privilegios" podríamos mencionar las ventajas fiscales de que gozan los partidos políticos y los sindicatos. No tienen que declarar lo ingresado por cuotas, subvenciones, donaciones, los rendimientos de sus actividades económicas, los rendimientos procedentes de las rentas de su patrimonio, etc. Sin embargo, nadie pide que los partidos políticos y sindicatos renuncien a sus enormes ventajas fiscales (privilegios). Asimismo, nadie pide que paguen el IBI las mezquitas, las sinagogas y los templos de las iglesias protestantes. Tampoco nadie clama por que paguen este impuesto las embajadas, consulados, colegios, cuarteles, comisarías, cárceles, etc. No, nada de eso, aunque eso sí, que lo pague la Iglesia.

Resulta demagógico pedir el pago del IBI a la Iglesia basándose en que en un momento de crisis como el que estamos viviendo los ayuntamientos necesiten más dinero. ¿Qué están haciendo los consistorios por las personas y familias que carecen de recursos para poder vivir? Porque a Cáritas llegan todos los días numerosas personas derivadas por los ayuntamientos para que se hagan cargo o les ayuden, ya que las Concejalías de Bienestar Social no disponen de suficiente presupuesto para atenderles. ¿Por qué no les envían a los sindicatos, que esos sí reciben millonarias subvenciones, o a los partidos políticos, que también perciben generosas asignaciones del Estado? No, les envían a Cáritas (Iglesia), donde se les ayuda en atenciones básicas para sobrevivir: alimentos, ropa, pago de recibos de agua, luz, alquiler de vivienda, etc. ¡Esa es la solución! Que el IBI lo pague la Iglesia para ayudar a los ayuntamientos a salir de la crisis. ¡Justo a la institución que más está haciendo por los necesitados! ¡Manda huevos! ¿Por qué el PSOE no pide a quienes están exentos de este impuesto que colaboren o ayudan a salir de la crisis a quienes verdaderamente lo están pasando muy mal y que los ayuntamientos se administren mejor?

Me sorprende mucho que sea, precisamente, el PSOE quien pida a la Iglesia un esfuerzo solidario para salir de la crisis cuando durante los siete años que este partido administró el gobierno despilfarró el dinero público a manos llenas regalándolo a los sindicatos, a ayudas al desarrollo a países extranjeros, a grupos homosexuales y a chorradas. ¿Cómo se atreve a pedir solidaridad quien ha derrochado las arcas públicas y es responsable de los millones de parados?

Si la Iglesia no paga el IBI de sus inmuebles no es por privilegio alguno, sino por una exención fiscal que tiene reconocida: la misma que se aplica a las demás confesiones religiosas, a todas las fundaciones, a todas las asociaciones de utilidad pública, a las ONG, federaciones deportivas, etc.

Los edificios que son propiedad de la Iglesia no tienen un fin lucrativo ni la obtención de rentabilidad económica, ya que su finalidad es la prestación de un servicio público y universal. No obstante, tal como está la legislación vigente, por mucho que se lo propongan los ayuntamientos, que son los perceptores del IBI, no pueden cobrarle este impuesto a la Iglesia, al menos mientras no se reforme el acuerdo establecido entre el Estado español y la Santa Sede, de 1979, así como la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE nº 307). Esta última, al tratarse de una ley de ámbito estatal y aprobada por las Cortes, ningún ayuntamiento puede ignorarla ni modificarla. Si algún consistorio lo hiciera, como pretende el PSOE, la Iglesia podría recurrir a los tribunales de Justicia con todas las de ganar.

¡Cuánta incoherencia e hipocresía existe en las decisiones y opiniones de algunos ignorantes!