Para cuadrar las cuentas públicas y encarar una desviación del déficit del Estado de dos décimas respecto al objetivo impuesto en 2011, el Gobierno aprobó en el primer Consejo de Ministros de esta legislatura, el pasado día 30, un programa de ajustes sin parangón en la historia de la democracia.

Llevar el déficit en 2012 al 4,4% desde el 8% con el que se estima ahora que se cerró el ejercicio 2011 requerirá, de entrada, medidas impopulares como una subida de impuestos (IRPF e IBI) a la que se había opuesto el PP hasta hace diez días. Sumada a la reducción de gasto público, permitirá un ahorro al Estado de 15.000 millones, aunque habrá que llegar como poco a los 36.000, por lo que se esperan más ajustes de aquí a marzo.

Con el objetivo de analizar la conveniencia y el impacto sobre la evolución de la economía de estas primeras decisiones del Gobierno, EL DÍA ha invitado a representantes de la política y de los empresarios y sindicatos de las Islas a participar en su debate semanal.

En él intervinieron el presidente de la Federación de Empresarios del Metal y las Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García Martínez; el titular de la Federación de Comercio de Tenerife y de la Confederación Regional de Comercio, Luis de Miguel; el secretario general de UGT-Tenerife, Fernando Dávalos, y el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge. Por los partidos políticos participaron la diputada regional de CC por Tenerife Flora Marrero; el consejero de Carreteras y Paisajes del Cabildo de Tenerife, el socialista José Luis Delgado; el concejal popular del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Alexis Oliva y, como representante de UPyD, Manuel de Prado.

Para José Luis García Martínez, las medidas parten de una situación "casi de bancarrota" del Estado que impide al Gobierno afrontar los problemas económicos. "Tendrán que venir muchas más para que no desaparezca el estado del bienestar", advirtió. La clave de esa situación reside, a juicio del presidente de Femete, en que las empresas sufren "una tremenda falta de trabajo" que repercute en la supresión de gastos "no esenciales" y de personal, admitió.

También desde la óptica empresarial, Luis de Miguel incidió en la repercusión que tendrá la subida de impuestos aprobada en el primer Consejo de Ministros de esta legislatura sobre las decisiones de compra de los consumidores. "Peor momento para anunciarlo no se pudo elegir", indicó en referencia a las Navidades.

"Se está retirando dinero para consumo, y no lo entendemos porque, si se deja de comprar, habrá más cierres y despidos", abundó el titular de Fedeco, que abogó por "compensar" la mayor presión fiscal con medidas que reactiven la demanda, "que tiene el susto metido en el cuerpo", advirtió.

"Tenemos la deuda que tenemos y unos límites y plazos establecidos para reducirla. Mientras exista esta norma, habrá que cumplirla para evitar peores consecuencias", expuso Carmelo Jorge, quien, dicho esto, se mostró en contra de que el control del déficit engendre una "obsesión dogmática".

Ante la disyuntiva de disminuir el gasto o aumentar los ingresos para cuadrar las cuentas, el secretario de Economía de CCOO-Canarias abogó por "tocar a la vez las dos teclas". Es lo que ha hecho el Gobierno, reconoció, pero con un "marcado carácter antisocial" por las partidas sobre las que se han aplicado recortes.

Jorge subrayó que la mayor carga para la Administración son los casi cinco millones de parados. Teniendo como referencia el objetivo de aligerarla, consideró que a las primeras medidas del Gobierno popular les faltó orientar parte de la mayor recaudación fiscal a "inversión productiva".

Fernando Dávalos coincidió con el representante de CCOO en que el plan para atajar el déficit tiene un sesgo "tremendamente injusto" porque incide en "los sectores más necesitados de la sociedad", como ejemplifica, concretó, la congelación del Iprem.

El secretario insular de UGT mostró su "preocupación" por los ajustes aplicados sobre el funcionariado, en especial por la regresión de derechos, dijo, que supone el aumento de su jornada laboral. "Una medida que, al contrario que la subida de impuestos, no es temporal y que se va a quedar ahí".

También advirtió de que la no reposición de empleados públicos incidirá en la prestación de servicios, y además se decreta, opinó, sin atender a la rentabilidad de funcionarios como los inspectores que luchan contra el fraude fiscal.

Dávalos indicó, asimismo, que congelar el SMI no guarda relación con el ajuste del déficit público y, como Jorge, echó en falta medidas de estímulo a la economía y el empleo, "que son las que primero necesita este país".

José Luis Delgado considera, por su parte, que las medidas anunciadas por el Estado "no son adecuadas" porque no van a generar más empleo y, además, piensa que solo van a empeorar la situación hasta empujar al país al "borde del abismo" de la recesión. "Vamos a un pozo", lamentó.

Delgado incidió en que Mariano Rajoy prometió en la campaña electoral que no subiría los impuestos porque se generaría más paro. "Es inexplicable que no haya anunciado él mismo la medida y recurriera a otros para hacerlo", criticó.

Manuel de Prado también arremetió contra la subida del IRPF del Gobierno central. "Una persona que gane 2.000 euros al mes se queda con cerca de 800 euros después de pagar la hipoteca y otros gastos. En su tramo tributario, la subida impositiva supone cerca de 80 euros adicionales, lo que es cerca del 10% de su disponible para gastar, por lo que se retrae el consumo", explicó. Por ese motivo "pueden venir más cierres de empresas y desempleo".

Además, criticó que el Gobierno haya alegado que, de no haber tomados las medidas, Europa se las habría impuesto. "Es verdad que hubiera habido presiones, pero lo que nadie dijo es cuáles había que tomar". Como en otras ocasiones, defendió la conveniencia de fusionar ayuntamientos y mejorar la eficiencia del gasto en las autonomías antes que subir los impuestos.

Alexis Oliva justificó, como cabía esperar, las iniciativas de austeridad de Rajoy. "La situación es muy mala", explicó, y hay dos problemas básicos: el paro y la falta de financiación. Por eso, defendió la adopción de medidas que, según apuntó, mejorarán la competitividad del mercado laboral español, por una parte, y facilitarán la llegada del crédito gracias a la contención del gasto, por otra.

"El PP no está cómodo con estas medidas, pero hay que hacer lo que se necesite: lo fundamental es tener credibilidad" para reorientar la economía al crecimiento, insistió. "Se necesita un pacto para acordar no gastar más de lo que se dispone", añadió.

Precisamente, para Flora Marrero "lo más preocupante" del discurso del PP para justificar su medida es que alegue que el Gobierno tomó medidas que no le gustan. "Si sabían que Rajoy iba a salir elegido, ¿Por qué no dijo lo que iban a hacer en el discurso de investidura?", se preguntó. "Es una incoherencia y una improvisación. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante?", inquirió con preocupación.

En su segundo turno de intervención, García Martínez valoró que se haga un esfuerzo por adaptar la Administración a las actuales circunstancias: "No podemos seguir viviendo como hasta ahora".

Asimismo, confió en que el PP pueda atajar la crisis económica. "Levantó el país en 1996 y lo dejó en una situación muy buena", dijo, aunque puntualizó que su afirmación se basaba "solo en la gestión, no en el color político".

Apostó por que el nuevo Ejecutivo apoye a los pequeños empresarios para solucionar la crisis laboral: "Hay que darles confianza para que, a su vez, aporten seguridad y continuidad al empleo".

En la misma línea, el presidente de Coreco hizo un llamamiento a respaldar a las pymes y los trabajadores autónomos, que "se olvidan cuando pasan las elecciones; incluso ha desaparecido la palabra Comercio de los títulos de los ministerios, cuando es un sector que aporta muchísimo al PIB", recordó.

En el capítulo de la reestructuración del sector público, De Miguel rechazó que se eliminen administraciones en Canarias, aunque sí cuestionó las diputaciones peninsulares y que se solapen determinadas competencias.

Además, discrepó respecto a que, como sostiene el PP, el incremento del IRPF aprobado el día 30 afecte principalmente a las rentas más altas y se mostró a favor de incrementar el control de la economía sumergida.

Al hilo de lo expuesto por Oliva, Jorge puso de relieve que "el gran problema" de la economía española es ligar la competitividad a los costes y los precios. "La primera piedra -continuó- que hay que tocar en este país es saber en qué y cómo queremos competir".

En este sentido, reclamó "un gran pacto nacional" que destierre "la tentación de rentabilizar la discrepancia. Esto no lo arregla ningún Gobierno. Es un problema de los ciudadanos de este país y debemos solucionarlo entre todos. A los mercados llegará un mensaje de confianza y se pondrá un límite a su capacidad de presión cuando vean que todo este país está de acuerdo".

El representante de CCOO criticó, siguiendo su argumento, que el PP siembre dudas sobre la gestión del Ejecutivo anterior, así como que se tome como "dogma" que no se debe gastar más de lo que se tiene. "Si no lo hacemos, nunca invertiremos con el objetivo de ingresar más", comentó al respecto.

Sobre la posible subida del IVA, Jorge señaló que los impuestos "no son el demonio: son el mecanismo que permite tener políticas de igualdad, desarrollo, sanidad, educación o infraestructuras que sirven para generar negocios".

Dávalos también subrayó la necesidad de lograr un consenso para afrontar la crisis, aunque sobre la base de que "los esfuerzos que se pidan sean justos y equitativos; solo así se logrará hacerlos y habrá confianza". Aparte, pidió "originalidad" para acordar soluciones "que no sean las de siempre. No se ha conocido crisis como esta, por lo que no podemos seguir ajustando las rentas del trabajo. ¿Qué pasa con las entidades bancarias y las transacciones financieras?", se preguntó el representante de UGT.

Mientras que Delgado insistió en que "sin empleo no hay salida a la crisis" y condenó que el Gobierno "haya faltado a la verdad" por la subida de los impuestos, De Prado ironizó que la "principal" preocupación del PP y del Ejecutivo -el desempleo- no haya sido el objetivo de las primeras medidas aprobadas.

Oliva remarcó que debe abrirse un debate sobre la viabilidad de las administraciones porque, tal y como están estructuradas ahora, "no pueden seguir" debido a su coste, si bien aclaró que no aboga por la desaparición en concreto de autonomías o ayuntamientos.

Flora Marrero concedió que la prioridad es el empleo y que se necesita un cambio. "Lo que no sabemos es hacia dónde quiere ir el Gobierno. Se necesita dialogar", concluyó la diputada.

C. ACOSTA Y J. GARCÍA Fotos: MARÍA PISACA