COMO todos los lectores saben, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados consiguió sacar adelante por la mínima su ajuste antidéficit. Y es porque las medidas que contempla el plan del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, además de ir a remolque de las indicaciones dictadas por la UE y EEUU, no son nada esperanzadoras de cara a los sufridos españoles, ya que este presidente que padecemos ha comenzado su plan de austeridad para reducir el déficit apretando a quienes más esfuerzos se les exigen: funcionarios y pensionistas. O sea, aquellos que cobran una nómina o una pensión serán quienes pagarán los platos rotos de la pésima gestión del señor Zapatero.

Efectivamente. Tras su aprobación en el Congreso, el Gobierno socialista promulgó el Real Decreto-Ley nº 8/2010 (B.O.E. nº 126), por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y, entre otras medidas, se acuerda la "suspensión de la revalorización de las pensiones para 2011". Sin embargo, el Ejecutivo ha ignorado que esta medida vulnera la ley aprobada por el Gobierno de Aznar que estipula que las pensiones deben crecer en paralelo al IPC.

Así es. La Ley 24/1997 (B.O.E. nº 169), aprobada por el Gobierno de Aznar, establece que el aumento de las pensiones se produce respecto a la previsión de crecimiento del IPC del año siguiente, contemplando que si el IPC sube más de lo previsto se abone a los pensionistas la diferencia (Artº 43). Todo ello para que éstos no pierdan poder adquisitivo. Por consiguiente, lo que ha hecho Zapatero con la aprobación del ya citado Real Decreto-Ley es ilegal, pues para hacerlo viable debe modificar la ley de 1997, que es de rango superior.

Pero es que, además, la congelación de las pensiones es una medida que puede considerarse del todo inconstitucional, ya que el artículo 50 de nuestra Constitución determina claramente que: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad".

Por estos motivos el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para derogar la parte del Real Decreto-Ley 8/2010 que se refiere a la congelación de las pensiones (Capítulo II "Medidas en materia de pensiones").

Y es que el Gobierno, para poder salir de la crisis, va dando palos de ciego y "caiga quien caiga". En este caso los pensionistas, uno de los grupos sociales más desfavorecidos en España, quienes jamás hubieran pensado que un gobierno socialista se atreviese a tocar sus pensiones.

Si no se remedia este desatino, la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo a los funcionarios y otras medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público tendrán un efecto muy negativo en la economía porque provocarán más desconfianza y menos consumo, perjudicarán el crecimiento económico y derivarán en un crecimiento del paro. Si no, ya lo veremos.

La pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas con la congelación de sus pensiones se verá agravada a partir del próximo mes de julio con la subida del IVA en dos puntos, y aunque este impuesto no afecta a Canarias, sí sufriremos las consecuencias en las mercaderías procedentes de la Península, que vendrán recargadas, así como en los combustibles, los transportes, etc., suponiendo por añadidura una mayor pérdida de poder adquisitivo. Y no olvidemos que muchos jubilados son un apoyo importante para las familias de sus hijos e hijas que por la crisis y el paro lo están pasando mal, ayudándoles a pagar la hipoteca y otros gastos necesarios. Por eso, la anunciada subida del IVA puede llevar a muchos pensionistas a estados de pobreza extrema, dado el bajo nivel medio de sus pensiones.

En fin, más allá de las medidas políticas, los que más sufren la crisis siguen siendo los más desfavorecidos. Por ello, cuesta pensar que, recortando derechos a los jubilados, a las viudas y a los huérfanos, pueda solucionarse un problema que les es ajeno porque ellos no lo han creado, sino este Gobierno manirroto y despilfarrador que por razones políticas ha ignorado la crisis. ¿Solidaridad para salir del hoyo? Por supuesto que sí, pero predicando con el ejemplo, pues ¿con qué fuerza moral se le puede pedir a un/a pensionista que cobra menos de 1.000 € al mes que hay que "apretarse el cinturón" mientras los representantes del Estado, autonomías, diputaciones o cabildos, ayuntamientos, parlamentarios, etc., viven holgadamente?