NO SÉ en qué acabará lo que se ha denominado "guerra de cuarteles" a cuenta de una detención, un tanto sui géneris, ocurrida hace algunas semanas en Las Palmas. Digo un tanto especial porque la detenida fue una ciudadana normal y corriente pero que a la vez no es una ciudadana normal y corriente. Juego de palabras que viene a cuento de que la señora en cuestión era -y sigue siendo- la esposa de un general del Ejército de Tierra con mando en plaza. Para quienes todavía no están al tanto, les resumo lo publicado por un periódico de la isla redonda. El 25 de junio, una conductora cometió el error de circular por una carretera de Las Palmas en sentido contrario. No iba bebida -dio negativo en la prueba de alcoholemia- ni medió, que se sepa, ninguna intención suicida por su parte. Tan sólo cometió un error que cualquiera puede cometer, si bien circuló dos kilómetros a contramano. Durante la pifia estuvo a punto de colisionar con otro vehículo que conducía un inspector de la Policía Nacional. Tras esquivar el impacto por los pelos, siguió un poco más hasta que intentó reiniciar la marcha en sentido correcto, como si nada hubiese sucedido. No pudo hacerlo porque varios coches habían quedado atravesados en la calzada como consecuencia de su hazaña. Entonces hizo lo que haría cualquier buena esposa: llamar por el móvil a su marido. Y aquí empieza el quid del asunto, porque su señor esposo era -y lo sigue siendo- el general jefe de la Zona Militar de Canarias. Y claro, a ver quién es el guardia civil de turno -nunca mejor dicho- que detiene sin más a la señora de un señor general, habida cuenta de que el Benemérito Instituto continúa siendo un cuerpo militar. Sea como fuese, la Guardia Civil quería despachar a la infractora con una mera multa, a lo cual se negó el inspector. Por eso llamó a una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, que detuvo a la conductora y la trasladó a una comisaría para que prestara declaración. Concluido el trámite, fue puesta en libertad. Posteriormente reconoció los hechos y admitió una condena de cuatro meses de cárcel; lo solicitado por el fiscal. Ahora, empero, ha presentado una querella por supuesta detención ilegal, y en eso se está.
Hasta aquí, todo normal. Tan sólo me pregunto qué hubiese sucedido si en vez de ser la señora de un general hubiese sido la mujer de un ciudadano normal y corriente. ¿También habría querido despacharla la Guardia Civil con una simple multa? Lo peor, no obstante, estriba en las presiones que han mediado desde entonces, entre las que se incluye, según se ha publicado asimismo, una carta enviada por el máximo responsable de la Guardia Civil en Canarias -un general de División- a la jefa superior de Policía. Misiva en la que, además de afearle que este asunto haya deteriorado las relaciones entre los cuerpos de seguridad, le pide que cruja bien crujidos a los policías implicados en la detención de la señora esposa de su colega, el también señor general.
En fin; supongo que algunos temas se comentan por sí mismos. Tan sólo me queda preguntar si seguimos viviendo en un país donde quien manda, manda. Pensaba que los privilegios del generalato, junto con los del clero jerárquico, pertenecían al pasado. Veo que algunos señores esposos de señoras esposas opinan lo contrario.