CONVIENE advertir la importancia de saber diferenciar entre municipio y ayuntamiento, porque en el debate que desde hace tiempo se está produciendo en la sociedad sobre la supresión de ayuntamientos se cita a los dos como si fueran la misma cosa, y no es así.

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término municipal con sus límites fijados y la población que lo habita, regulada jurídicamente por un instrumento estadístico llamado padrón municipal. El municipio está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, encabezado por una institución unipersonal, el alcalde, que ostenta la presidencia de la administración local y del pleno municipal, formado por los concejales, que, reunidos en pleno, ejercen la potestad normativa a nivel local. Por lo tanto, conviene recordar que no debe confundirse una cosa con la otra. Voy a centrar este pequeño trabajo en los ayuntamientos y lo que han expuesto -resaltando lo más significativo- en sus programas electorales las fuerzas políticas más representativas en el Estado español en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, en defensa y modernización de los mismos.

Si uno tiene la paciencia de leer los programas de las organizaciones políticas, pero centrándonos en el apartado de los ayuntamientos, no hay más remedio que reproducir las palabras del director del Centro Pwc/IE para la innovación del Sector Público, D. Julio Gómez Pomar, en el diario "Economía" del pasado 12 de octubre, y que son las siguientes: "Antes que suprimir ayuntamientos hay que pensárselo dos veces". Y digo esto porque ninguna fuerza política en sus programas electorales habla de suprimir ayuntamientos en España para la legislatura que acaba de comenzar.

En primer lugar, iniciamos las diferentes propuestas para los ayuntamientos con el programa de la fuerza política que ganó las elecciones, el PP. En el capítulo que titula "La administración, motor del cambio" expone que es urgente delimitar con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades y donde es preciso reconducir la prestación de servicios impropios -introduzco que ya la FEMP decía que en los presupuestos municipales el 30% se lo llevan estos denominados servicios impropios- mediante la atribución expresa de competencias y su financiación. También aboga el PP por una serie de medidas de las cuales resalto la siguiente dentro de la racionalización del gasto en las administraciones locales: homogeneizar la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales teniendo en cuenta la dimensión de los municipios, las circunstancias socioeconómicas del entorno y los recursos económicos administrados. Quiero añadir de forma personal en estas líneas que esta medida es muy razonable ante la demagogia de los que opinan a diario que el motivo principal del despilfarro en los ayuntamientos es que los cargos públicos cobran lo que le permite la autonomía municipal por sus responsabilidades públicas.

El programa del PP también expone con respecto a las corporaciones locales lo que llama "austeridad, evaluación y control", donde se lucharía para evitar los afloramientos del déficit ocultos en las corporaciones locales reforzando los controles internos y externos. Hay que resaltar un apartado interesante en el programa del PP que se titula "Ayuntamientos del siglo XXI" y un diagnóstico sobre este apartado que dice lo siguiente: "Una reflexión amplia sobre el papel que queremos asignar a nuestras corporaciones locales en las próximas décadas y sobre los instrumentos económicos y de gestión necesarios para hacerlo posible" con el siguiente objetivo: desarrollar instrumentos de colaboración entre municipios para facilitar que los de menor tamaño dispongan de las capacidades necesarias para ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad y de forma eficiente, fomentando su agrupación voluntaria a fin de prestar mejores servicios públicos; por lo tanto, se debería ejercer la siguiente medida: fomentar dicha agrupación teniendo en cuenta la capacidad organizativa y financiera para una prestación óptima de los servicios.

Este apartado es muy importante, porque el PP está apostando claramente por esa agrupación de municipios de forma voluntaria según sus capacidades, pero nunca por la supresión de los mismos. Esta visión es muy acertada, ya que entra en la realidad de los ayuntamientos pequeños y sus líneas de actuación organizativa en el futuro.

Veamos ahora la exposición del PSOE en su programa político sobre los ayuntamientos y su apuesta por ellos. En el capítulo V de su programa, denominado "Democracia", con el subapartado "Una administración pública más eficaz", expone que es necesario un impulso en la reorganización de los gobiernos locales, una nueva configuración de la administración local con carácter supramunicipal, un reforzamiento tanto público como técnico de los ayuntamientos, etc., y ahonda en un concepto que llama "modificaciones legislativas", donde dice que las mismas habrán de tener en cuenta la realidad de nuestra estructura municipal, ya que en España hay 5.791 municipios de menos de dos mil habitantes y que las leyes y reglamentos que se dicten habrán de adecuarse a las posibilidades de gestión de dichos municipios. Por lo tanto, vemos, una vez más, cómo las fuerzas políticas, y ahora concretamente el PSOE, tienen en cuenta toda la realidad de los municipios y sus ayuntamientos respectivos. Además, agrega lo siguiente el PSOE: las modificaciones legislativas contemplarán que los servicios no obligatorios para municipios de menos de cinco mil habitantes puedan ser prestadas mediante mancomunidades, comarcas, consorcios u otro régimen asociativo. Por lo tanto, y ahora nos situamos en Canarias, con esta aplicación, de los 88 municipios con sus respectivos ayuntamientos, 22 tienen menos de 5.000 habitantes, y de esos 22 solo 7 menos de 2.000 habitantes, una visión muy recomendable para casi un tercio de los municipios canarios si se aplicara esta reforma. Y en el papel de los municipios para el siglo XXI también el PSOE tiene su aportación, que es la siguiente: dicho papel para los municipios exige que cuenten con un marco legislativo y competencial adecuado, con una nueva ley de gobierno y administración local, así como un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas para reducir la estructura política de los ayuntamientos, comunidades autónomas y del Estado y la reducción de los cargos públicos representativos, garantizando, en todo caso, que se respete la proporcionalidad. Una vez más, otra fuerza política, como es el PSOE, prima la racionalidad y no el impulsivo debate de suprimir municipios por suprimir.

Con respecto a la organización política UPyD (Unión, Progreso y Democracia), tengo que decir que era la que consideraba más beligerante en cuanto a supresión de municipios en España, dada la trayectoria de declaraciones públicas de sus miembros, y para eso solo hace falta ir a las hemerotecas y poderlo comprobar.

Sin embargo, leyendo su programa político con respecto a los ayuntamientos, manifiesta lo siguiente: el Art. 56 de su programa, punto 3.3, habla de la administración local y aboga por abordar de manera inmediata la reforma de la administración local, dotándola de un nuevo modelo de financiación. Además, expone que los municipios aumenten su participación en los tributos del Estado y también de las CCAA; de igual modo defiende la limitación clara de las competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas para evitar "competencias impropias" -aquí vemos casi una idéntica exposición con lo que defendía el PP en cuanto a esas denominadas "competencias impropias"-. También expone la modificación de la LBRL (Ley de Bases de Régimen Local) para fijar taxativamente los servicios mínimos que deban prestar los ayuntamientos.

Aquí hago un inciso: creo que la actual LBRL de 1985, desde sus artículos 25 al 26, establece cuáles son esos servicios mínimos obligados a las corporaciones locales, segmentándolos por número de habitantes. Por lo tanto, creo que en esta ley ya están clarificados. Otra cosa es que los municipios y sus ayuntamientos nunca hayan tomado al pie de la letra su contenido. También esta organización política en dicho programa defiende una financiación de los ayuntamientos que garanticen la suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias de forma trasparente y clara, así como el establecimiento de una escala salarial con umbrales máximos y mínimos para todos los cargos electos de las corporaciones locales, así como su personal de confianza de libre designación asociado al cargo, en función de su población y otros indicadores objetivos, etc. Por lo tanto, esta organización política dista mucho de los pronunciamientos de sus cargos antes de las elecciones y lo que ha plasmado en su programa político para el 20N. Reitero, es la organización que observé más beligerante con la supresión de los ayuntamientos.

¿Y qué dice IU en su programa político sobre los ayuntamientos? Pues habla de la autonomía financiera de las administraciones locales con un pacto con la FEMP sobre el objetivo 3/3, es decir, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos, una ley de financiación local que defina los recursos y las competencias de las administraciones locales, una defensa de los ayuntamientos con una reorganización de las actuales estructuras del gasto, ya que hay ayuntamientos asumiendo competencias impropias -yo diría que todos los ayuntamientos las están asumiendo- y algo muy importante del programa político de IU y que quisiera resaltar: que se respeten las particularidades insulares (cabildos), ante el debate de la supresión de las diputaciones, y que se fomente la creación de mancomunidades de servicios de los ayuntamientos. Esta última exposición de IU vuelve a incidir hacia dónde deben ir los ayuntamientos de una forma racional en su organización, administración y realidad del gasto de los servicios entre los ayuntamientos de iguales características.

Por último, está la organización política a la que pertenezco, es decir, CC (Coalición Canaria). Y... ¿qué dice al respecto de los ayuntamientos? Pues una mejor definición de la organización territorial de las CCAA que se articule sobre las Islas y los municipios, un nuevo estatuto de autonomía donde se debe resaltar la relevancia de los cabildos e, igualmente, dice que se debe definir a los municipios como entidades básicas locales que gozan de personalidad jurídica y autonomía, así como establecer con claridad las competencias propias de los ayuntamientos.

Estas propuestas se parecen mucho a las que planteó la Fecam en 2006 en la reforma del Estatuto de Autonomía, pero con una mayor profundidad de explicación y visión municipalista, y donde decíamos que las propuestas de la Fecam, si se lograban introducir en el texto, como así se hizo, con respecto al que se llevó al Parlamento español, estaríamos en la vanguardia del municipalismo español.

Conclusiones: puedo decir como municipalista -ese siempre ha sido mi recorrido político- que ningún partido ha abogado en sus programas por la supresión de los ayuntamientos, sino que se llega mucho más allá, dando una visión del papel que deben jugar en el siglo XXI. Caso novedoso por citar algo es la exposición del PP cuando plantea la idea de agrupación voluntaria de municipios a fin de prestar mejores servicios. En definitiva, una cosa es el debate abierto, y a veces irracional aprovechándose de las circunstancias actuales económicas para entrar en el demagógico ayuntamientos sí, ayuntamientos no; y otra el parecer de los partidos políticos en sus programas al hacer frente al debate de la desaparición de una de las administraciones más importantes, que constituye la parte básica-estructural de lo que significa Estado.

Ahora bien, todo cambia en estos tiempos de la noche a la mañana con imposiciones exteriores a los Estados y gobiernos desde Europa. ¿Puede comprometer cualquier decisión que marque Europa al PP su visión de los ayuntamientos del siglo XXI y se vea en la tesitura de no cumplir con su programa en el tema de los ayuntamientos? Es decir, si se impone de Europa la supresión de ayuntamientos, ¿el PP reivindicará su programa en este aspecto o, por el contrario, aplicará la misma medida que ha hecho sobre el IRPF, entre otros incumplimientos que no llevaba en su programa? Me refiero al PP solo porque es el que tiene la responsabilidad de gobernar actualmente en el Estado español, y la presión de Europa hoy pone en cuestión la flexibilidad de nuestro sistema constitucional. No nos olvidemos que tanto el PP como el PSOE el año pasado pactaron una modificación constitucional por imperativo de la UE. ¿Pactarán los dos de nuevo un cambio constitucional de esta envergadura? Yo sugiero, desde la humildad de un exalcalde de un municipio de 5.400 habitantes, que si eso se produjera que se tenga la valentía y transparencia de convocar un referéndum donde todos y todas los ciudadanos de España voten a favor o en contra. Seguro que por mucho que lo diga Europa el sentir municipalista español daría resultados extraordinarios a favor de los ayuntamientos.

Por lo tanto, termino con la reflexión que hacía D. Julio Gómez Pomar y que mencioné al principio de este trabajo: antes de suprimir ayuntamientos hay que pensárselo dos veces.

y expresidente de la FECAM