CUANDO se publiquen estas líneas, Madrid vibrará al compás de la "rebelión cívica" que, como en otras ocasiones, han puesto en marcha las víctimas del terrorismo para hacerse oír por los que tratan de rendirse a él: el Gobierno y todos los partidos, fuerzas políticas y ciudadanos que, por acción u omisión, están colaborando en dar un paso más por la ruptura de España en un nuevo reino de taifas. No por necesidad histórica de la nación española, sino por el deseo del Gobierno que la gestiona de utilizar esta rendición a ETA como "oferta electoral" a sus votantes para tratar de seguir gobernando después de las elecciones generales de 2012. Bien con mayoría propia o con la ayuda de los nacionalismos independentistas que desean una España débil a la que seguir explotando.

Todos los partidos que actualmente cobran del presupuesto no han visto con buenos ojos este resurgir de las grandes manifestaciones antiterroristas de la pasada legislatura. Por eso no las han apoyado abiertamente, porque los ponen ante el espejo de exigirles responsabilidades por lo que no han hecho, y les demandan explicaciones por lo que se supone que, según todos los indicios, están haciendo, especialmente el Gobierno, al parecer con la "suficiente información" del principal partido de la oposición, el PP, que con su postura de perfil está consintiendo por la tácita una negociación con la banda criminal ETA.

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Pero no hay que engañarse, Pepe Ignacio. Las necesidades electorales de un Gobierno derrotado por la realidad nacional que no sabe gestionar no puede confundirse con la natural ansiedad de todo bien nacido de que en su país reine la paz. Porque los nacionalismos no quieren la paz, sino mantener, aunque sea maltrecho y roto, al Estado que fagocitan y del que se nutren.

Este Gobierno ha mantenido a ETA chupando de los presupuestos públicos en los ayuntamientos, a pesar de las sentencias en contra del Tribunal Supremo; ha mejorado la situación carcelaria de lujo que ya desde hace más de treinta años disfrutan los presos etarras y está persiguiendo con eficacia, y con la ayuda de Francia, a los más díscolos de la banda terrorista, mientras con la otra mano negocia en la sombra con los más fatigados de la llamada "lucha armada", haciéndoles concesiones para que faciliten el acuerdo, como el chivatazo policial del bar Faisán, la excarcelación de los más moldeables, o los regímenes de privilegio para aquellos asesinos que supuestamente estiman que están "facilitando" la negociación.

Simultáneamente, el Gobierno presiona al poder judicial para que colabore en este objetivo final de abrir el camino para una paz que será, lo repetimos, una rendición. Por eso es tan importante que esta negociación no acabe sorprendiéndonos a todos, como cuando en 2008 a Zapatero, que ya había anunciado la paz, le estallaban al día siguiente las bombas de la T4 en Barajas. Y el público volvió a darle la mayoría, aunque fuera con la nariz tapada. Y a pesar de negar también la crisis que se nos venía encima.

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Este Gobierno se muestra incapaz de hacer otra cosa distinta a la que ha venido haciendo. Nos llueven cada día los trágicos datos de una realidad económica y social del país que, por mucho que el viejo-nuevo Gobierno de Zapatero pretenda cada día desmentir a través de sus terminales mediáticas, nos hunde en la desesperanza. ¿Cuántas veces, Pepe Ignacio, nos ha anunciado Zapatero que ya estamos saliendo de la crisis? Tantas como se esforzaron en ocultarla en 2008, cuando ya golpeaba en la realidad de cada uno. Vuelven los datos del aumento del paro, de la falta de confianza de los inversores nacionales y exteriores, de la incapacidad de promover medidas que realmente acaben con la sangría que supone el gasto sin control estatal y autonómico, del crecimiento del número de funcionarios, de los anuncios de dispendios -como ese propósito de la Generalitat de Cataluña de crear una red de diecisiete aeropuertos-, mientras ni se crea empleo ni se reduce el déficit y no se controla el gasto.

La cuestión es si en la España de Zapatero, como en los Estados Unidos de Obama, puede surgir un movimiento cívico con suficiente fuerza para exigirles cuentas a los políticos, o esa falta de confianza en ellos se va a reflejar sólo en las encuestas sociológicas y no va a tener su continuidad y traducción política en el voto de las próximas consultas electorales.

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Mucho nos tememos, Pepe Ignacio, que esa rebelión cívica que de nuevo ha aflorado hoy en Madrid, con gentes llegadas de toda España, pueda ser otra vez domesticada por los partidos. Igual que han conseguido dividir a las distintas asociaciones que luchan por que no se olvide a las víctimas del terrorismo, ¿lograrán reducir o domesticar cualquier rebelión cívico-social que pretenda unirse para pedir cuentas a los políticos de lo que hacen con nuestros dineros, con la unidad de España, que prometieron defender, y con los valores de una Constitución traicionada y reformada sin seguir los procedimientos previstos en ella?

En este país, Pepe Ignacio, más de media España depende del presupuesto que pagamos unos cuantos. ¿Qué se puede decir de una nación en la que a los políticos fracasados que han demostrado su incapacidad e ineficacia se les premia, sin que la ciudadanía rechiste, para que sigan chupando de la ubre pública? Pues ya se sabe que el dinero del Presupuesto "no es de nadie". Ahí tenemos a la autora de tal frase, ubicada nada menos que en el Banco Europeo de Inversiones, después de ser eurodiputada, o a nuestro paisano López Aguilar, al frente de una comisión del Parlamento Europeo. Y más reciente, como la ínclita ex vicepresidenta primera doña María Teresa, que el pasado jueves tomaba posesión de una plaza permanente y vitalicia de consejera del Consejo de Estado. Precediendo así a Zapatero, que, si por un azar resultara desalojado del poder, ya se aprobó, en las iniciales decisiones de su primer Gobierno, facilitarse un retiro similar que tiene una retribución teóricamente más alta que la que ahora percibe como presidente. O a la ex ministra Bibiana Aído, que a sus 32 años ya disfruta del derecho a la pensión máxima, además de los dos años con el 80 por ciento del sueldo que tenía.

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Mientras el pueblo no pueda exigir responsabilidades a sus políticos por lo que han hecho mal, no habrá una verdadera democracia. Se le puede llamar como ustedes gusten, pero en tanto todas las instituciones dependan del dedo del habitante de la Moncloa, no habrá independencia y autonomía entre los tres poderes. Y será imposible exigir esas responsabilidades a los políticos como se exige a los responsables de los negocios privados. Por el contrario, cuando nos creamos que nos hemos librado de ellos, reaparecerán como De la Vega o Corbacho, en instituciones pagadas por nuestro dinero, e incluso en empresas públicas o privadas a las que serán aupados por quienes fueron favorecidos por sus decisiones mientras estuvieron en el poder.

Y a falta de ideas, Pepe Ignacio, para resolver los graves problemas en que nos han metido e inconscientes de cuanto tienen por resolver, la última parida es el intento de reformar la Ley del Registro Civil, que acabaría con la preferencia del apellido paterno sobre el materno, de perversas consecuencias, porque, además de suscitar un conflicto artificial e innecesario en las parejas, implica la pérdida de memoria de los orígenes de cada ser humano. Una más, Santo Tomás.