SI EN SU TANTAS veces anunciada sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, respaldado por una minoría de catalanes y aprobado en las Cortes Generales con una muy justa mayoría nacional-socialista, el Tribunal Constitucional no ampara la integridad y el respeto a la nación española ni a alguno de los símbolos que la definen, se habrá producido, Pepe Ignacio, un "golpe constituyente", ya que se habrán socavado los dos pilares fundamentales que sostienen y definen nuestra nación, como son su unidad y el uso y respeto a su lengua común.

Al consagrar la bilateralidad entre lo que queda del Estado español y una parte del territorio, y al extender ese modelo de relación a otras autonomías, como Valencia, Andalucía y Galicia, más las especiales relaciones existentes en las dos regiones forales -el País Vasco y Navarra-, se están poniendo las bases de la desintegración del concepto de Estado nacional. De eso que ZP denominó concepto "discutido y discutible", para sustituirlo por un Estado de composición y de geometría variable. Supuestamente plural. Que no sólo ha profundizado las seculares diferencias económico-sociales entre regiones, al tener cada uno de sus residentes deberes y derechos desiguales, sino que consolida y fosiliza la también injusta y secular distribución de la riqueza, con las matizaciones locales del progreso alcanzado durante la segunda mitad del pasado siglo XX. Desigualdad que se agrava con la incumplida deuda histórica con Canarias, cuando por otro lado se sacan de la manga "supuestas deudas históricas" para compensar a las regiones gobernadas por el actual partido del Gobierno, en detrimento incluso de algunas de las regiones que, como Extremadura y Andalucía, no han dejado de ser gobernadas por este remedo de la socialdemocracia, desde el inicio del sistema supuestamente democrático que nos desgobierna.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el reformado Estatuto de Cataluña, si sale como anuncian los voceros del "régimen", no sólo consagrará la desigualdad de derechos y deberes de los españoles, según el lugar de su residencia, sino que al no respetarse los artículos de la Constitución que garantizan la unidad nacional y asignan mandatos para su defensa, no sólo al Gobierno del Estado, sino a otras instituciones, como a las Fuerzas Armadas, encargadas de "defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional", se habrá socavado todo el sistema de la Constitución de 1978 con interpretaciones basadas en la conveniencia de los poderes políticos de turno. Afectando así decisivamente a los fundamentos del pacto y el consenso de 1978, sin haber utilizado los precisos mecanismos que la propia Constitución establece para su reforma, en la que, aparte del papel que asigna a los partidos parlamentarios, que deberían lograr los tres quintos de las cámaras en su propuesta de reforma constitucional, deberían después someterla a referéndum nacional.

Si tras esta Semana de Pasión, y después de cuatro años, el TC realiza una interpretación de los excesos constitucionales del Estatuto catalán y sus remedos en otras regiones, que se saltan esos mandatos de los procedimientos establecidos para reformar la propia Constitución y la distribución de competencias, se habrán socavado también las reglas que modulan la actuación de otros poderes arbitrales y abierto la fragmentación del Estado. Se fosilizará la composición del Gobierno central, estableciéndose un régimen de Estado de geografía variable que, aunque en teoría respete la libertad de expresión en las cámaras, tratará, como ahora, de silenciarlas en la opinión pública o modularla a ésta, a través del "control férreo" de los medios de comunicación y de las instituciones intermedias que viven del presupuesto público.

Imagínate, Pepe Ignacio, que en, nada más y nada menos, tres años y siete meses, el Parlamento de Cataluña, "adelantándose" al fallo del TC, ha aprobado 39 leyes que desarrollan el texto, además de una quincena de proyectos de ley que se encuentran en fase de tramitación parlamentaria, inclusive la polémica ley de veguerías, que aboga por cambiar las cuatro provincias catalanas a siete veguerías.

Es el nuevo asalto al poder de los nacional-socialismos fracasados en el pasado siglo, que produjeron cientos de millones de muertos y retrocesos en el reconocimiento de los derechos humanos, aumentando el hambre y la miseria como ningún otro sistema político lo había conseguido en el pasado. El capitalismo habrá fracasado en su sistema de regulación de los controles por el Estado de su avaricia y no habrá impedido la globalización especulativa, pero qué duda cabe de que el capitalismo liberal ha producido un mayor reparto de la riqueza y del acceso a los bienes básicos de una mayor parte de la población mundial. Pero también ha fracasado, como el nacional-socialismo, en impedir la alienación del consumismo y que ese reparto de bienes básicos que aseguran al hombre vivir con dignidad se equilibrara y se extendiera de una manera justa, de modo que impidiese que cada día haya un mayor número de pobres, frente a un cada vez más concentrado y reducido número de ricos.

Y lo que es peor, el auge y caída de los sistemas nacional-socialistas no sólo ha masacrado a media humanidad, sino que le ha privado de la libertad necesaria para desarrollarse en paz, y amenaza ahora con aliarse con los nuevos fundamentalismos islámicos para someternos al chantaje del terror, del que no se libran, como hemos visto estos días, las viejas naciones que más han sufrido las consecuencias de los regímenes socialistas y marxista-leninistas. El apoyo y la componenda con el terrorismo, sea de ETA, de las FARC o la sharía islámica, al socaire de una mal entendida alianza de civilizaciones, está debilitando más a España y a los pueblos que se pliegan al chantaje del terror.

Los buenos y preparados socialistas, que haberlos haylos, y muchos, a ZP deberían recomendarle pensárselo dos veces antes de someter a este viejo país al doble yugo del nacional-socialismo y del islamismo. Convirtiéndonos en campo de pruebas de una tercera confrontación planetaria, a la que puede conducirnos el fundamentalismo islámico -que no trae más derechos y reparto de riqueza a las famélicas legiones del mundo, sino más dominación y menos respeto a los derechos humanos-, utilizando el terrorismo suicida que, mezclado con el nacionalista e independentista e identitario existente en España como forma de negocio desde hace más de un siglo, se convierte en un chantaje permanente. Ahí están los derechos históricos de los territorios forales, amparados por la Disposición Adicional Primera. Todo ello nos puede conducir -de hecho ya lo sufrimos- al clima de falta de convivencia y de confrontación guerra-civilista de los años treinta del pasado siglo. Y ya sabemos cómo acabó aquello. La memoria histórica no es repetir los errores del pasado, sino superarlos. Ese fue el espíritu y el logro de la transición política que ahora se trata de tirar por el sumidero de la Historia. Pero ya se sabe que los que no aprenden de su historia pasada están condenados a repetirla.

Y mira, Pepe Ignacio, que tenemos tareas más importantes por delante. Parece evidente que lo acontecido en Grecia, al borde de la quiebra, ha sensibilizado a toda España, con esa llamada de atención al Gobierno por la UE de la importancia que tiene controlar el déficit público para que no sigamos siendo, como ha reconocido incluso Felipe González, los últimos de la clase.