MIENTRAS el Gabinete de Zapatero se hunde, envuelto en el laberinto de la deuda pública y la prima de riesgo que habremos de pagar, acosado por los jueces por el uso alternativo de la ley o el abuso de su incumplimiento, algunas ratas huyen de la agujereada chalupa sociata, mientras sus capos tratan de colocar a los que tienen que seguir manteniendo un chiringuito que va a ofrecer ya menos oportunidades. Después de la gran debacle electoral de las legislativas del próximo 27 de noviembre, no habrá mamandurria para tanto "colocado" que no dispara ni chícharo, y por eso algunos se corren las últimas juergas que son el hazmerreír.

Como "el dinero público no es de nadie", que dijo "la Maleni", pues eso. Fletamos un chárter lleno de mariscos para comerlos a bordo de un "bateaumouche" en el Sena, o gastamos con el colega de IU más de 4.000 euros en mariscadas.... y así se cuentan a miles, las anécdotas de una interminable lista de los abusos de poder, de la utilización y el desperdicio del dinero de todos, que se va a convertir en la "causa general" de estos más de siete años de "deconstrucción" de España, como les gusta decir a los retroprogres.

Una causa general que acabara teniendo repercusiones judiciales, aunque sus presuntos implicados se vayan ahora de rositas e incluso tengan preparadas pensiones de lujo. Ejemplo son los millones de euros que ha costado darle un puesto en la ONU a la exministra Aído; la pasta que se llevan los expresidentes no solo del Gobierno central, sino también autonómicos y otros altos cargos, sea de por vida o durante un tiempo tasado.

Ya es llegada la hora, Pepe Ignacio, y no hemos visto ni oído que los autodenominados "indignados" de Rubalcaba lo hayan planteado, de que los políticos sean sometidos a un control más estrecho por la ley durante su mandato. Y de que la ley pueda exigirles que paguen civil y penalmente por lo que hicieron mal. Al estilo de Islandia, que está juzgando a su expresidente por su mala gestión económica.

No es de recibo que en países donde los políticos son profesionales de la política cometan tropelías y tomen decisiones que condenen al hambre a generaciones de ciudadanos, mientras sus responsables se retiran a sus mansiones, e incluso a ocupar puestos de dorada jubilación , pagados por el erario público, o por empresas privadas que hacen negocio con lo público.

Los que han desprestigiado la marca España han rendido a la nación al terrorismo y al separatismo; nos han conducido a un empobrecimiento colectivo como el que padece más de un tercio de su población; han cerrado las expectativas de desarrollo del tercio más joven e inquietado estos años a quienes estamos en el último recodo del camino. No pueden salir indemnes.

Quienes se comportaron como ahora se va descubriendo en la revisión de la causa del 11-M, todavía no aclarado; los que montaron el chivatazo a la ETA (caso Faisan que se le ha atragantado al Gobierno) para facilitar que la rendición del Estado a la banda terrorista fuera posible; quienes han adoptado y promovido leyes, decisiones, gestiones... que han causado tan graves males económicos, sociales e incluso personales a millones de españoles no pueden, encima, tener la libertad de dedicarse a agitar a las masas en tiempos de tan grave crisis política, económica, social y moral como la que han sumido a la nación durante sus siete años de desgobierno.

Están más que "calados". No pueden utilizar los recursos que pagamos todos, para impedir que sea posible salir de este marasmo que nos va a exigir décadas de esfuerzo, sacrificios y recortes en nuestro apenas disfrutado Estado del bienestar. Nunca más deberá ocurrir que unos gobernantes gasten por encima de lo que ingresan. Y mucho menos debemos consentir que se dediquen a esa agitación callejera que ya preparan las turbas de "indigna-sunos", sindicatos bien nutridos con el sudor de los parados y los paniaguados bien colocados en las poltronas de sus pensiones, o en puestos de retirada, o en tribunas bien retribuidas. Porque ellos mismos se fijaron los sueldos y prebendas, o porque se los pagan los que favorecieron durante sus mandatos para que hicieran negocios con el dinero de todos.

Han sido, Pepe Ignacio, más de siete años de revancha y de desquite, de incumplimiento del pacto constitucional de 1978, cuya Constitución han modificado sin seguir los trámites previstos en ella para cambiarla. Años de dinamitar la unidad nacional, de ruptura de su unidad de mercado, de profundizar en la desigualdad entre los españoles, según la región en la que se instalaran a vivir. Años de "deconstruir", como les gusta decir los que se autodenominan progres. Han enseñado a las nuevas generaciones lo peor del socialismo, renunciando a lo más constructivo de la apenas "deconstruida" socialdemocracia que intentó montar Felipe González, que ha dicho esta semana que no simpatiza con este socialismo. Suponemos que tampoco con el de Chaves o Bono.

O se avienen los socialistas decentes, que son muchos afortunadamente, a un pacto nacional para salir de la crisis global que han provocado sus conmilitones, un pacto que implique reforma constitucional y un compromiso que garantice la igualdad de los españoles ante la ley y el sometimiento de todos a ella, e impedir un uso alternativo del Derecho, como ellos han practicado cada vez que han tenido el poder; o, si pretenden reconquistarlo por la violencia y la explotación de la indignación social en la calle que ellos mismos han provocado y tolerado, tendrán de nuevo una segura derrota.

Por eso es tan importante, en aras de la convivencia, que del Rey a las últimas de las instituciones arbitrales de la nación a las que aún les quede un mínimo de respeto por España apoyen una salida pacífica de este marasmo sin rendiciones a los terroristas, a los nihilistas, ni a quienes pretenden convertirnos en el enfermo de esta Europa que también se deshace como un ilusorio espejismo.