EL OTRO día trancaron a un furtivo en Aguamansa; un barrio de La Orotava lindante con la corona forestal de Tenerife. Ignoro lo que le habrá sucedido pero en ningún caso le envidiaría su suerte porque en ningún caso, redundo a propósito, podrá ser tan buena como la disfrutada en su día por Mariano Fernández Bermejo después de que también lo sorprendiesen cazando en una montería sin licencia; es decir, cazando igualmente de manera furtiva. Cierto que el señor Fernández Bermejo no era un desarrapado echado al monte. Era el ministro de Justicia, ojo; y antes había sido fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Acaso por eso, o por otras razones que jurídicamente se me escapan, el Tribunal Supremo ni siquiera admitió a trámite la querella presentada contra él por un presunto delito relativo a la protección de la fauna; por furtivismo, para que nos entendamos todos. La Junta de Andalucía le puso una multa de 2.000 euros -imagínense el gran quebranto monetario que supone para el sueldo de un ministro una multa de 2.000 euros- y a correr.

Personalmente el caso del ex ministro y fiscal Bermejo me queda un poco lejos. No sucede lo mismo con una señora fiscal de Las Palmas que el martes pidió una indemnización de 10.000 euros por un artículo de quien esto escribe. Nada que objetar, pues una representante del Ministerio Público es dueña de calificar como delictivo lo que considere oportuno. Concurre, no obstante, la circunstancia de que me enteré del asunto al leer, por motivos estrictamente profesionales, una bazofia digital en la que se denigra casi diariamente al editor de este periódico. Y no solo a José Rodríguez. A mí se referían ayer mismo como el Sancho Pancha autor de un insultante artículo. Insulto consistente en que en su día dije que no parecía lícito, o al menos ético, que un señor conviviente con una jueza publique informaciones sobre procesos judiciales delicados que, además, se están viendo en el entorno profesional en el que desarrolla su actividad su compañera sentimental. Nada nuevo, pues ya intervino en su día el CGPJ ante el libro escrito por la periodista Elisa Beni en el que cuenta el proceso por los atentados del 11 de marzo que presidió su marido, el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Parece, no obstante, que la justicia que se aplica en Madrid y en el resto de España es distinta a la que se aplica en Canarias; o al menos en Las Palmas. De otra forma no se entiende -uno de los letrados de EL DÍA no cabía el martes en su asombro por lo que acababa de presenciar en ese juicio- que una fiscal proceda contra mí en una vista oral con total desconocimiento por mi parte de que también yo, al igual que Andrés Chaves, estábamos siendo procesados junto a José Rodríguez. ¿Quién nos comunicó esto para que, cuando menos, tuviésemos la oportunidad de alegar algo en nuestra defensa? Aquí te cojo, aquí te liquido. El día menos pensado se presenta la fuerza pública en mi casa para llevarme a Tenerife dos por haber sido condenado en un juicio del que hasta ese instante no tenía noticia.

Lo peor, y esa es la razón primera y última de este artículo, es que, o arreglamos esto, o lo que hoy le está sucediendo al editor y a dos columnistas de EL DÍA, mañana puede ocurrirles a cualquiera de ustedes. Tiempo al tiempo.