Cuando hacemos una visita al médico y este tiene a bien recetarnos algo para tratar de mitigar nuestros males, podemos decir que hemos recibido ese tratamiento por prescripción facultativa, pero no es esta la prescripción a la que quiero referirme, sino, por el contrario, a la que hace referencia a "dejar de tener valor o efectividad un derecho, una obligación o una responsabilidad".
Con absoluta seguridad han ido oyendo en estos últimos tiempos, y en relación con una serie de situaciones y personajes, nacionales o internacionales, que estas celebridades, que en su momento hicieron caso omiso de las más elementales normas de gobierno, de administración de los derechos y de los bienes públicos, llegado el momento se encuentran con que de lo dicho, nada o casi nada, porque su falta o delito, al haber transcurrido un espacio de tiempo determinado, se ha extinguido.
En alguna otra ocasión me he manifestado en el sentido de que debería estudiarse por quienes hacen las leyes o tienen la posibilidad de modificarlas si esto, por muy lógico que pueda considerarse para algunos, deba ser revisado con absoluta seriedad, ya que también somos muchos los mortales a los que nos huele a chamusquina, y tenemos la sensación de que la ley incluso puede adolecer de inmoralidad, o si así lo prefieren, de propiciarla.
No puedo comprender, posiblemente por obtuso, cómo en el caso de un modestísimo paisano, un auténtico don Nadie, un individuo insignificante, la menor deuda -y no me refiero a las hipotecarias-, el más mínimo descubierto es ejecutado con la velocidad del rayo, curiosamente sin tener que rellenar una sola cuartilla, de forma automática. Mientras que todos esos pillastres que pueden apoyarse en aceptables despachos de abogados, y que de manera aparejada presentan expedientes compuestos de varios miles de folios, consiguen en ocasiones demorar de tal forma los procesos que acaban llegando a la caducidad. Y precisamente es a estos casos a los que quiero referirme, porque no hay más remedio que arbitrar medidas para hacer desaparecer estas situaciones que tanto daño hacen, que de forma exagerada disparan la desconfianza de la gente sencilla, de los que no pueden comprender cómo alguien consigue ser eximido de culpa por el mero hecho de la habilidad de sus defensores, y también, naturalmente, por la desidia o por la torpeza de los encargados de las investigaciones que se duermen con excesiva facilidad.
Este vencimiento se aplica a los delitos urbanísticos, a los económicos y fiscales, a los societarios, e incluso a los penales si el tiempo transcurrido es de veinte años y la pena aplicable de quince o más. Las faltas lo hacen a los seis meses, y solamente los delitos de lesa humanidad y de genocidio no prescriben. Esto siempre considerando la legislación española.
Recientemente, un elemento de mucho cuidado que tiranizó durante quince años a la mitad occidental de una isla con entrañable nombre, La Española, Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, hijo de Papa Doc, don Francisco, y que según opinión general fue algo, no mucho, menos salvaje que su padre y sus escuadrones ejecutores, los Tonton Macoute, ha regresado a Haití como si pensase que todo está olvidado, con profunda tristeza hacia las víctimas de su régimen.
Un tiempo parecido ha pasado desde que otro dictador huyese de Túnez, llevándose consigo el carrito del helado, después de sangrar a los tunecinos y a su economía, siendo vecino de una Europa, cada vez de más países, que se convierte en miope al mirar fuera de sus fronteras, y aún más tristemente dentro de ellas.
Nosotros, para consumo interno, tenemos casos tan pintorescos como el del presidente de la Audiencia de Castellón, que pretende que se le pida perdón, no por haber sido declarado inocente en concretos delitos al fisco, sino porque entre sus hábiles abogados y los torpes inspectores fiscales de Castellón sus trampas económicas han pasado a mejor vida, como si se tratase de aquel don Nadie, de aquel individuo insignificante del comienzo, de un auténtico desconocido cuyos diminutos pecados se traspapelaron en las atiborradas mesas de los perspicaces vigilantes de Hacienda.
José Luis Martín Meyerhans
Tarifas y recorridos de los taxis
La reducción de las licencias de taxis no es el único punto que está incidiendo en su rendimiento económico. Desde hace tres años se están produciendo otras circunstancias que son de índole económica. Al producirse un incendio en un monte con varios focos, este se quemará totalmente aunque se hayan talado la mitad de los árboles. No se puede sofocar un incendio como el que se está produciendo en todos los sectores sociales eliminándose únicamente el foco aparentemente más visible, ignorándose otros puntos latentes. El bosque terminará arrasado.
Lo mismo pasa con el taxi: el exceso de licencias se ha asumido en silencio durante más de treinta años, añadiéndosele el considerable aumento de la población, dejando con esto bien aclarado que su exceso no es ni el único ni el principal causante. La crisis sí que nos está afectando a todos, es esta crisis un foco que no se apaga, nos está eliminando económicamente, propiciándose un paro elevado, con una fuerte caída en la economía, afectando también al sector del taxi. No tiene ningún sentido que para los ciudadanos que necesitan desplazarse dentro de su propia ciudad el ayuntamiento les imponga para el uso urbano del taxi un incremento de un cien por cien en el coste por kilómetro. El ayuntamiento no está obviamente preocupado por la economía de su pueblo ni por la del taxi dejando a ambos a la deriva.
Estamos hablando solamente de unificar las zonas que están a un minuto del perímetro de los cinco kilómetros clasificados al precio urbano. El contorno de las zonas más cercanas debe disfrutar de un coste idéntico, es el momento para zanjar estas diferencias, no son zonas dispersas ni alejadas, ni hay los descampados que así lo justificaron hace más de veinte años. Es preciso eliminar estas fronteras interiores e inexistentes dentro de nuestro municipio, no existen motivos para dos precios opuestos, esta discriminación no se debe seguir prolongando por más tiempo.
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el área de la aplicación de su tarifa urbana, tiene un radio de acción muy reducido, y ya ha caducado. Hoy es apta para una tarifa urbana su área limítrofe, que es aproximadamente de unos diez kilómetros, sin llegar con ello en ningún caso a perjudicar al profesional del taxi en la rentabilidad de estos servicios. No existe el retorno en vacío que justifique cobrarle al usuario una obsoleta ida y vuelta, esto es lo que significa una tarifa interurbana.
Si durante los dos últimos años hay pérdidas económicas importantes en este sector, donde más ha incidido el bajón de los servicios, como ya se ha mencionado, ha sido en los trayectos que se producían dentro del municipio de Santa Cruz y que con un tarifa interurbana superaban los cuatro kilómetros, y es ahí donde se está duplicando inexplicablemente el precio en cada kilómetro. Esta tarifa interurbana es abusiva e inaceptable. Si esos escasos trayectos actuales se promocionasen con una reducción de un cincuenta por ciento, se producirá una demanda muy superior. La tarifa interurbana no está ofertando la igualdad a todos los usuarios, que por derecho democrático y demográfico tienen. Al estar comprimida la ciudad, con una tarifa urbana y solo privilegiada a un área reducida, esto ha provocado la fricción y las chispas que se está produciendo en el taxi.
Es evidente que esta coyuntura está ocasionando el colapso dinámico y económico del sector, debido a sus cortos trayectos actuales. El taxi sólo se dispersa con trayectos largos dentro del término municipal.
El ayuntamiento, al aplicar antidemocráticamente estos diferentes precios, si no hay nada para que esto se siga justificando, está incurriendo en una grave estafa al consumidor. Si la ampliación no se produce, seguirán colapsándose las paradas de taxis y seguirán dándole más vueltas dentro de la ciudad. La igualdad de los precios es un derecho ciudadano, e implicaría la rentabilidad en los taxis, tomemos como ejemplo a la vecina ciudad de La Laguna, ampliando su ayuntamiento desde hace varios años la tarifa urbana, contando hoy en día con un radio de acción de una tarifa urbana, con más de quince kilómetros, desde San Matías hasta muy poco antes de llegar a Las Canteras.
Antonio García Luis
Blacky Unbutú
En una sesión del parlamento inglés, Winston Churchill fue tildado de borracho por una parlamentaria de la oposición. Para defenderse, le contestó: "Es cierto, Mrs. Braddock, pero usted es fea y gorda, y mañana yo estaré sobrio". Hoy en día, con la nueva ley, Churchill y Braddock pasarían el resto de la tarde en comisaría y ambos insultos serían objeto de sanción ejemplar.
Desde hace años venimos siendo testigos de toda una retahíla de insultos entre políticos. De la ironía inteligente de antaño hemos pasado a la vulgaridad y a la bajeza intelectual. Han comprobado que la audiencia no entiende la primera y, por el contrario, disfruta de la segunda. Un flaco favor a la dignidad política y parlamentaria.
Los periodistas también. Piensen por un momento en los programas de televisión donde un moderador lleva a una invitada al plató para que los periodistas presentes, siguiendo el guion, la acribillen a insultos hasta hacerla llorar. Recuerda mucho a la época del imperio romano cuando la plebe acudía al Coliséum para divertirse viendo las peleas a muerte de los gladiadores.
Curiosamente, la sociedad ha aceptado como realidad que cuanto más ingenioso es el insulto, más le atribuye la razón a quienes lo profieren y más se divierte la plebe. Pero las cosas a partir de ahora van a cambiar. Viene la ley de igualdad en el trato.
A tu novio, nacido en Senegal, no se te ocurra decirle, ni siquiera cariñosamente: "Mi negro, cuánto te quiero" o "mi negro, nadie como tú me ha dado tanta felicidad", siempre y cuando seas blanca. Puede ocurrir que Leire Pajín haya colocado a un delator debajo de tu cama y esa noche acabes en comisaría, y como solamente dijiste la verdad, por conciencia, te niegas a pagar la sanción. La Justicia, por ciega, te embargará tu sueldo por impago de daños morales.
La futura ley prohíbe, entre otras, la discriminación por color. Y, cuidado, el denunciante no tiene que demostrar la verdad de la denuncia. Será la acusada quien tenga que demostrar su falsedad. La nueva ley no ampara la presunción de inocencia, salvo en el ámbito penal.
Claro que cambiar de color al denunciante no es fácil. Michael Jackson tardó cinco años. Maquillarte tampoco es aconsejable. Leire Pajín necesita de sentencias que justifiquen la necesidad y el acierto de su ley. Pero ni todo el amor por tu novio ni toda la felicidad que te haya dado serán objeto de debate en la denuncia. La única solución que te puede salvar es que tu novio se llame Blacky Unbutú, que al español se puede traducir como "negruzco unbutú". En cuyo caso, no lo llamaste por su color, sino por su nombre.
Cuidado. Si eres una mujer de carácter fuerte y en los momentos difíciles te pierde la ira, procura que tu novio no sea gordo, calvo o feo. A partir de ahora, estos hombres estarán reservados para mujeres educadas. Hace años, la educación personal y social era una asignatura que se aprendía en casa. Y si el niño decía la verdad cuando iba de visita, la madre lo corregía mandándolo a callar o, mucho peor, le pegaba un pellizco. El niño se pasaba toda la tarde sufriendo las secuelas del pellizco por culpa de la verruga de la vecina.
A partir de ahora, la educación social se impondrá por imperativo legal.
Jorge Bastián