ES INEVITABLE la sospecha de que, de no haber sido por la inadvertencia de haber "colgado" en Internet la Encuesta de Población Activa unos días antes de su divulgación oficial, habríamos tenido que soportar un mes más los juegos malabares con los decimales para que formalmente no pudiera decirse que los parados en España ya superan el 20 por ciento de la población activa. De nada sirvió retirar el dato de la Red a toda prisa: un redactor de ABC estaba mirando y lo captó.

Así andamos, como niños tontos, jugando al escondite de la propaganda barata mientras, como suele decirse, caen chuzos de punta sobre la economía española. Por citar el último dato, la agencia de calificación de solvencia de los países ha rebajado esta semana la nota española, que de "AA+" ha pasado a "AA", lo que significa que la deuda que el Reino de España pretenda colocar en los mercados para obtener un dinero que ha despilfarrado tendrá que satisfacerla con una retribución superior. En román paladino, que nos va a salir a los contribuyentes españoles más cara la irresponsabilidad de nuestros gobernantes cuando tengamos que devolver el dinero que nos han prestado.

Paro, déficit, endeudamiento, perspectivas de que la situación no empezará a arreglarse hasta dentro de varios años. Este es el panorama. Frente a esto, los responsables de gobernar siguen con su doble línea de conducta: la obstinación en no moverse ni un milímetro de sus obsesiones ideológicas de volver a la sociedad boca abajo (aborto, corrupción de menores, la amenaza de la nueva ley de restricción de la libertad religiosa…), y en lo demás funcionar con mera propaganda. Concretamente, el último Consejo de Ministros nos ofreció a bombo y platillos una contención del gasto público en forma de supresión de algunas Direcciones Generales y una Secretaría de Estado. ¡Aleluya! La vicepresidente del Gobierno no quería cifrar esta decisión, pero no tuvo más remedio ante la insistencia de los periodistas, incluso los amigos: unos 16 millones de euros al año. ¿Aleluya? Juzgue el lector: el agujero que hay que tapar es de más de 1.200 millones. Esto es lo que hay.

Garzón, Bono, Senado

Mientras tanto, la atención pública se fija en otros hechos, como los intentos de los partidos separatistas catalanes de impedir que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el Estatuto recurrido siete veces: por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas (Murcia, la Rioja, Aragón, Valencia y Baleares). Lo penúltimo es pedir que el TC ¡se declare incompetente! Este asunto se está pudriendo de la peor manera posible, porque la grave irresponsabilidad de la presidente del Tribunal arrastra consigo el descrédito de toda la institución.

Otro foco de atención es la resistencia numantina del todavía juez Baltasar Garzón a ser procesado por prevaricación, usando todas las martingalas procesales posibles; lo de esta semana ha sido la recusación del instructor de su proceso llamado de las fosas del franquismo, el magistrado Luciano Varela. Mientras se tramita esta recusación, temporalmente se hará cargo de la instrucción el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez. Sea lo que fuere de este incidente, y aun en el supuesto de que este procedimiento se resolviera sin procesar a Garzón, quedan aún otras dos querellas admitidas a trámite y en fase de instrucción: una, la relativa a no haberse inhibido y haber archivado un procedimiento contra el presidente del Banco de Santander, que le había financiado una estancia en Estados Unidos a petición del propio Garzón; la otra, concerniente a las escuchas ilegales de conversaciones entre abogado y cliente que Garzón ordenó en la instrucción del "caso Gürtel".

A propósito de Garzón, el aún juez de la Audiencia Nacional no para. Esta semana ha puesto en libertad a Rafael Díaz Usabiaga, líder del sindicato batasuno LAB, procesado por pertenencia a la ETA. El pretexto para sacarlo de la cárcel, según se ha dicho, era que se tenía que hacer cargo de su madre "anciana y enferma" en virtud de la Ley de Dependencia; pero aparte de que Díaz Usabiaga tiene dos hermanas que podrían haber cumplido esta misión, resulta que se ha sabido a continuación que no existe ningún certificado de dependencia referido a esta señora. Esto se llama contumacia, sí, señor.

Pero no acaba aquí el repertorio de vergüenzas de nuestra vida pública: las revelaciones del diario La Gaceta sobre el sorprendente aumento del patrimonio de José Bono, hoy presidente de las Cortes Generales, durante su largo período como presidente de Castilla-La Mancha, y la reacción de éste de volverse contra el periódico, contradecirse en varias apariciones públicas y negarse a dar explicaciones sencillas a la opinión pública, se han complementado estos días con la revelación de favores recibidos por Bono de una constructora que contrató repetidamente con la Junta de Castilla-La Mancha; concretamente, la constructora se hizo cargo de los gastos de reforma de varias casas del entonces presidente castellano-manchego. Pues bien, esta semana el Partido Popular ha dirigido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que investigue todo esto, y en su caso lo remita al fiscal Anticorrupción.

Y para acabar de adornar este fétido pastel, a modo de guinda el Senado aprobó el miércoles que sus señorías puedan dirigirse a la Cámara en cualquiera de las lenguas aceptadas como cooficiales en las distintas Comunidades Autónomas. Esta tontería, que un senador vallisoletano calificó de esperpento, los socialistas la cifran en un coste de 20.000 euros, pero el Partido Popular calcula que va a costar más de un millón. Por lo visto, como nadamos en la abundancia y los senadores no son capaces de entenderse en ninguna lengua común que todos conozcan, alguien pretende luchar contra el paro dando empleo a una batería de intérpretes que, naturalmente, pasarán a engrosar la nómina de funcionarios, que se conoce que todavía es muy modesta; total, tres millones de funcionarios de nada, el 6,6 por ciento de la población total española. Estas cosas ocurren cuando las autonomías se conciben como pequeños "Estaditos" que no hacen más que el ridículo. Pero nada de esto sería posible si el noble pueblo español estableciera alguna relación entre lo que pasa y el sentido de su voto. Tenemos, pues, lo que nos merecemos.