LOS EXPERTOS en materia judicial y los políticos de andar por casa suelen decir que no es conveniente legislar en caliente, eso dicen; sobre todo después de que sucede una tragedia -como de hecho aconteció en 2009 tras la desaparición y posterior muerte de Marta del Castillo-, o una sentencia manifiestamente injusta e indignante para esos mismos padres -como la acaecida tan solo hará unos días-, para evitar legislar en función de lo que la gente en cada momento quiera exigir. Eso dicen; claro está que entre ambas fechas han pasado tres largos, penosos y angustiosos años de soledad e incertidumbre para esos padres y familiares de Marta, sin que las autoridades políticas, judiciales y policiales les hayan reconfortado en ninguno de los aspectos que estos exigían. No han encontrado el cadáver de su hija, no les han devuelto la integridad moral que les arrebataron miserablemente, ni siquiera han sido capaces de condenar como se merecía al asesino confeso de su hija junto a los cómplices.

Más de tres años han tenido los representantes del pueblo, para dejar enfriar las exigencias de toda una sociedad que respaldaba, y aún apoya, a la familia de Marta, y legislar en función de unas demandas que tan solo pedían que se adecuara el Código Penal al sentido común. Entre las peticiones que en su día la familia le pedía al gobierno socialista de Zapatero, el cual evidentemente no solo no ha hecho nada en materia económica, sino tan siquiera en materia judicial, se hallaba la necesidad de solventar el actual vacío legal que existe con la realización de un referéndum para modificar el protocolo judicial, así como un endurecimiento de las penas en el caso de que las víctimas fueran menores de edad.

En la actualidad, y los hechos así lo demuestran, las actuales leyes son superadas con creces por los criminales; sobre todo en lo concerniente a sucesos relacionados con los menores de edad y con los más mayores; que, en definitiva, son los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, por lo que deberían tener una mayor protección legal. En definitiva, no deja de ser responsabilidad del Estado oír a la sociedad en sus necesidades y demandas y, en función de estas, poner en marcha las reformas necesarias para evitar que cualquier vacío legal sirva para que determinados asesinos y/o malhechores la desafíen y acaben burlándose de ella.

En este caso que nos ocupa y preocupa, un asesino y sus cómplices se han reído, desvergonzada y chulescamente, del propio sistema, de la policía y hasta de los jueces; pero, por desgracia, también lo han hecho, en un tono cruel y desafiante, con la propia víctima y con el dolor de sus familiares más directos, al no ser capaces de colaborar en la localización del lugar donde se encuentran los restos de Marta. Esta sentencia ha puesto en evidencia, además, al propio Ministerio Fiscal, el cual, al depender políticamente del Gobierno de turno, en este caso, del socialista de Zapatero, mientras en un caso de menor trascendencia, como es el caso de los puñeteros trajes de Camps, se le destinan nada menos que tres fiscales, para el caso de Marta del Castillo apenas sí contaban con uno, el cual, y tras pedir 52 años para Carcaño, la Audiencia Provincial de Sevilla le ha "recompensado" su "dedicación y entrega" con apenas veinte años.

Ahora, en caliente, es cuando hay que comenzar a opinar, pero también a legislar y a revisar urgentemente la actual legislación, para evitar que hechos tan luctuosos y sangrantes como estos se puedan volver a repetir. Una sociedad libre y democrática no puede estar al arbitrio de unas personas que se amparan impunemente en la propia ley para salir indemnes de sus atrocidades y de sus crímenes. La ley no puede ser generosa con los verdugos e injusta con las víctimas. Hay que acabar con la impunidad de los asesinos, tengan la edad que tengan e independientemente de sus razonamientos delictivos, para evitar, precisamente, que sus acciones terminen por convertir en loable y verosímil lo que a todas luces constituye una afrenta a las víctimas y al conjunto de la sociedad. De nada sirve tener un código penal riguroso si tenemos una justicia que no funciona o, peor aún, una policía politizada e ineficaz.

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