HACE unos días hemos vivido una situación surrealista. Dos partidos políticos, por una parte el PSOE y por la otra CC, manejaban dos autos de un mismo juzgado absolutamente diferentes. Uno daba la razón a los argumentos de los socialistas para derribar el edificio de aparcamientos a medio construir en Las Teresitas. El otro estimaba los argumentos de CC en el sentido de no tomar ninguna decisión hasta tanto termine el juicio que se está celebrando sobre la legalidad de esta construcción pública para uso público.

Dejemos a un lado el fondo del asunto (que un edificio público, hecho con el dinero de los ciudadanos para servicio de los usuarios de la playa, se haya convertido en un caso judicializado). La cuestión es que el auto judicial que manejaba CC era el que el juez considera válido. Es decir, que no hay dos resoluciones contradictorias sobre el mismo caso, como se llegó a pensar, sino sólo una. Y si una es válida, la otra no lo es. El PSOE ha dado sus explicaciones, ha presentado una copia de un fax remitido desde el juzgado en el que se les comunica ese auto que no es válido y ha estimado que "alguien", desde el propio juzgado, les envió un texto equivocado, un "borrador" de sentencia que finalmente no fue estimado por el magistrado, que se inclinó por una interpretación jurídica distinta.

Esto me ha hecho pensar qué hubiera ocurrido si este percance hubiera sido al revés. Es decir, si CC tuviera un auto que no se correspondiera con el que realmente resolvió el magistrado. No hace falta mucha imaginación para imaginar a los portavoces del PSOE acusando a nuestro partido de falsedad en documento público, de haber inventado un texto a nuestra conveniencia, de haber intentado manipular la justicia y, en fin, de no sé cuántas barbaridades más. No sería descartable, además, que el PSOE hubiera presentado otra demanda en la Fiscalía Anticorrupción -en la sección especial dedicada al Ayuntamiento de Santa Cruz- para determinar cómo habíamos fabricado torticeramente un auto falso de toda falsedad.

Nosotros no le hemos dado más dimensión que la que tiene. Probablemente un fallo humano. Un error involuntario de un funcionario. La existencia de borradores de sentencia con diferentes interpretaciones jurídicas de un tema no es inusual. De hecho, la realidad de quienes se ocupan de temas jurídicos es que saben que existen diferentes enfoques de muchos temas que por su complejidad son hasta cierto punto interpretables.

Hay algo que, por ejemplo, nos tiene gravemente preocupados a los ayuntamientos. Los funcionarios que deben realizar informes jurídicos de los expedientes están, con razón, gravemente alarmados. Les explico. Cuando un juez emite una sentencia en un caso, la parte que ha sido condenada o no ha visto atendidas sus argumentaciones suele plantear un recurso. Son abundantes las ocasiones en que un tribunal superior atiende el recurso planteado y revoca la sentencia, haciendo una interpretación jurídica completamente diferente a la realizada por el magistrado. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Ha prevaricado el juez que emitió la sentencia revocada? Por supuesto que no. El funcionario público, magistrado, ha hecho una interpretación que consideraba ajustada a derecho por lo que el tribunal superior que le revoca la sentencia o la modifica no considera que haya incurrido en ninguna responsabilidad. Esto, en el caso de los funcionarios públicos municipales no existe. Una interpretación que un funcionario de los servicios jurídicos de un ayuntamiento ha realizado pensando que se ajusta a derecho, si es investigada por otros funcionarios, los fiscales, puede ser considerada una prevaricación.

Los efectos de esta política de exterminio de la imparcialidad y legalidad de los actos que realizan los funcionarios municipales, en la interpretación normativa, está causando daños irreparables en el trabajo de los municipios. Unos daños de los que algún día seremos tristemente conscientes. Y está causando, además, una indefensión y un desprestigio absolutamente injusto e irracional en unos funcionarios públicos que se enfrentan en la primera línea con una sociedad que demanda actuaciones reales, que pide solución a sus problemas y que hoy se enfrenta a una administración paralizada por el temor de que sus actos estén sometidos a sospecha y carezcan de la presunción de imparcialidad.

Si de algo son realmente culpables los socialistas es de haber instrumentalizado la Justicia para utilizar sus mecanismos como herramienta política. No nos sorprende que se haya producido un error, porque somos seres humanos. Ni le vamos a dar más trascendencia que la que tiene: un simple fallo en el sistema. No vamos a edificar un discurso sobre siniestras conspiraciones y oscuros intereses del PSOE, ni sobre la existencia del texto de un auto que les daba la razón y que alborozadamente dieron a conocer con repique de campanas, dándolo por bueno. Respetamos la actuación de la Justicia, nos consta la escasez de medios a la que en muchas ocasiones se enfrenta y entendemos el difícil trabajo de los magistrados que tienen que discernir en problemas administrativos a veces enrevesados y complejos en los que la ausencia de la responsabilidad institucional de las administraciones (enfrentadas en una política de exterminio absolutamente irresponsable) no ayuda a clarificar las cosas.

Sólo digo que vamos por mal camino. Y que, en ocasiones, casos como el que hemos vivido ejemplifican muy bien cómo los socialistas utilizan perfectamente el embudo para aplicarse ellos la parte ancha y aplicarle al resto del mundo la más estrecha. Lo que hubiera ocurrido sin duda en el caso de los dos autos en el caso de que el error lo hubiera cometido Coalición Canaria. No fue así. Han sido ellos los que han metido la pata. Y, para nosotros, que entendemos la vida pública como un ejercicio de responsabilidad y de sensatez, no va más allá de eso. ¡Qué triste que eso, que lo normal sea hoy una excepción!

de Canarias