El profesorado canario desempeña su trabajo en unas condiciones precarias e infrahumanas, consecuencia de la desastrosa política que la Administración aplica en el sector: reduciendo a la mitad al profesorado de pedagogía terapéutica, responsable de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, necesidades que la Administración ha despreciado, como es público y notorio, ya que no le parece importante que a estos alumnos se les enseñe a valerse por sí mismos, aprendiendo cosas tan elementales como coger una guagua. Paralelamente, la Administración ha eliminado las prácticas de asignaturas experimentales como Biología, Geología, Física o Química, con lo que ha prescindido de más de 400 profesores, necesarios para desdoblar las masificadas aulas e impartir unas prácticas en unas condiciones dignas. Lo mismo hicieron con los profesores de Tecnología y con los profesores de los laboratorios de idiomas, aunque ahora demagógicamente amplíen su oferta idiomática. En total, más de 1.600 profesores se han quedado sin trabajo o han prescindido de sus servicios. A esto hemos de añadir la eliminación sistemática de las escuelas unitarias, para desarraigar a los alumnos de su medio natural, concretamente de las medianías, con el perjuicio directo en el sector primario, haciendo más dependiente si cabe nuestra maltrecha economía, frenando la soberanía alimentaria.
Con respecto a los contenidos canarios, todavía no se enseña en nuestras escuelas el magnífico y conceptual idioma que hablaron y escribieron los tinerfeños, canarios, gomeros, bimbaches, awaras y mahos, como ocurre en Granada, Barcelona, Madrid, París o Nueva York, aunque la Universidad española en La Laguna sí imparte árabe, japonés, inglés, francés, alemán, español, etc.
Cifras demoledoras cuyo resultado es el fracaso de casi el 40 por ciento de los estudiantes, fracaso del que únicamente es responsable la Administración, que invierte en educación un ridículo 3,9 por ciento del Producto Interior Bruto, la mitad de lo que debería invertir, porcentaje calculado con los datos de 2008, últimos publicados, aunque ya es sabido que la dotación presupuestaria para 2010 se redujo casi un 2 por ciento para el apartado educativo, a lo que hay que restar la parte correspondiente de la nueva exigencia del Gobierno colonialista metropolitano de reducir nuevamente las cuentas públicas por lo menos en 112 millones de euros, lo ofrecido al partido del falso Gobierno autónomo canario, incompetente-sin competencias, doblemente incompetente, a cambio del voto favorable a los presupuestos generales del Estado para 2010. El hazmerreír del Estado español, donde el ninguneo y la humillación política jamás habían alcanzado cotas tan desvergonzadas.
Para 2011 la reducción presupuestaria del falso Gobierno autónomo se aproximó a los mil millones de euros. El presupuesto de 2012 a duras penas cubrirá medio año.
La conflictividad de la Administración con la comunidad educativa es continua, como la originada por el último de los denominados decretazos en contra de interinos y sustitutos, que llevó a los profesores a convocar manifestaciones en demanda de sus derechos, demanda que debe ir indisolublemente unida tanto a la dotación de infraestructura y recursos humanos en las aulas como a la justa homologación del profesorado. Sin embargo, la dirección tomada es justo la contraria, y los docentes, junto con el resto de funcionarios, vieron menguados sus emolumentos en un 5 por ciento.
Son demandas justas que asumimos y apoyamos, debiendo explicarse detalladamente las mismas a toda la comunidad educativa (alumnos, padres y profesores), así como a toda la sociedad, y que forman parte del desarrollo y aplicación de una única reivindicación general, el incremento del presupuesto para la educación hasta 7 por ciento del PIB.
Movimiento UPC