UN RECIENTE informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas revela que solo un 14% de las administraciones locales de España logró sanear sus haciendas en 2009, mientras que el 36% habían empeorado sus resultados de gestión financiera, en parte, atribuible a la actual coyuntura económica y, en gran medida, al déficit estructural de las corporaciones fruto del alto índice de endeudamiento.

El importe de la deuda viva de los ayuntamientos españoles a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 28.851.530 millones de euros frente a los 28.770.000 de 2009, según datos recogidos por el Ministerio de Hacienda. Del conjunto de los 8.116 municipios del país, 6.802 deben a los bancos el 36% de la deuda viva.

Si bien el crecimiento de la deuda no ha sido tan excesivo como se podría esperar dada la contracción del sistema productivo, las cifras resultan llamativas hasta el punto de que se plantea desde diversos foros la necesidad de redefinir el mapa de la administración local en España para hacerla más eficiente desde la optimización y racionalización de recursos y supresión de duplicidades burocráticas y responda a las necesidades de la población.

Más pronto que tarde, si la situación económica no mejora, se tendrá que ver si son o no excesivos para el país 8.116 entidades locales, si sobran o no autonomías o diputaciones o cabildos que se solapan entre sí desde el punto de vista de la duplicidad de competencias. En este punto siempre podría caber la posibilidad de acudir a la fusión o mancomunidad de servicios para reducir el gasto, aunque debo reconocer que la Mancomunidad del Norte de Tenerife, por ejemplo, si bien surgió con la voluntad de facilitar, mejorar y abaratar prestaciones, se reveló con un auténtico fracaso en cuyas causas no voy a entrar ahora.

De acuerdo a la política de ajuste del Gobierno de Mariano Rajoy, las administraciones públicas tendrán que zanjar las deudas a proveedores, con el auxilio de financiación vía Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los impagados de las entidades locales, diputaciones, cabildos y comunidades autónomas han puesto en apuro a muchas empresas y comprometido su supervivencia o cuando menos su desaparición, dado que, pese a la deuda de las administraciones, las empresas y autónomos han tenido que seguir haciendo frente a sus obligaciones fiscales o tributarias. La mora en el pago a proveedores sin contrapartidas ha conducido a muchos empresarios a echar el cierre, y como ejemplo doméstico, referido al Puerto de la Cruz, se puede citar la experiencia sufrida por determinada cooperativa en 2010 y 2011, a modo de muestra; en el caso del Cabildo de Tenerife, en relación con las pérdidas de TITSA. Ni que decir tiene del oscuro panorama que se cierne sobre las empresas públicas deficitarias o de dudosa rentabilidad, no solo de las Islas sino del conjunto de España.

La financiación de las administraciones con fondos ICO constituye un balón de oxígeno para las administraciones públicas con dificultades, en este caso, para atender sus obligaciones con los acreedores, pero no saldrá gratis. Habrá que pagar los préstamos, aunque a un tipo de interés realmente envidiable.

España tendrá que sopesar si puede soportar o no un Estado de las Autonomías como el diseñado hace más de 30 años, o de los municipios, aunque siempre cabe la posibilidad de reformar la Constitución de 1978. Es más, en el caso de Canarias, no estaría por demás reflexionar sobre su estructura política y determinar y corregir las posibles duplicidades de competencias entre la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos.

El Archipiélago canario soporta un gobierno y parlamento regionales, siete administraciones insulares (cabildos), 88 ayuntamientos, una policía y radiotelevisión autonómicas, un Diputado del Común. Además, hay que sumarle los diferentes cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y policías locales, entre otras de competencia estatal.