CUESTA creer en las palabras optimistas de quienes nos gobiernan cuando uno lee que el número de desempleados ha aumentado en 84.985 personas durante el mes de agosto, que la Seguridad Social perdió 142.244 afiliados en ese mismo mes y que, como consecuencia lógica de todo lo anterior, el gasto en prestaciones por desempleo ascendió a 2.579 millones de euros en julio, lo que supone un incremento del 53,7 por ciento -casi nada- respecto al mismo mes de 2008. Cuesta creer no sólo en las palabras de Zapatero y sus ministros, sino también en las del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, José Manuel Soria, cuando vaticina que las Islas saldrán de la crisis a finales de 2010. Ojalá, aunque lo dudo. Lo dudo porque hay una enorme desconfianza en la población. Lo explicaba ayer en su artículo diario Francisco Pomares -periodista nada sospechoso de ser agresivo contra el PSOE- al señalar que el miedo a gastar está reduciendo el consumo a sus mínimos desde no se recuerda cuando. Hubiera hecho bien Pomares, ahora que por fin empieza a darse cuenta de que no sólo el Gobierno de Canarias -aunque también- es el responsable de la crisis, en dar otro paso al frente y pedir sin ambages la dimisión de Zapatero y la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

España es un país futbolero por naturaleza. Lo suficientemente aficionado al balompié para que todo el mundo sepa que cuando un equipo no funciona hay que cambiar de entrenador. Muchas veces habría que cambiar de jugadores, pero eso es más complicado; sobre todo cuando quienes están sobre el césped son los 45 millones de habitantes que tiene este país. Ni siquiera estoy pensando en un cambio de partido en el Gobierno -el PP que Rajoy ha urdido en torno a él para que nadie le haga sombra es harto penoso-, pero sí de presidente y de ministros. En el PSOE hay cabezas suficientemente lúcidas para capear la hecatombe hasta que lleguen tiempos mejores. Cabezas que no son las de Zapatero, José Blanco, Fernández de la Vega, Salgado y otras, sin olvidar a su, de momento, delegado en Canarias: el inefable López Aguilar con su adlátere Santiago Pérez, maestros ambos, al igual que sus poderdantes de Madrid, del griterío mitinesco, pero incapaces de concretar una solución, por trivial o paliativa que sea, a un desastre que empeora por momentos.

A mucha gente no le gusta que escriba estas cosas. Son personas, conviene precisarlo, que suelen tener el sueldo asegurado mediante un empleo público -la única forma actualmente en España de tener unos ingresos seguros-, a las que en realidad les importa poco quien gobierne; su situación personal no cambiará porque el inquilino de la Moncloa se apellide Zapatero o Rajoy. No es el mismo caso, empero, de miles de empresarios grandes, medianos y pequeños; de miles y miles de trabajadores autónomos ahogados por la morosidad pública y privada -sobre todo la pública-, que cada mañana deben echarse a la calle a pecho descubierto para encontrar unos recursos, acaso los postreros, que les permitan mantener abierto su negocio un día más, una semana más, un mes más... Ningún país se merece esto. ¿A qué esperan todos ellos para echarse a la calle y forzar, pacíficamente pero sin concesiones, tanto la caída del Gobierno, como la del acomodaticio líder de la oposición?