UNA de las circunstancias más encomiables que ha traído el nuevo Gobierno central es el interés que suscita. Dije en un artículo anterior que el país vivía una especie de expectación ante el discurso que iba a pronunciar Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Tras la abrumadora mayoría conseguida en las elecciones generales se esperaba de él una actitud firme, realista, ante lo que estamos viviendo, y la verdad es que en estos dos meses que han transcurrido nadie puede sentirse decepcionado. Hay quien esperaba que en su discurso Rajoy abordara los problemas que agobian a algunas comunidades autónomas, o que profundizara en la solución que va a tomar para remediar el paro o la deuda, posiblemente sin percatarse de que son tantos los frentes abiertos que su exposición habría durado cuatro o cinco horas; como los discursos de Fidel Castro.

Creo, de todos modos, que la actitud de Rajoy en el Congreso fue estudiada hasta en sus más pequeños detalles: se limitó a exponer a grandes rasgos cuáles iban a ser las líneas maestras que su gobierno iba a seguir, pero con un claro mensaje en su contenido que potenciaba sobremanera el papel de sus ministros. En el Gobierno de José Luis Zapatero hubo ministros que ejercieron su cargo como si sus departamentos no necesitaran su presencia. Era el presidente del gobierno -a veces José Blanco, como portavoz- quien recibía todas las críticas de los medios de comunicación, dando a entender de esa manera que los demás no tenían ni arte ni parte en la gobernación del país. En esta etapa, sin embargo, la impresión es distinta. No tenemos todos los días al señor Rajoy pontificando, como su predecesor, sobre los más diversos temas, queriendo poner su "santa mano" en todo el sistema que hasta entonces había señalado el comportamiento de los españoles, o arremetiendo contra los valores cristianos que habían sido nuestro norte y guía. Él, por el contrario, ha dado cancha a sus ministros para que sean ellos los que se enfrenten -es una manera de decirlo- a las opiniones encontradas de los partidos políticos, los medios de comunicación y el pueblo llano.

Siguiendo esa línea, en poco más de un mes hemos visto cómo la ministra de Fomento ha puesto su veto a la privatización de los aeropuertos de Barajas y El Prat; el ministro del Interior ha establecido ya cuál va a ser su actitud con ETA; el ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro su criterio respecto a Gibraltar; el ministro de Justicia ha planteado la posibilidad de que sean los notarios quienes casen y "descasen" a las parejas; el ministro de Economía ha dejado boquiabiertos a muchos que dudaban de las medidas que pensaba tomar para sanear las finanzas... y últimamente le ha tocado al ministro de Educación, que en declaraciones efectuadas el día 1 de febrero ha abierto la caja de Pandora diciendo que se cambiará la asignatura Educación para la Ciudadanía por otra que se llamará Educación Cívica y Constitucional. La razón que aporta el ministro es que "iba más allá de las nociones básicas y de los valores de pluralismo, libertad y democracia", objetivos que quizá escaparon, o no, al legislador, lo cual hace que la asignatura tenga una carga importante de adoctrinamiento. En definitiva, una asignatura hecha por un partido político, el PSOE, para propiciar los fines políticos de un partido, el PSOE.

No obstante, según los comentarios que he leído y escuchado en los medios, el ministro no ha dicho que vaya a quitar la asignatura en cuestión del programa educativo, sino a sustituirla por otra cambiando ligeramente su nombre y algunos conceptos conflictivos, lo cual me parece correcto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque he tenido la paciencia de leerme los títulos de los temas que aborda Educación para la Ciudadanía. Con algunos de ellos se puede estar o no de acuerdo, pero hay que reconocer que en el fondo contempla todos -o casi todos- los aspectos que deben presidir el comportamiento ciudadano. ¿Que luego algunos temas despiden un tufillo partidista y anticristiano? Bueno, esto resulta normal, pues todos arrimamos el ascua a nuestra sardina. El Partido Socialista no puede quejarse ahora de que los populares pretendan hacer lo que ellos hicieron en la anterior legislatura al adoptar muchas medidas antipopulares -aborto, gays, matrimonios entre personas del mismo sexo, memoria histórica...-. La democracia es así y hay que aceptarla como mal menor.