EN LO QUE LLEVAMOS de año se han denunciado 2.400 agresiones a profesores. Este vergonzoso dato demuestra que no estamos hablando de hechos aislados, sino habituales. Por este motivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la presentación de una Ley de Autoridad del Profesor, mediante la cual se otorgará al profesorado, en el ejercicio de su cometido profesional, la categoría de "agente de la autoridad". Propuesta que goza del respaldo expreso de la mayoría de los sindicatos, convencidos de que el reconocimiento de la autoridad ha sido siempre una de las principales reivindicaciones de los docentes por ser un componente básico de la relación educativa que proviene de la responsabilidad que ellos tienen sobre sus alumnos.

Con la prevista ley, la presidenta Aguirre pretende que los profesores estén revestidos de la misma autoridad y condición que los agentes de orden público, incluida la presunción de certeza, de tal manera que cuando un docente sufra una agresión física o verbal de algún alumno o de sus padres la Fiscalía actúe de oficio ante el juez.

Como era de esperar, esta medida tiene soliviantados a los responsables de Educación del gobierno socialista. Da la impresión de que están en contra de que el profesorado pueda ejercer la autoridad que representan con el sustento legal oportuno y que ahora no tiene.

En el informe que el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, presentó en el Congreso de los Diputados sobre las actividades de su institución en 2008, dijo que "el tuteo a los profesores es la introducción a una falta de respeto", y exigió que se imponga "disciplina y autoridad" en las aulas en el sistema educativo español. Criterio que, como no podía ser menos, no comparte el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, al afirmar que el reconocimiento y el respeto a la autoridad moral del profesor no se resuelven, sin más, eliminando el tuteo en las aulas. Pues, tal vez, este aspecto formal no sea suficiente por sí mismo, pero establece de base una relación profesor-alumno y viceversa basada en el respeto.

Llegados a este punto, cabría preguntarse: ¿por qué se producen los actos de violencia contra el profesor por parte de los alumnos y sus padres?

Veamos. Los docentes siempre han estado investidos de una autoridad moral que les ha granjeado el respeto de sus alumnos. Las sucesivas reformas educativas que se han ido implantando han derivado en dos problemas: se ha equiparado cada vez más al profesor con el alumno, de igual a igual, y esto es un grave error. Al mismo tiempo se ha quitado esa autoridad del profesorado para derivarla a los Consejos Escolares de los centros. ¿Resultado? La incompetencia de los docentes para poner orden y disciplina en sus aulas cada vez que surge un caso de indisciplina.

En efecto. La decadente historia de la educación española se remonta a la época en que el Partido Socialista accedió al poder y su largo período de gobierno. No tuvo bastante con dinamitar hasta los cimientos el sistema educativo español y cargarse el futuro de varias generaciones de españoles. Ahora, esta izquierda revanchista está tan satisfecha de su obra educativa que ni siquiera admite que otros puedan poner un simple parche para aliviar el destrozo cometido en la juventud española desde que sus ministros de Educación, como Rubalcaba y Maravall, y el nefasto Marchesi, responsable de las infaustas reformas educativas socialistas de los últimos 25 años, consiguieron que la educación sea lo que ahora tenemos: fracaso y más fracaso en todos los órdenes.

Así es. Todos los expertos en la educación indican que los docentes, sobre todo en los niveles de Primaria y Secundaria, dedican más de un tercio del tiempo lectivo a mandar callar a los alumnos. Las comisiones de escolarización revelan datos enormemente preocupantes de agresiones a profesores, actos graves de indisciplina, etc. Y ante estos hechos el profesorado nada puede hacer, sino darse de baja por depresión.

El reforzamiento de la autoridad del profesorado debe ampararse en una ley general de educación, y no a través de cada comunidad autónoma. Como dijo el Rey en la inauguración del presente curso escolar, hay que llegar a un pacto por la educación. Un pacto nacional de todos los partidos políticos, pues de lo contrario nada se podrá conseguir sino establecer desigualdades y agravios comparativos entre las distintas comunidades autónomas.