Abrir el grifo y que no salga ni una gota es uno de los momentos más delicados en cualquier hogar. Y eso ocurre y seguirá ocurriendo por varios motivos, pero, especialmente, porque la contaminación del agua potable es posible y difícilmente evitable. El caso más reciente se ha registrado en Granadilla de Abona, donde en ocho núcleos de la medianía, incluyendo el casco urbano, se recomendó no ingerir agua ni utilizarla para cocinar debido a un exceso de la bacteria Clostridium perfringens. Y así, casi una semana.

Empresas concesionarias de abastecimiento de agua en la Isla, y los gerentes de Aqualia-Entemanser y Teideagua, David Díez y Javier Davara, respectivamente; así como al concejal de Aguas en Candelaria, Domingo Ramos, y al presidente de la Asociación de Vecinos Enrique Sáenz Marrero del casco urbano de Granadilla de Abona, Pedro Cruz, debatieron sobre este hecho y sobre la situación general del suministro de agua.

Javier Davara señaló que en verano el abastecimiento "está garantizado". Es más, en la actualidad hay un excedente en el mercado debido "a la contracción económica, pero es de mala calidad", apuntó David Díez.

Al respecto, el gerente de Teideagua apuntó que "son aguas de alta salinidad que, sin embargo, pueden cumplir el Real Decreto 140/2003. Es decir, la normativa establece una cantidad de salinidad máxima de 2.500 microsiemens (µS) que cualquier agricultor no lo querría para el riego de sus plataneras, pero es perfectamente potable para el abasto público. Sin embargo, los abastecimientos no cogen las conductividades superiores a mil".

El trabajo que realizan las empresas gestoras lleva detrás el control municipal y desde "la administración local se intenta llegar al verano con un suministro en óptimas condiciones en unos meses que son los más complicados en el mercado del agua", relató el concejal de Aguas en el Ayuntamiento de la Villa Mariana, Domingo Ramos. No sólo hay que conseguir agua de calidad, sino mejorar la infraestructura. Para eso, lo necesario es invertir "y siempre será poco".

A su juicio, "las redes son insuficientes y hacen falta más depósitos de aguas, actuaciones que corresponden a los municipios. Ahora bien, es fundamental que el Consejo Insular de Aguas (CIA), órgano dependiente del Cabildo de Tenerife, aplique sus competencias, como la vigilancia de los canales".

Este es el aspecto más preocupante y, junto al estado de esta red de transporte primaria, el gran problema del agua en la Isla. "Cualquier dificultad que haya en un canal afecta directamente a la población y no somos los ayuntamientos los responsables, pues son los propietarios de los canales y el CIA los que han de velar por estas infraestructuras manteniéndolas en las condiciones adecuadas", sentenció. Teniendo claro que a partir del canal la responsabilidad del estado del agua y de las redes corresponde a los ayuntamientos, "todos los intervinientes desde ese punto al origen de la producción viven en un momento en el que nadie les hace cumplir la ley". El problema es que la legislación no es clara en este sentido.

En la actualidad, los controles sanitarios no llegan al agua que sale desde la galería, que no presentan análisis de las mismas ni el programa de vigilancia anual de mantenimiento. "¿Qué pasa en Tenerife? ¿De dónde sale el agua, de los depósitos? No, aquí se define como captación ficticia. Por tanto, a partir de ahí es un mundo incontrolado", apuntó Javier Davara.

Los canales, las vías por las que el agua llega a los depósitos de los que se abastece la población, más cercanos al área metropolitana, están cerrados pero no estancos. Es decir, que pueden producirse filtraciones. No así aquellos que más caudal llevan, casos de los que discurren por el Sur.

Terminar con las contaminaciones que llegan de los canales es sólo una cuestión económica y que deberían llevar a cabo sus propietarios, a juicio de Javier Davara.

La producción de agua "hoy en día no está en manos de gestores expertos. Además, los canales son un sistema diseñados para el riego, es decir, estamos tirando de infraestructura que están diseñadas para regar", sentenció el gerente de Aqualia-Entemanser.

Davara argumentó paralelamente que la normativa nacional establece que todo gestor de agua debe introducir en una determinada aplicación informática las analíticas sobre el control y la calidad del agua que manipula para que sea accesible al ciudadano y éste conozca en cada momento el estado del agua que consume, así como para facilitar la detección de contaminación cuando el líquido no reúne las condiciones. "Sin embargo, en Canarias dicha entrada de información se corta en el depósito, a partir de aquí nadie mete sus analíticas, ni el propietario del canal ni el de la galería", comentó el gerente de Teideagua, por lo que Díez consideró que sobre estas personas debería "caer todo el peso de la ley". Las entidades que venden el agua conocen que "no es para el riego de papas o el cultivo del plátano, saben que queremos el agua para el consumo humano. El problema es que nadie hace cumplir la ley a los vendedores e intermediarios".

Considerando que el agua está en manos de la iniciativa privada, su papel en el futuro de este servicio básico debe seguir siendo fundamental. "Debemos aprovechar su interés por invertir en infraestructura básica. Ahora están esperando a que Cabildo y CIA les autorice a hacerlo". En esa línea se trabaja ahora en la administración empleando la Reserva de Inversión de Canarias (RIC).

Aunque el panorama que se dibujó durante el debate induce a la preocupación, autoridades y expertos fueron contundentes coincidiendo en que "no es para tanto". Y eso se reflejó en una reflexión de David Díez: "El sistema es potencialmente peligroso y mejorable, pero no tan frágil como parece. En el caso de Granadilla de Abona se demostró que los controles funcionan". Como apunte a destacar, señaló que el Canal del Sur desvió su caudal a un barranco en el momento en que encontró el problema que motivó la contaminación. "Eso es algo casi único en Canarias", añadió.

El caso Granadilla

La situación registrada en Granadilla de Abona durante la última semana no es una excepción y en este caso el Canal del Sur fue el origen de las restricciones debido al exceso de una determinada bacteria: Clostridium perfringens. Los días de espera hasta que se levantó la recomendación de no beber ni utilizar para cocer el agua del grifo están justificados porque "los análisis de tipo microbiológico tienen un mínimo de 24 horas de incubación, siendo el Clostridium uno de los que menos tiempo precisa", expresó Díez. Para él, se hizo lo responsable y lo reglamentado.

Pedro Cruz, el representante del colectivo vecinal, se quejó precisamente de la demora con que la población tuvo conocimiento de la existencia de este problema. Por eso, demanda "una comunicación más rápida y eficaz", algo que, a juicio del concejal, Domingo Ramos, "no se puede garantizar en ningún caso, ni siquiera empleando megafonía, ni utilizando las asociaciones de vecinos, ni con edictos, ni con publicidad en las radios locales, ni con del uso de las páginas web ni con anuncios en los periódicos".

En la era de las nuevas tecnologías siguen siendo necesarios cinco días, como mínimo, para resolver el problema. En este caso, el miércoles se detecta el problema en un análisis rutinario, el jueves se confirma con el de contraste, momento en que la empresa concesionaria comunica a la autoridad sanitaria, que es la que ordena la comunicación a la ciudadanía el viernes, lo que se hace a través de megafonía en esa misma fecha y con un anuncio en prensa, que fue publicado en la edición del sábado.

Para solucionar el problema, Díez continuó diciendo que, una vez se confirma que el agua de los depósitos reúne las condiciones establecidas en la normativa vigente, "se pone en la red para purgarla. Posteriormente, se recogen nuevas muestras" para determinar si el agua que pasa por las tuberías también es potable.

"Sólo en análisis se nos han ido 48 horas, en limpieza 24 y en purga de red otras 24. Es decir, son cuatro días de trabajo y dos de espera. Todo lo que se le dijo a la población de Granadilla fue preventivo, pues los grandes problemas de agua se producen cuando sometes a la población a condiciones durante mucho tiempo", comentó el gerente de Aqualia-Entemanser.

La falta de vigilancia de los canales que surten a los depósitos municipales de abastecimiento, agua que luego se incorpora a la red pública de consumo, puede llegar a tener consecuencias muy graves cuando las contaminaciones no sólo afectan a un único municipio, sino a varios e incluso a comarcas completas.

"Una prueba fue el vertido que hubo en Arafo hace un tiempo y que llegó hasta Santa Cruz y La Laguna, afectando también a Candelaria y a El Rosario", expuso el concejal Domingo Ramos, señalando que "en cualquier momento se puede producir una contaminación, aunque el verano es cuando se crea una mayor alarma social debido a que es la época del año de mayor consumo".

A esto se suma la gran cantidad de captaciones que cuenta cada canal, lo que dificulta localizar el foco que ha provocado la incidencia, o sea, "es como buscar una aguja en un pajar".

Despolitizar el agua

La carencia de equipamiento e infraestructura está siendo suplida por cada municipio "como puede", si bien "no es lo correcto que cada uno se busque la vida". En ello incidió Davara, quien se quejó de que "las obras se demoran y hay que buscar soluciones". Esto se resuelve con inversión de las administraciones responsables, pero dicen que lo que se hace bajo tierra no da votos, pero opino que es al contrario, que un suministro correcto no te da votos, pero si falta, te los quita", opinó Ramos.

Pero todo ello tendría repercusión en el bolsillo de la ciudadanía, que ya considera "que el agua es cara, muy cara para la calidad que tiene. No es de recibo que se planteen subidas y subidas", sentenció Pedro Cruz.

J. FEO/J.A. MEDINA Fotos: MANUEL EXPÓSITO