EL PRESIDENTE del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, siempre ha defendido, a pesar de la oposición frontal del PP y del PSOE, que el trabajo que se creara en Canarias fuese para los canarios. Parece una obviedad, pero no lo es cuando las tasas de paro superan el 30 por ciento.

El deseo del presidente debe ser desarrollado legislativamente para que tenga una aplicación práctica. El actual Estatuto de Autonomía de Canarias prevé, en su artículo treinta y siete, la posibilidad de hacer propuestas al Gobierno sobre la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias. El Parlamento de Canarias puede y debe proponer en la próxima legislatura la regulación de las condiciones en las que pueden trabajar y residir los extranjeros en las Islas.

Además, el Estatuto debe ser modificado para asumir nuevas competencias en las materias de residencia y trabajo y delimitar por fin, casi 30 años después de su aprobación, nuestro territorio y su separación con Marruecos. Una de las competencias que debería incorporarse como exclusiva de la Comunidad es la regulación de las condiciones para el trabajo y la residencia de los extranjeros en Canarias, porque nuestro territorio es pequeño y está superpoblado.

Los extranjeros representan ya más del catorce por ciento, trescientas mil personas, de la población total del Archipiélago, que supera los dos millones, lo que supone una densidad superior a los doscientos ochenta y cinco habitantes por kilómetro cuadrado, tres veces más que la española.

Solo estos datos merecerían que se abriera inmediatamente en Canarias un proceso de reflexión para limitar la libre residencia de los extranjeros en las Islas. La tasa de paro más alta de España, el treinta por ciento, diez puntos por encima de la media nacional, y trescientos mil parados son razones más que suficientes para priorizar el trabajo que se cree en Canarias a favor de los canarios.

No se trata de hacer demagogia ni en un sentido ni en otro, sino de resolver un problema real, basándonos en datos objetivos. Los diputados populares y socialistas canarios deben dejar de pensar en España y ocuparse de uno de los problemas más importantes de Canarias, la superpoblación, que ha hecho que el paro se dispare con la crisis económica.

Los parlamentarios autonómicos que sean elegidos el 22 de mayo no deben repetir los mismos errores que los anteriores, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en nada, ni en la elección de las instituciones que dependen del Parlamento, y ser más conciliadores y pragmáticos, para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ellos.

El debate sobre la población y el trabajo de los extranjeros en Canarias será seguramente uno de los temas más importantes que se debatirá en la nueva Cámara. Espero que los parlamentarios populares y socialistas estén a la altura de lo que les demanda Canarias y no antepongan falsas cuestiones ideológicas o trasnochadas consignas nacionales de sus partidos, que impidan que se regule de una vez, antes de que sea demasiado tarde, la residencia y el trabajo de los extranjeros en Canarias.