Corre en estos días el debate de si se ha de sancionar penalmente a los gestores públicos que hagan incurrir en déficit los presupuestos de esta o aquella administración y/o empresa pública. Yo me apunto a la idea de que sí. No puede irse de rositas, generalmente tras haberse "forrado", aquel cargo público que, habiendo accedido al mismo tras manifestar su ofrecimiento y disposición a administrar correctamente los bienes puestos a su disposición en beneficio de los ciudadanos, incurre en endeudamientos, cuando no despilfarros, que generan una gravosa carga sobre los ciudadanos por años y años. Carga que no solo afecta a los ciudadanos contemporáneos con aquel elegido, sino que se encontrarán con ella ciudadanos que, a la sazón, no estaban en derecho de votar, e incluso todavía eran no natos.
No sé yo si lo que procede es una nueva ley específica o la reforma y corrección de lo que a tales efectos deba contener el actual Código Penal. Sea como fuere, algo hay que hacer al respecto. Un cargo público o un grupo de ellos (por aquello de la "disciplina" partidista) no pueden incurrir impunemente en tales desviaciones y/o despilfarros sin que se les pueda y deba sancionar penalmente e inhabilitar. La laxitud, benevolencia y aún picaresca nacional ha hecho posible este baile de millones y esta carga sobre el ciudadano actual y futuro.
Por carácter, siempre he estado en contra de endeudamiento alguno que pudiese afectar a mi familia en el futuro. La misma opinión mantenía en mi tiempo de concejal respecto del endeudamiento del ayuntamiento. Entendía que un endeudamiento de entonces suponía una seria dificultad de actuación a una nueva corporación que resultase de un proceso electoral. Quizás fuese que aquella corporación, o grupo político que la gobernaba, pensaba capear aquella decisión manteniéndose en el poder por siempre. Algo de esto ha debido de suceder a lo largo del tiempo en Andalucía. Para tales excesos hay que tener herramientas que puedan corregirlos, y aún advertir a otros para que no incurran; y esto ha de hacerse por el medio coercitivo que supone su correcta presencia en el Código Penal. No es bastante con que las elecciones puedan retirar de tales cargos a los actores, que también. Desgraciadamente, se hace necesario aquello de que el miedo guarda la viña. A tal decadencia hemos llegado.
Y pues que de despilfarro va, quiero hacer referencia a algo que me parece insólito. El pasado día 18 entrevistaba don Francisco Chavanel a don José Miguel Pérez (secretario general del PSC-PSOE), y en un momento de la entrevista don José Miguel se lamentaba de la falta de cualificación de nuestra mano de obra. ¿Dónde ha estado don José Miguel durante todo el tiempo en que miles de millones de pesetas de antes y millones de euros después se han dedicado, decían, a la cualificación de mano de obra canaria?