LA COINCIDENCIA de los recientes cambios de Gobierno central, en Madrid, y autonómico, en Canarias, en Sanidad, hace que ahora más que nunca sea necesario que los nuevos titulares en el ministerio y el Gobierno de Canarias trabajen coordinadamente y aproximen posturas, una prioridad fundamental, dado que, si bien la asistencia sanitaria de los pacientes canarios fue transferida desde Madrid a Canarias en 1995, y por tanto es una responsabilidad del Gobierno canario, bien es verdad que la coordinación con mano izquierda que nos conviene con las distintas autonomías y el Ministerio de Sanidad aconsejan que desaparezca la beligerancia con la que hasta ahora ha actuado el Partido Popular en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, que sienta en la misma mesa al Ministerio y los departamentos de Sanidad de todas la comunidades autónomas, y de la que en ocasiones se ha levantado el Partido Popular como representante de la sanidad canaria dando un intencionado portazo previamente calculado.

No es ese el estilo que nos merecemos, ni el que nos conviene en el futuro inmediato, si tenemos en cuenta que la salud de los canarios absorbe el 40% del presupuesto del Gobierno de Canarias, y ante la nada atractiva y sí preocupante realidad de que el Partido Popular y Coalición Canaria decidieron bajar en un 10% el presupuesto asignado a Sanidad en 2011 respecto a 2010, con lo que peligran las prestaciones sanitarias básicas de los canarios. Por ese motivo, entre otros, nos conviene toda la ayuda posible en materia de coordinación que llegue del Ministerio de Sanidad, que no tiene que ser únicamente económica, también en cuestiones tan diversas como nuestra integración en el espacio europeo tanto en la actualización en materia de conocimientos técni cos y científicos como en el educativo, reto donde mucho nos puede ayudar dicho ministerio.

Interesa, pues, que los políticos que dirijan los respectivos departamentos dispongan de peso específico tanto en el Consejo de Ministros como en el Consejo de Gobierno canario para tener la suficiente capacidad de poder, convencimiento y negociación que garantice que de ninguna manera un área tan importante como la sanitaria pueda disminuir un solo céntimo su presupuesto de un año para otro. A nadie se le oculta la voracidad con la que tanto CC como el PP pretenden privatizar al máximo la sanidad pública, una cuestión que requiere mucho tacto en el Ministerio de Sanidad para evitar tamaño desatino, porque tenemos que insistir en una premisa fundamental: la salud de los canarios no puede ser moneda de cambio en intereses económicos, negocios inconfesables y trapicheos políticos.

El Ministerio de Sanidad, que continúa con la política social, aumenta sus competencias con la absorción del de Igualdad, que si bien desaparece como ministerio, bien es cierto que no afecta para nada a la política de igualdad en la que está empeñado el Gobierno socialista. Ahí queda el reto de aligerar la Ley de la Dependencia y se encuentran muy avanzadas las modificaciones de la ley antitabaco, que serán efectivas a partir del 2 de enero de 2011, y aunque a punto de ser aprobadas, falta el empujón definitivo a las leyes de Sanidad Alimentaria y Nutrición y Salud Pública.

Unos cambios en Sanidad donde la diferencia de autoridad y coherencia entre los presidentes Zapatero y Rivero ha sido abismal. El primero lo ha anunciado con la firmeza y elegancia propia de una decisión importante en el contexto de un cambio de Gobierno estatal, y Rivero ha demostrado una debilidad apabullante en la rueda de prensa del miércoles, donde no sólo se fue por los cerros de El Sauzal, sino que además demostró lo preso que está de Soria, desmadrado con todo tipo de incoherencias y contradicciones, y sin embargo Rivero lo tiene que aguantar amenazador y provocativo varios días más en el Gobierno, incapaz de cesarlo sobre la marcha, todo un espectáculo lamentable que confirma la pobreza política del pacto entre CC y PP y de sus dirigentes. Y a ver quién arregla la deuda de cerca de dos millones de euros que al parecer la Consejería de Economía y Hacienda, de la que Soria era titular, deja por el suministro eléctrico de 32 inmuebles de la Comunidad Autónoma. Así que mejor apaga la luz y vámonos.

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