EL PASADO mes de diciembre todos los medios de comunicación nacionales difundieron que la Guardia Civil había desmantelado una organización denominada Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SITCA), dedicada a falsificar diplomas y certificados oficiales que, además de ser validados por la Junta de Andalucía, Junta de Extremadura y Ministerio de Educación, lo fueron también por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias (ESSSCAN). Diplomas que acreditaban haber superado cursos de las áreas sanitaria y social y que luego servían para puntuar en procesos selectivos, tanto en empresas privadas como públicas. Por este motivo, la Guardia Civil detuvo a varios miembros de dicho sindicato imputándoles en presuntos delitos de falsedad documental y estafa por los que obtuvieron pingües beneficios.

En esta trama delictiva, conocida como "Operación Catis", se ha visto implicada la ESSSCAN, ya que de acuerdo con el convenio firmado con el SITCA, en 1993, y de acuerdo con las directrices que marca el Ministerio de Educación, ha acreditado mediante su firma, sello y registro numerosos diplomas correspondientes a cursos de formación impartidos y expedidos por dicho sindicato que se presume de dudosa legalidad.

Según ha trascendido, el SITCA emitía diplomas que posteriormente eran validados en Canarias por la ESSSCAN sin que previamente se hubieran impartido los preceptivos cursos formativos que dan derecho a ellos. Es decir, según lo divulgado por la prensa se desprende que las personas interesadas obtenían un diploma oficial por un curso que no habían realizado a cambio de dinero, cuando en la gran mayoría de los casos no ha sido así, ya que los alumnos, tras matricularse y abonar los derechos del curso que deseaban estudiar, recibieron los libros, temarios y ejercicios de evaluación que devolvieron cumplimentados a la dirección del centro. O sea, se realizaron todos los requisitos exigidos por cualquier otro centro de formación a distancia. Meses después, el SITCA les remitía el correspondiente diploma con el reconocimiento de oficialidad de la ESSSCAN, tal como se regula por la Orden de 16 de enero de 1997, de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias (BOC núm. 12) y conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación.

Conozco a varias personas que han realizado de buena fe varios cursos con el SITCA en las condiciones ya descritas y que ahora no solo se sienten defraudadas, sino también estafadas con diplomas de los que se pone en duda su legalidad. Alumnos que en modo alguno han "comprado" sus diplomas, ya que los han obtenido merecidamente tras haber superado alguno de los numerosos cursos que este sindicato organizó con el aval de la ESSSCAN. Es decir, no se trata, como injustamente ha trascendido, de compra fraudulenta de títulos, como si se adquiriera un documento oficial falsificado.

En cuanto a los directivos de la ESSSCAN que validaron los diplomas que en algunos casos expidió irregularmente el SITCA, estoy convencido de que han sido víctimas de engaño, pues ¿en qué cabeza cabe que un organismo público valide diplomas falsos, a sabiendas de su ilegalidad? Así pues, es de esperar que se aclaren bien los hechos para dilucidar responsabilidades y reparar daños morales contra la buena imagen institucional de la ESSSCAN, de las personas que la han dirigido y dirigen en la actualidad, así como de los alumnos que hayan podido verse afectados por este presunto fraude. Alumnos que se sienten indignados al haberlos considerado una pieza más de la presunta trama delictiva cuando ellos son los verdaderamente perjudicados en esta presumible estafa y, por lo tanto, ajenos a la misma.

Por todo ello, creo conveniente y necesario establecer diferencias entre los alumnos que realizaron de buena fe cursos a distancia con el SITCA, siguiendo una modalidad de enseñanza que se aplica en otros centros de formación y entre aquellos que hayan podido pagar por obtener un diploma sin haber realizado un curso formativo que les haya podido dar derecho a su expedición. Confiemos en que la justicia lo pueda aclarar y exigir responsabilidades a quien o quienes corresponda, dejando en buen lugar a personas e instituciones que se han visto perjudicadas económica y/o moralmente.