LA CONOCIDA como Ley Sinde (en realidad un pedacito de otra ley que regula la forma de cerrar páginas de internet españolas que enlacen películas y música, sobre todo) sigue dando coletazos en Internet, porque un colectivo de ciberactivistas ha decidido que los partidos que la votaron han de pagar un precio electoral por ello: "#Nolosvotes" es su bandera.
Parecería que nada hay que objetar a esa iniciativa en un Estado democrático. Y, en puridad, no lo habría si esos luchadores de la libertad no hubieran caído en manos de auténticos antisistema, que ven en el río revuelto una ganancia fácil de pescadores. La historia demuestra que cuando las posiciones se precipitan hacia las palabras gruesas, insultos y descalificaciones los extremos se tocan, sobre todo si son muy extremos.
Creo -vaya por delante- que la llamada Ley Sinde es una soberana torpeza. Durante mucho tiempo mantuve mis dudas sobre su propuesta; porque era necesario conciliar las llamadas libertades de acceso a internet con el legítimo derecho de los que quieren ver bien remunerados sus trabajos o sus obras. No parecía adecuado que mientras ellos ven disminuir sus ingresos drásticamente, unos pocos portales de la red se enriquecen por una labor de intermediación gratuita para el usuario, pero bien remunerada por los grandes beneficios que se obtienen cuando se logra un tráfico alto en internet.
La historia ha demostrado muchas veces que hay problemas a los que las leyes no pueden responder bien cuando la realidad (en este caso la tecnología) se empeña en ir por otro lado. Hay situaciones en las que solo un giro del modelo de negocio en el mercado cultural puede ofrecer salidas mutuamente beneficiosas para todas las partes.
El viejo artefacto llamado télex nunca hubiera sobrevivido por muchas leyes que hubieran limitado el uso del fax. Y las decandentes ventas de fax nunca podrán ser salvadas por norma alguna ante el avance imparable del e-mail; hasta que este sea desbancado por por fórmulas como las redes sociales u otras. Los soportes en disco de obras digitales van a correr la misma suerte, por mucho que los congresos y senados de todo el mundo se pongan a hacer juridicamente el pino.
La Ley Sinde es un ridículo intento de detener la historia. Es fruto de las legítimas presiones de las industrias culturales (cine y música sobre todo), de las entidades de gestión de los derechos de autor y de los tirones de orejas nada legítimos de la Embajada Americana en Madrid. Pero no va a generar sino más burocracia. Y además frenará la nececesaria reconversión de esos sectores hacia modelos de micropago, de menos de un euro por obra, o de abonos temporales, en unos casos, o de gratuidad en otros.
Pero si la Ley Sinde es una de las más enredadas chapuzas de la legislatura, la rebelión anti-LeySinde apunta ahora a convertirse en una Casa de Tócame Roque; aquella, dice la RAE, "en la que vive mucha gente y hay mala dirección y el consiguiente desorden".
Los ciberactivistas que mantuvieron una larga batalla contra la ley han cometido el error de impulsar o sumarse a un movimiento que, bajo el grito de guerra #nolosvotes en Twuitter y otras redes sociales, llama a retirar el voto a PSOE, PP y CiU por haber refrendado esa norma.
Internet es bueno (lo estamos viendo en todo el mundo) para opononerse a las injusticias o a las torpezas; pero no se han desarrollado en su seno herramientas o métodos tan eficaces para sacar adelante propuestas constructivas, que necesariamente requieren de organizaciones representativas, con capacidad de interlocución y de negociación para alcanzar ese mínimo común denominador que le sirva a la mayoría. Funcionan solo cuando la llamada "inteligencia de las multitudes" es canalizada por alguna organización del tipo que sea.
Por analogía, Wikileaks puede contribuir a aumentar el nivel de transparencia en un mundo paradojicamente más opaco cada día; pero ni tiene potencia ni legilimitad para cambiar por sí misma ese mundo.
En España, la Casa del Tocame Roque de los "#nolosvotes" solo va a producir que un puñado de papeletas se vaya hacia los extremos; en este caso hacia la izquierda (IU y ERC), ya que el PP no tiene a nadie a su derecha y será el menos lastimado electoralmente.
Pero va a tener otro efecto pernicioso a futuro para los más solventes de sus inquilinos: la pérdida de la autoridad moral de muchos de los ciberactivistas que combatieron la Ley Sinde en buena lid. Y la van a perder por confundir lo que es el debate político con lo que es la lucha partidista. No han tomado partido (sería legítimo que defendieran las propuesta de uno o varios de ellos), sino que se han precipitado a convertirse en antipartidos, cuando desprecian, muchas veces con insultos, a casi el 90% de las cámaras democráticas. Y ahí, sin quererlo quizá, se equiparan con antisistemas de todo pelaje y se queman para ser los interlocutores del futuro.
Es más fácil derribar una torre que crearla. Y es cuando toca construir cuando la inteligencia y la valentía se ponen a prueba.
daniel.cerdan@gmail.com