ES UN DEBER de la oposición en cualquier país democrático fiscalizar lo que hace el Gobierno, ya sea el Gobierno del Estado, el de la Comunidad autónoma, de un ayuntamiento y, en el caso de Canarias, también de los cabildos. Sin embargo, con mucha frecuencia en los últimos tiempos la oposición, sobre todo cuando es ejercida por los socialistas, se extralimita en esa función de control y cae no sólo en una manía persecutoria -que sería un asunto del que deberían ocuparse los psicólogos o, mejor dicho, los psiquiatras-, sino en algo peor: el establecimiento de un estado de terror como no se conocía desde los tiempos de Robespierre. La denuncia fácil y por cualquier motivo está a la orden del día. A tanto han llegado algunos socialistas, que nadie, incluidas las personas honradas, están a salvo de su furia justiciera, casi siempre injustificada.
Un perfecto ejemplo de cuanto decimos lo tenemos en la última acusación contra algunos concejales del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz. Al paso que vamos, ningún edil podrá entrar a una tienda a comprarse unos simples calcetines, ni ninguna edila un par de zapatos, sin tener que justificar por adelantado de dónde ha sacado el dinero para ello. Y que nadie nos entienda mal. Jamás estaremos a favor de que se encubran los casos de corrupción. Al contrario: nuestros lectores son testigos de la infinidad de veces que hemos proclamado desde estas páginas la necesidad imperiosa, mediante el advenimiento de la ya inaplazable independencia de Canarias, de una nueva política protagonizada por nuevos políticos; es decir, por personas, hombres y mujeres, con la mente y las manos limpias, elegidas mediante listas abiertas. El sistema actual no nos vale porque, además de mantenernos como una vergonzosa colonia española, permite que se cuele mucha morralla en la vida pública.
Sin embargo, una cosa es luchar por la limpieza en las instituciones democráticas, y otra muy distinta crear ese clima de persecución constante que hemos citado. Así no se puede vivir. En muchos aspectos tenemos ahora menos libertad que cuando el general imponía su dictadura. Y lo manifestamos con conocimiento de causa, porque en esta Casa fuimos víctimas de algunos sonoros atropellos del franquismo. Que nadie se equivoque, volvemos a decir.
Detestamos este tipo de socialismo inquisitorial que se ha instaurado en España y también en Canarias, pues desgraciadamente -aunque no por mucho tiempo- estas Islas siguen siendo una colonia. Nada tenemos contra el socialismo humanista, cuyas principales figuras canarias hemos citado en numerosas ocasiones, por cierto con un lapsus que hoy queremos corregir: a esa lista de socialistas destacados añadimos el nombre del doctor José Vicente González Bethencourt.
No nos gustan, en cambio, los Pérez; ni el de aquí, ni el de allá. El de aquí porque redacta minutas para esos perseguidores de personas honradas; el de allá porque supone, como diría Aznar -político que tampoco ha sido de nuestra devoción, aunque le reconocemos que situó a España en unas cotas de protagonismo internacional muy superiores a las actuales-, más de lo mismo. Los partidos políticos siguen teniendo su sede regional y sus mandos canarios en Las Palmas, con lo cual es lógico suponer que gobiernan sólo para la tercera isla en detrimento de las otras seis. Y no es sólo una suposición, sino una realidad que se puede constatar día a día. ¿Se puede seguir viviendo así?, volvemos a preguntarnos. Es evidente que no.
Por eso necesitamos nuestra independencia. Por eso y por muchas razones que hemos expuesto en nuestros comentarios y editoriales. En consecuencia, no tenemos palabras para calificar lo mucho que nos ha asombrado leer unas declaraciones de Adán Martín, ex presidente del Gobierno de Canarias, sobre la independencia de estas Islas. "Con la independencia estaríamos igual que Cabo Verde", dice el señor Martín. Por supuesto que sí, don Adán. Con independencia viviríamos con la misma dignidad de los caboverdianos, aunque de eso hablaremos extensamente en nuestro editorial de mañana martes.