Después del estallido en Barcelona del llamado "caso Palau", en el que ha resultado procesado por apropiarse de decenas de millones de euros Félix Millet, ciudadano tenido hasta ahora por un prócer perteneciente a lo más granado de la sociedad catalana, esta semana hemos visto cómo el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, el ex consejero nacionalista de la Generalidad de Cataluña Macià Alavedra y el ex secretario general de la Presidencia de la generalidad durante la presidencia de Pujol, Lluís Prenafeta, personajes que durante años han aparecido en los medios rodeados del aura de la autoridad, protagonizaban en las televisiones -y en la cada vez más poderosa e influyente Internet- escenas de ingreso en la cárcel, esposados. El impacto en los medios políticos ha sido grande, porque la prisión preventiva se ha producido como consecuencia de la investigación de otra gran trama de corrupción municipal, el llamado "caso Pretoria", en el que esos personajes aparecen implicados, lo que sugiere con vehemencia no sólo una grave colusión de intereses políticos y económicos, sino que casos parecidos pueden multiplicarse ad nauseam por todo el territorio español.
Toda corrupción en la vida pública es económica, pero hay casos y casos: en ocasiones se trata de lograr un objetivo político usando delictivamente medios económicos; pero en otros casos ocurre al revés: es el afán de enriquecimiento el que utiliza a los políticos como medio para este fin. Parece que los detenidos e ingresados en prisión como resultado de la investigación del "caso Pretoria" es de este último tipo, lo que produce instintivamente más irritación en el ciudadano contribuyente, que experimenta con más crudeza la sensación de haber sido robado por unos sinvergüenzas que ni siquiera pueden refugiarse en la excusa de la "razón de Estado", que, como se sabe, es la que se esgrime precisamente cuando el Estado no tiene razón.
Liderazgo
Pero estos casos no han sido los únicos. Junto a ellos ha habido otros estallidos políticos: además del "caso Gürtel", la vieja pugna en el seno del Partido Popular entre el alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y la presidente de esa comunidad autónoma, Esperanza Aguirre, se ha vuelto a poner de manifiesto, esta vez con ocasión de la renovación de los órganos de gobierno ejecutivo de Caja Madrid. A la dirección del PP ha llegado un pleito en forma de denuncia contra el vicealcalde madrileño Manuel Cobo por unas declaraciones explosivas y notoriamente injuriosas contra la presidente de la Comunidad, y Rajoy parece renuente a tomar decisiones drásticas, lo que invita a pensar que se decanta más bien por Gallardón que por Aguirre.
El asunto viene de lejos, al menos desde que Aguirre se enfrentó con Rajoy al oponerse a que Gallardón figurase como candidato a diputado en 2008; al fondo de esta pugna estaba una lucha sin cuartel por estar lo mejor colocados para una eventual crisis de liderazgo si Rajoy perdía escandalosamente. El lector se puede imaginar la gracia que a Rajoy tuvieron que hacerle estos movimientos para conseguir la mejor parte de los restos de un posible naufragio, que finalmente no se produjo; pero los temores han aflorado de nuevo ante la aparente cachaza con que Rajoy se enfrenta a esos escándalos de dinero.
Y por si esto fuera poco para desgracia del PP, en relación con la llamada "trama Gürtel" de presunta corrupción en Madrid y, sobre todo, en la Comunidad valenciana, la dirección del Partido Popular decidió defenderse manteniendo en todo lo posible la confianza en sus dirigentes autonómicos valencianos, ninguno de los cuales ha sido imputado hasta ahora; pero llegó un momento en que, por lo que parece, alguien decidió que no había más remedio que sacrificar un alfil para salvar a la dama, por usar la conocida metáfora ajedrecística, así que se "invitó" al secretario general regional del partido Ricardo Costa a dimitir de su cargo, así como del de portavoz popular en el Parlamento autonómico, hasta que se aclaren las cosas, se levante del todo el secreto del sumario y pueda organizarse una defensa con todos los elementos de juicio. Pero la víctima propiciatoria resultó respondona, y se ha originado una situación surrealista, en la que la dirección del PP informó del cese, mientras el acta de la reunión del partido refleja que no cesó nadie, y luego parece decidida a suspender de militancia a Costa.
Desmoronamiento
El mensaje de todo esto es de desmoronamiento de la vida política normal, y además por la peor causa posible, que es la corrupción, que aparece con tintes de una generalización insoportable, porque hay más todavía, ya que ahí está el llamado "caso Faisán", relativo al chivatazo de unos policías a los terroristas de la ETA para que no entrasen en España porque había una operación contra ellos en marcha. El escándalo político de este asunto puede tener menos eco mediático, pero es de naturaleza tanto o más grave que los casos de corrupción. El Estado de Derecho ha sido agredido precisamente por los que tienen la obligación de hacer cumplir la ley.
Más de un observador se ha preguntado si en toda esta ensalada terrible tiene algo que ver el juez Baltasar Garzón, que destapó el "caso Gürtel" (aunque luego, al aparecer como posibles imputados personas aforadas, ha tenido que dejarlo), que dirigió la investigación del "caso Palau" durante años, y que aparece como el perejil de todas estas salsas malolientes. Porque resulta que Garzón, a su vez, está imputado también por posible prevaricación en el no menos surrealista caso de la "memoria histórica" contra el franquismo, Franco incluido. La pregunta es si este juez ha decidido morir matando, como se suele decir, y está administrando los escándalos en su propio beneficio. El ingenio hispano ya empieza a bautizarlo como "Baltasar Sansón", el que murió sepultado bajo las ruinas del templo filisteo que él mismo destruyó. Sea lo que fuere, esta semana no ha sido, desde luego, de las mejores de nuestra vida pública.