UNA NUEVA y feliz norma ha visto la luz en el seno del recién estrenado gobierno Rajoy que, hasta el momento, no convence a nadie; tampoco demuestra que las medidas adoptadas vayan a materializarse en algo positivo para el creado páramo español por el mesetario Zapatero y acólitos, ni haya indicios de una posible seducción entre la población que asiste, estupefacta, a los mismos errores cometidos por el anterior y nefasto Ejecutivo nacional, es decir, a opiniones encontradas de ministros. El del Interior, que la policía se pasó en Valencia; el de Justicia, que no; el jefe de la Policía calificó a los manifestantes de "enemigos" y el presidente, cómo no, pidió mesura. Rubalcaba, ahora, censuró la carga policial. Lo que el paso de los días ha aclarado es que los antidisturbios se extralimitaron en las funciones que les deben enseñar en alguna escuela. Como siempre ocurre, estaban presentes en la manifestación, iniciada ¡por falta de calefacción en un instituto!, los radicales de izquierdas que, junto a los de derechas, tienen la nociva misión de reventar cualquier concentración pacífica. Sea como fuera, en este tipo de incidentes siempre aparece en el horizonte cualquier confabulación que, sin duda, el tiempo borrará.

Siguiendo en el mundo de las maniobras políticas, hay una especialmente llamativa por las lecturas que de ella pueden extraerse. Como es costumbre en gobiernos de derechas y de izquierdas, ahora el presidente Rajoy ha dado un tímido paso al frente al reducir los sueldos de los directivos de las empresas del Estado (¡ojo!, aquí hay trampa) hasta 105.000 euros anuales, para las de gran tamaño; 80.000 para las medianas y 55.000 para las pequeñas. Nada se dice sobre los banqueros, directivos autonómicos, insulares y locales (otra trampa). Esta formidable reforma viene a revelar, sin tapujos, que el ciudadano español de a pie cobra 8.974 euros anuales, mientras los grandes capitostes de las empresas (con la banca mantienen una cariñosa relación) se embolsarán las considerables cantidades citadas. Pero no queda aquí la pasmosa ley. Este bienamado Gobierno nacional deja las ventanas abiertas a estos pobres indigentes para que puedan cobrar, además, un "complemento de puesto" y otro "complemento variable", del que nadie conoce por qué y cómo se aplica. Esto es, entre dos españoles existe una diferencia salarial teórica de 97.026 euros, cantidad que nos parece insultante para la clase trabajadora y vergonzosa para los distintos directivos que esquilman este yermo país.

Otros protagonistas de la política nacional son el expresidente Zapatero, a quien, después de no aplicársele ninguna medida ética o moral a raíz de la ristra de despropósitos y engaños cometidos con los españoles, se le premia con su ingreso en el Consejo de Estado, institución consultiva que apenas se reúne una vez al mes, pero que proporciona a sus miembros pingües emolumentos. Así, el ilustre leonés cobrará 72.800 euros anuales en el citado Consejo, más 74.000 en su condición de expresidente. Al margen, preside la fundación Ideas para el Progreso, en un despacho contiguo al de Felipe González, quien, al igual que José María Aznar, renunció a la remuneración del Consejo de Estado, ya que los dos asesoran a empresas privadas (loables decisiones). La ahora "modelo" María Teresa Fernández de la Vega sigue junto a Zapatero cobrando un poquito más: 170.000 euros anuales, algunos de los cuales irán a parar a necesidades estéticas (el otro día parecía una jovencita de catorce años -cosas de la televisión-).

Esta reforma, sin duda, atraca frontalmente al trabajador. Un 80 por ciento carga con los errores, mientras a un 20 apenas le afecta. A un adinerado que gane 140.000 euros le reducen el 35 por ciento y continúa recibiendo 105.000. Además, son los que establecen las cuentas de las empresas y, por tanto, los dueños del despido. Ahora bien, los sindicatos han interpretado, erróneamente, la distinción que la reforma hace entre el personal laboral fijo y los funcionarios de carrera, ya que los primeros pueden caer en un expediente de regulación de empleo, mientras que los segundos no. Hasta ahora la diferencia era meramente administrativa. Señores Toxo y Méndez: deberían explicar, sobre todo a los liberados, qué es un funcionario de carrera y cuáles son los caminos tortuosos que, inexorablemente, los conducen hacia una o varias oposiciones. A pesar de todo, parece que los sindicatos apuestan por seguir en la negociación. El mejor camino, sin duda.