HACE MUCHO tiempo que insistimos, tanto en nuestros editoriales como en los comentarios publicados en estas páginas, que Paulino Rivero es la persona más decente, políticamente hablando, que tiene actualmente la amada y sojuzgada tierra canaria. El presidente del Gobierno autónomo es un hombre serio, cabal, reservado y trabajador, que sabe adaptarse a las circunstancias de la política -unas circunstancias no siempre fáciles, pues el godo es tenaz y no quiere soltar la finca que lleva seis siglos usurpando y explotando- para esperar el momento oportuno de hacer los planteamientos ineludibles. Es decir, los que acaben con nuestra ignominiosa condición colonial.

Una prueba de la buena gestión que está realizando Paulino Rivero la tenemos en la decisión adoptada ayer por el Gobierno que preside respecto al espinoso asunto de Tebeto; de forma concreta, nos referimos a una indemnización multimillonaria -nada menos que 101 millones de euros en la actualidad- que, según una sentencia judicial, ha de pagarle la Hacienda canaria a un empresario por los supuestos daños que se le han causado con la explotación de una cantera. Es importante decir desde este momento que de lo ocurrido en este asunto no tiene la culpa el actual presidente y su equipo, pues el caso comenzó mucho antes. Una verdad que no han tenido en cuenta los detractores de Paulino Rivero, pues han utilizado Tebeto para desgastar, descarada y despiadadamente, su figura política. Por fortuna, y como era de esperar, no lo han conseguido.

Pese a que existen pronunciamientos claros de los tribunales sobre la cuantiosa indemnización que debe recibir tal empresario, el Consejo de Gobierno adoptó ayer la decisión de no pagar ni un céntimo de dicha cantidad. En cualquier caso, los informes técnicos que maneja el Ejecutivo canario hablan de que el valor de la cantera no superaría jamás el millón y medio de euros. Una cifra muy alejada de esos 101 millones ya citados.

Respetamos y acatamos las sentencias judiciales, ante todo porque creemos en el recto proceder y en la independencia de la Justicia. Sin embargo, nos parece oportuno que el Gobierno de Paulino Rivero quiera evitar que se dilapide el dinero público. Sin duda serán los tribunales quienes tengan la última palabra, pero cien millones de euros es mucho dinero. Con esa cantidad se pueden mejorar los transportes, la asistencia sanitaria, la educación, las carreteras y, sobre todo, ayudar a las familias que pasan hambre por culpa de una crisis de la que otro Gobierno, concretamente el Gobierno español de Zapatero, es incapaz de sacarnos. En definitiva, Paulino Rivero está haciendo por esta tierra, que es la suya, lo que no hacen otros, entre ellos los socialistas con ramalazos de bolcheviques que sólo vienen a despotricar durante los fines de semana, y que inundan los juzgados con denuncias contra personas honradas.

Es evidente que a la izquierda socialista no le caen bien los políticos honestos como el presidente de Canarias. Un hombre llamado, en su momento, a capitanear el proceso hacia nuestra independencia, convenientemente arropado por los patriotas que tantas veces hemos citado y no por los nacionalistas teóricos, los tibios y los que se han españolizado y ahora se declaran amantes de la españolidad de esta tierra colonizada. Y como no les cae bien, urden falsedades e intrigas en su contra como lo han hecho con el llamado "caso Arona". Un simple comentario sobre un asunto familiar, sacado de contexto y magnificado malintencionadamente por sus enemigos. Qué asco. Independencia, ¿dónde estás?