TANTO el PSOE como el PP, partidos estatales cuyo objetivo principal consiste en perpetuar la condición colonial de Canarias, han votado contra la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias de Canarias, conocida como Lotraca. No vamos a decir que se trata de un desprecio -uno más- a este Archipiélago porque eso es evidente, como también lo es que de nuevo CC se ha comportado como un partido paraestatal. Casi diríamos que cómplice del PP y el PSOE. Tan sólo nos preguntamos dónde están las influyentes voces en Madrid de Ana Oramas y José Luis Perestelo, ya que del "otro" no merece la pena ni hablar. ¿Dónde está también la influencia del eminente señor José Miguel González, así como de don Santiago Pérez -experto en denuncias varias- que ha estado haciendo gestiones, eso parece, con López Aguilar para que esta ley por lo menos se discutiera en las Cortes? Ven ustedes, estimados lectores, tinerfeños y canarios en general, como EL DÍA tiene toda la razón del mundo cuando dice que en Madrid no nos hacen caso porque somos indígenas que vivimos muy lejos; nada menos que a 2.000 kilómetros de la capital de la nación que nos coloniza. ¿Somos o no somos una colonia?

Si fuésemos un país independiente, que es lo que nos corresponde ser, no estaríamos a expensas de lo que nos concedan o nos nieguen en la capital del Reino. Una vez más ha quedado claro que Madrid puede ofendernos fácil e impunemente cada vez que le plazca. Y puede hacerlo porque somos una colonia; entérense bien, doña Ana, don Perestelo y don el otro.

A quienes todavía piensan que el Estatuto de Canarias sirve para algo, a los que aún creen que responde a las realidades y necesidades de las Islas, les advertimos que si ese texto legal volviese a tratarse en el Parlamento autonómico, causaría no sólo risas entre la gente sino quizá también revueltas callejeras, porque el pueblo está demasiado esquilmado para permitir que los políticos sigan metiéndole la mano en el bolsillo. ¿Quiénes, aparte de los sufridos ciudadanos, pagan con el sudor de su frente las dietas, comisiones y actualizados sueldos que cobran sus señorías? ¿No comprenden que el pueblo está harto de todo esto y también del "gran"? Porque esa es otra: el Estatuto que se quiere perpetuar también denigra a Tenerife por tres motivos que hemos repetido en múltiples ocasiones, aunque seguimos haciéndolo hasta que algún político tinerfeño tenga al menos la vergüenza del torero -cierto que algunos toreros tienen más miedo que vergüenza- y salte a la arena para defender a su isla frente a la serpiente -que no toro- canariona. El Estatuto establece un inusual orden alfabético que relega a Tenerife al último lugar en la enumeración de las Islas, iguala su tamaño en el escudo oficial y, la más grande de las tres infamias, antepone el ficticio e inmerecido "gran" al nombre de Canaria.

Mientras sus señorías regionales siguen jugando a reformar un Estatuto inservible y permitiendo que las ningunee el godo, Marruecos acecha. Lo dijimos en nuestro editorial del martes y lo repetimos hoy: "El único Estatuto que se nos impondrá a la fuerza, si antes no somos una nación independiente y soberana, será el que pacten para los canarios los gobiernos de España y Marruecos para la entrega del Archipiélago como provincia especial del Reino alauí. Al tiempo".